El Ejecutivo del Presidente Javier Fernández reclama al tribunal que rechace el recurso presentado por el gabinete de Rajoy contra la decisión del juez que reconoce el derecho a percibir estas inversiones

El Consejero de Presidencia afirma que la negativa de la Administración del Estado a abonar estas cantidades certifica “un nuevo desprecio y una agresión más a los asturianos”

El Principado ha presentado otra reclamación judicial por los convenios de 2012 que suman una cuantía de 53,3 millones, entre ellos el soterramiento ferroviario de Langreo

El Gobierno de Asturias ha formalizado ante la Audiencia Nacional la respuesta al recurso de apelación presentado por el Ejecutivo central contra la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, que reconoce el derecho de la comunidad autónoma a percibir los más de 213 millones de euros en inversiones previstas en los convenios de 2011 de los fondos estatales para la reactivación de las comarcas mineras. La respuesta del Principado demanda que se desestime la apelación de la Administración General del Estado, por “sedicente incongruencia”, y que se haga cumplir de forma provisional la sentencia, dado que se trata de importantes recursos económicos para los asturianos, más en un momento de crisis y severos recortes presupuestarios que el Ejecutivo del señor Rajoy lleva aplicando a Asturias en los dos últimos años.

El viernes último, la representación jurídica del Gobierno de Asturias presentó ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional escrito de oposición a la demanda planteada el pasado día 29 de noviembre por la Administración del Estado contra la sentencia que reconocía el derecho de Asturias a percibir las inversiones comprometidas y aprobadas hasta 2011. En el escrito se rechaza la única argumentación invocada ahora por la Abogacía del Estado, que es la inexistencia de actividad administrativa. Tal supuesta inactividad queda desmentida por los hechos, dado que el Gobierno asturiano demandó el 29 de febrero de 2012 al Ministerio de Industria “ejecutar el pago de las obligaciones económicas y el cumplimiento del resto de obligaciones debidas por la Administración General del Estado (…) a resultas de los convenios de colaboración válidamente celebrados y firmados” de los fondos mineros de 2011.

Esta reclamación oficial no obtuvo respuesta alguna del Ejecutivo central y, por tanto, se planteó el 14 de junio del año pasado una reclamación ante el Juzgado Central número 4 de lo contencioso-administrativo, que dio posteriormente la razón a Asturias. Por tanto, está plenamente acreditado que el Principado fue plenamente activo en exigir el cumplimiento de los convenios de los fondos mineros y sus inversiones. También se destaca, en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, que este argumento, no invocado en el proceso judicial inicial, no tiene cabida ahora en el periodo de apelación.

Con esta petición realizada ante la Audiencia Nacional para que se ejecute la sentencia y se inicie los trámites para abonar los 213 millones de los fondos mineros de 2011, el Gobierno autonómico demuestra una vez más su firme defensa de los intereses de Asturias. “El incumplimiento de la sentencia y la presentación del recurso, es un nuevo desprecio y una agresión más a los asturianos y asturianas del Ejecutivo del señor Rajoy”, afirmó el consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez.

El 14 de junio de 2012, dos semanas después de tomar posesión, el Gobierno del Presidente Javier Fernández interpuso un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 para exigir 213.056.914 euros por las obras acogidas a los fondos mineros, correspondientes a convenios cuya vigencia finalizó en 2011 y en anteriores ejercicios. Este primer recurso fue resuelto por el juzgado el pasado mes de noviembre, que admitió los principales planteamientos del Ejecutivo asturiano, al estimar que la anulación del pago de los fondos mineros ya comprometidos “no responde a una imposibilidad económica sobrevenida”. La sentencia también establece que el Ejecutivo central debe atender los planteamientos  del Principado, para acreditar el grado de ejecución de los proyectos de los fondos mineros.

El Gobierno asturiano ha solicitado la ejecución provisional de la sentencia para que los convenios de los fondos mineros se abonen ya, dado que son inversiones y actuaciones que generan actividad económica y empleos y mejoran la dotación de infraestructuras de Asturias. “El Principado no cejará en reclamar los fondos mineros que por justicia le corresponden a Asturias”, precisó el Consejero de Presidencia.

No es la única reclamación. El pasado día 4, el Consejo de Gobierno del Principado acordó plantear un segundo recurso, en este caso ante el Juzgado Central número 11, por los 53.370.687 millones de los fondos de 2012.  Se trata de unos recursos económicos muy relevantes: el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo, una obra iniciada y que el Principado adelantó parte de su financiación, pese a que el 100% le corresponde al Gobierno central; el aparcamiento subterráneo de Oñón, en Mieres, o las piscinas de Bimenes, entre otros.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, en su primer consejo de ministros, hace ahora dos años, decidió suprimir el pago de las inversiones de los fondos mineros ya programadas, adjudicadas e, incluso, iniciadas. En muchos casos con el dinero adelantado por el Gobierno del Principado. Una injustificada decisión que ha puesto en peligro inversiones programadas en 2011 y 2012 por una cuantía global que supera los 266,4 millones de euros.