“Nos encontramos con otra oportunidad perdida por un Gobierno que, como en la reforma educativa y otras grandes leyes, prima sus intereses sobre la negociación y el acuerdo”

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“Esta ley es un duro golpe al principio esencial de  proximidad de los ciudadanos con los elegidos, y la dignificación de éstos, desde su dedicación responsable”

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“Para encontrar candidatos a la alcaldía en ayuntamientos de menos de 1.500 habitantes se va a tener que recurrir a una ONG”

Madrid.- El diputado de FORO en el Congreso, Enrique Álvarez Sostres rechazó este jueves de plano el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local con un incisivo análisis sobre las consecuenciasque tendrá la destrucción de la estructura, no ya de representación democrática, por elección, en el  conjunto de España, sino, de trascendental impacto para los ciudadanos, supresión de sus servicios mínimos, su apoyatura social mínima, en las poblaciones y asentamientos que actualmente protegen los pequeños municipios y las entidades locales menores.Hizo especial defensa de la peculiar situación de Asturias: "esta ley es un duro golpe al principio esencial de  proximidad de los ciudadanos con los elegidos y se enmienda a última hora la permanencia de casi cuatro mil entidades menores, muy importantes en territorios con población dispersa. Estas entidades, y en el ámbito territorial del Principado de  Asturias, cuentan con un fuerte arraigo social, fruto de la labor que desarrollan en  cuanto a la prestación de servicios a los vecinos, como abastecimiento de aguas, limpieza y mantenimiento de caminos, y en la preservación de espacios naturales protegidos y montes de titularidad pública, constituyendo además la representación de la democracia más directa, participativa y cercana al ciudadano.

Actualmente, 125.000 hectáreas del territorio del Principado está adscrito a las Parroquias Rurales y la mera existencia, en sí mismo considerada, de estas Parroquias Rurales no suponía coste alguno para la Administración, puesto que ninguno de sus presidentes ni de los miembros de gobierno de las mismas, perciben contraprestación alguna por sus servicios, y sus criterios de gestión se basan en la austeridad y la eficacia, como demuestra el hecho de que sus presupuestos llevan ya varios ejercicios sin incurrir en déficit .

¿Qué necesidad había de que al grito de racionalización se contestase con “a la parroquia rural ni agua”? No nos es posible consecuentemente apoyar esta Ley por su cortedad y por su oposición al principio de eficacia y representatividad”.