La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer lamenta que con la ley Ruiz-Gallardón se impida a las ciudadanas españolas a decidir sobre su maternidad

 Carmen Sanjurjo afirma que la nueva normativa es fruto de las presiones de los sectores más conservadores y dogmáticos y aleja a España de la Europa de los derechos civiles

El Principado estudiará con detalle la iniciativa legislativa del Ejecutivo central para promover una respuesta

El Gobierno de Asturias quiere mostrar su rechazo por la contrarreforma aprobada hoy por el Consejo de Ministros sobre la interrupción voluntaria del embarazo. La nueva normativa, impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, representa un retroceso de casi tres décadas que aleja a España de la Europa de los derechos civiles, al impedir que las mujeres decidan sobre su maternidad y que tendrá “nefastas consecuencias, tanto en el terreno de la salud como en el de la seguridad jurídica de las españolas y del conjunto de los profesionales de la sanidad”, afirmó la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Carmen Sanjurjo.

El Gobierno del Principado estudiará con detalle la iniciativa legislativa aprobada por el Ejecutivo central para promover una respuesta que permita velar por los derechos de las mujeres. “Se trata de una contrarreforma más del PP, fruto de las presiones de los sectores más conservadores y dogmáticos”, subrayó Carmen Sanjurjo, “que convierte a las españolas en ciudadanas bajo sospecha, nos retrotrae a tiempos oscuros en que las mujeres que querían optar por la interrupción de su embarazo se veían obligadas a la clandestinidad o a salir de España”. La “ley Ruiz-Gallardón” equipara el marco legislativo español a los de países como Polonia o Irlanda, que son las más restrictivos en esta materia de la Unión Europea.

La directora general del Instituto Asturiano de la Mujer considera que la contrarreforma de la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo implica:

• Volver a una ‘normativa de indicaciones’, mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir y, de nuevo, verán tutelados sus derechos sin poder decidir por sí mismas.

• La limitación de la posibilidad de interrumpir el embarazo en las malformaciones fetales.

• El incremento de los abortos clandestinos y el riesgo de mortalidad que estos suponen para las mujeres.

• Las responsabilidades penales que implicará para las mujeres y profesionales sanitarios.

Carmen Sanjurjo precisó que está acreditado científicamente que la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo “no implica una disminución de los casos, sino que se acometan en peores condiciones sanitarias y con mayores riesgos para la salud de las mujeres”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas sin las adecuadas condiciones sanitarias suponen un alto riesgo de mortalidad materna.

La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo,  en consonancia con el resto de leyes europeas, garantiza a las españolas y en todas las comunidades autónomas la igualdad en el acceso a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos y de interrupción de embarazo.

En Asturias la tasa de interrupciones voluntarias del embarazó, 11 por cada 1.000 mujeres, está por debajo de la media estatal (12,44), según los datos oficiales correspondientes a 2011, último año sobre el que el Gobierno central ha facilitado información.

El Gobierno de Asturias ha apostado siempre por desarrollar una política educativa afectivo-sexual y para ello ha puesto en marcha programas como ‘Ni ogros, ni princesas’, entre los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y ‘Yo cuento, tu pintas, ella suma’, que están desempeñando un significativo papel en la prevención de embarazos no deseados.  Estos programas obedecen a una estrategia que también pone en riesgo la modificación legislativa aprobada hoy por el Consejo de Ministros, al desvirtuar el sentido preventivo de la actual legislación.

La directora del Instituto Asturiano de la Mujer denunció también “el enorme secretismo con el que se ha preparado esta nueva regulación”, así como el rechazo unánime que ha generado de la mayoría de las asociaciones de mujeres, organizaciones defensoras de los derechos civiles y sociedades de salud pública españolas e internacionales, entre otros colectivos. El Gobierno de Asturias no ha sido convocado en ningún momento al debate sobre los contenidos de esta norma. “Una norma de esta trascendencia debería haber sido consultada con las comunidades autónomas, con especialistas de diversas disciplinas científicas y, evidentemente, con organizaciones de mujeres”, puntualizó Carmen Sanjurjo, “pero parece que sólo han tenido en cuenta la opinión de los sectores ideológicos más integristas y retrógrados”.