Asturias rechaza la desaparición de los juzgados de paz y de los partidos judiciales que plantea el Gobierno central al deteriorar un servicio público

Principado, Andalucía y Canarias aúnan posiciones contra la nueva Ley de Planta y Demarcación por dañar la justicia más próxima a los ciudadanos

Las tres comunidades reclaman un reparto proporcional con el ministerio de los costes financieros para garantizar la asistencia jurídica gratuita a las personas con menos recursos económicos

Madrid.-El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, mostró hoy el rechazo de Asturias a varios de las iniciativas del Ejecutivo central que representan un deterioro de la administración judicial como servicio público. El titular de Presidencia, así como los representantes de otras comunidades autónomas, hicieron pública su malestar con por el retraso en la convocatoria del encuentro entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias judiciales, dado que la última conferencia se celebró hace 18 meses y el reglamento prevé que se celebren dos al año. Más cuando los cambios impulsados por el Gobierno central en esta materia son numerosos y afectan muy negativamente a los derechos ciudadanos.

La Conferencia Sectorial de Justicia está integrada por representantes del ministerio y de las 12 comunidades autónomas con transferencias en materia judicial, entre ellas el Principado. Al encuentro celebrado hoy en Madrid no pudo asistir el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, como estaba previsto, al sufrir un accidente doméstico.

Una posición crítica que fue compartida por los representantes de otras comunidades autónomas. Asturias, Andalucía y Canarias mostraron una posición conjunta de rechazo a las iniciativas del Gobierno central, tanto en relación a la Ley de Demarcación y Planta como a la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Las tres comunidades autónomas hicieron pública su disconformidad con un modelo de reforma que a priori propone concentrar la administración de la justicia y de sus servicios en las capitales de provincia, eliminado los partidos judiciales, 18 en el Principado, y creando por tanto desigualdades respecto a la población que vive fuera de ellas. También hicieron una defensa conjunta de la pervivencia de los Juzgados de Paz, dado que son los órganos encargados de prestaciones judiciales en los municipios de menos de 7.000 habitantes y de los que se benefician un total de 227.030 asturianos. Guillermo Martínez precisó que si se materializa esta normativa “se estará propiciando desigualdades entre los ciudadanos que residen en áreas menos pobladas y rurales”

Los representantes de los gobiernos asturiano, andaluz y canario también abogaron por un modelo saneado de la asistencia jurídica gratuita y propusieron una financiación en la que la distribución y reparto de los recursos presupuestarios se haga anualmente y con un criterio proporcional que armonice lo recaudado en cada territorio por las tasas judiciales con el número potencial de beneficiaros con derecho a la asistencia letrada gratuita.

La financiación de la justicia gratuita se ha convertido para el Principado en un asunto de máxima relevancia, dado que afecta a más de 33.000 personas en nuestra comunidad, y en el último año y medio se ha hecho un esfuerzo notable para garantizar recursos suficientes. Así, en el proyecto de presupuestos de 2014 se materializa un incremento de un 28,91% en las subvenciones a los cuatro colegios profesionales de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón para la justicia gratuita, pasando de 3.801.064 euros a 4.900.000. Por otra parte, el último Consejo de Gobierno autorizó el pago de 1.073.618,15 euros, lo que eleva a 5.197.637,14 el dinero destinado en lo que va de año para atender la demanda de servicios de asistencia letrada.

El próximo mes de enero se cumplirán ocho años desde que Asturias asumió las competencias de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, y cinco desde que asumió las relativas a los medios personales. Un proceso en el que el Gobierno del Principado siempre ha defendido la premisa de que la justicia en esta comunidad autónoma debe avanzar hacia un modelo ágil, eficiente, eficaz, de calidad y cercano a la ciudadanía.

Malestar por otras reformas legislativas

El consejero de Presidencia del Principado hizo pública también su preocupación por otras reformas legislativas que impulsa el Gobierno central. Por una parte, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “que provocará que en España haya dos clases de mujeres, las que podrán pagar el viaje y los gastos para abortar libre y legalmente, con todas las garantías sanitarias, en cualquiera de los países de Europa que tienen una ley como la que hoy tiene España, y  las que volverán a tener que recurrir a la práctica de abortos clandestinos, como si fueran delincuentes y con grave riesgo para su salud”, precisó Guillermo Martínez. “No es comprensible que se modifique esta ley cuando la actualmente vigente ha dado seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales y ha garantizado además el ejercicio de la maternidad cuando y como desee la mujer”, afirmó.

El titular de Presidencia también aludió críticamente a la reforma del Código Penal, al considerar que los cambios introducidos  “no favorecen la reeducación y reinserción social de los condenados que la Constitución proclama como un principio esencial en una sociedad democrática y empobrece las políticas contra las víctimas violencia de género”.