• Consumidores y empresas no pueden seguir pagando los errores de la política energética

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) exige que se clarifique  urgentemente y con la mayor transparencia y rapidez el resultado del informe sobre el análisis de la subasta. Además, que se publiquen los nombres de los participantes en la misma y las condiciones en que se llevó a cabo, ya que se están creando graves perjuicios de reputación y económicos a unas empresas que realizan una actividad vital para el país y que emplean alrededor de 180.000 personas.

Las compañías eléctricas manifiestan también su absoluto rechazo a las graves alusiones lanzadas por el Ministro de Industria, Jose Manuel Soria, a un medio de comunicación, en las que sugiere que ha habido un comportamiento irregular de dichas compañías en la reciente subasta de la CESUR.

Al afirmar que “ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios” y añadir seguidamente que “existe mucha preocupación en los cuarteles generales de las eléctricas”, parece querer sugerir que las empresas eléctricas han perturbado el normal funcionamiento de una subasta en la que ellas no suponen más allá del 10% de la oferta total, pues el grueso de las operaciones las realizan entidades financieras y “traders” extranjeros de energía.

Se trata de una acusación muy grave por parte de un administrador público. Por un lado, los supervisores de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) no detectaron “in situ” ninguna irregularidad en el desarrollo de la subasta y el informe en las primeras conclusiones publicadas en el BOE no alude, en absoluto, a una “manipulación burda de los precios” y sí, en cambio, a errores técnicos. Además, el propio Ministro admite que el informe que él mismo ha encargado a la CNMC no está aún concluido. Por otro lado, estas declaraciones suponen un claro menosprecio a la honorabilidad de los gestores y miles de empleados de las compañías eléctricas, al haberse realizado en un tono y con unos términos que sugieren que se podría haber incurrido en algún género de responsabilidad.

Como se ha dicho en repetidas ocasiones, las condiciones de la subasta las fija el regulador y las empresas eléctricas tienen un papel absolutamente marginal en el precio resultante de esa subasta y han declarado muchas veces que no son favorables a que un mecanismo financiero determine casi la mitad de la tarifa eléctrica.

Lo que realmente ha puesto de manifiesto esta subasta es el fracaso de la Reforma emprendida por el Ministro; una Reforma que, por no afrontar los auténticos problemas que generan el déficit tarifario y la evolución de los precios, está conduciendo al sistema eléctrico español a una situación insostenible, en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear los errores políticos de las Administraciones y no para cubrir los costes del suministro eléctrico.

La reforma carga los errores de la política energética sobre empresas eléctricas y consumidores que han hecho un esfuerzo multimillonario para financiar una Reforma que ha fracasado el mismo día en el que fue aprobada. Esto sí que es motivo de preocupación en las sedes de las empresas eléctricas.

Los problemas de la factura eléctrica se han producido hasta el día de hoy en la parte regulada del recibo y no en el precio de la energía fijado en la subasta. Dichos precios, incluso hoy en día y a pesar de las recientes subidas, están perfectamente en línea con nuestro entorno europeo. No está aquí la explicación del alto coste de la factura que se produce en la parte regulada por la Administración que si está muy por encima de los países europeos.