Asturias reclama al Gobierno central su contribución a costear la justicia gratuita y la deuda de 600.000 euros invertidos en modernizar los juzgados

Guillermo Martínez censura al ministro Ruiz-Gallardón que se desentienda de contribuir a pagar la asistencia jurídica a más de 33.000 asturianos y asturianas con menos recursos económicos

Asturias.-El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, representará mañana a Asturias en la Conferencia Sectorial de Justicia, en la que participarán el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y los representantes de las 12 comunidades autónomas con transferencias en materia judicial. Martínez aprovechará el encuentro para reclamar al Ejecutivo central su contribución a costear los servicios de asistencia jurídica gratuita, a los que se acogen anualmente más de 33.000 asturianos, y exigirá también el abono de la deuda de 600.000 euros correspondiente a la inversión en la modernización de los órganos judiciales de la comunidad autónoma.

El titular de Presidencia ha mostrado su malestar con el retraso en la convocatoria del encuentro entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias judiciales, dado que la última conferencia se celebró hace 18 meses y el reglamento prevé que se celebren dos al año. Más cuando los cambios impulsados por el Gobierno central en materia judicial son numerosos y muchos de ellos con una importante incidencia en las competencias presupuestarias y administrativas de los gobiernos autonómicos, que afectan muy negativamente a los derechos de la ciudadanía.

El Gobierno del Principado acude a esta conferencia con la máxima expectación, tanto por los importantes asuntos relacionados con reformas legislativas planteadas, como para demandar una respuesta al Ministerio de Justicia por los incumplimientos presupuestarios con Asturias.

Especial relevancia adquiere la asistencia jurídica gratuita y conocer la posición del Ejecutivo central respecto a la financiación de las comunidades autónomas, algo que el Gobierno del Principado ha demandado tanto por carta al ministro, como en la reciente reunión mantenida con el Secretario de Estado de Justicia.

La financiación de la asistencia letrada gratuita se ha convertido para el Gobierno de Asturias en un asunto de máxima relevancia, dado que afecta a más de 33.000 personas en nuestra comunidad, y en el último año y medio se ha hecho un esfuerzo notable para garantizar recursos suficientes. Así, en el proyecto de presupuestos de 2014 se materializa un incremento de un 28,91% en las subvenciones a los cuatro colegios profesionales de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón para la justicia gratuita, pasando de 3.801.064 euros a 4.900.000. Por otra parte, el último Consejo de Gobierno autorizó el pago de 1.073.618,15 euros, lo que eleva a 5.197.637,14 el dinero destinado en lo que va de año para atender la demanda de servicios de justicia gratuita.

Asturias apuesta por la pervivencia de un modelo saneado de la asistencia jurídica gratuita, para lo que el Gobierno central tiene que asumir su responsabilidad en la cofinanciación. Con la aprobación en noviembre de 2012 de la Ley de Tasas Judiciales se aseguró que la Administración del Estado contribuiría con un 25% de los recursos recaudados a la asistencia jurídica gratuita. De momento, no se ha producido. “La Ley de Tasas ha sido un fracaso: pretendía recaudar más y además de recaudar menos, ha disuadido a los ciudadanos a acceder a los servicios judiciales por su alto coste”, señala el consejero de Presidencia.

Guillermo Martínez demandará también la deuda la administración estatal en inversiones de modernización de los diferentes órganos judiciales. El convenio suscrito por el Principado, el Ministerio de Justicia y la sociedad pública Red.es para informatizar los juzgados y tribunales preveía una inversión trilateral, pero el Gobierno central aún tiene pendiente de pago 600.000 euros.

Otro asunto que el consejero de Presidencia trasladará al ministro de Justicia es la preocupación por la materialización y desarrollo de algunas reformas legislativas:

• Ley Orgánica del Código Penal. El Gobierno del Principado considera que las penas previstas no favorecen la reeducación y reinserción social de los condenados que el artículo 25 de la Constitución proclama como un principio esencial en una sociedad democrática y empobrece además las políticas contra el maltrato al  eliminar los “delitos relacionados con la violencia de género”.

• Ley de Demarcación y Planta Judicial. Asturias rechaza un modelo que concentra la administración de la justicia y sus servicios en las capitales de provincia, creando por tanto desigualdades respecto a la población que vive fuera de ellas, y aboga por una firme defensa de la labor de los Juzgados de Paz en su labor de proximidad con la ciudadanía, que con la propuesta del Ministerio desaparecerían.