Quito, (Andes).- El manual para activistas comunitarios, escrito por el activista cubano-estadounidense Carlos Zorrilla, amplifica la guerra blanda de desestabilización contra el gobierno del Ecuador, de acuerdo al análisis de la actuación de ONG’s, opositores políticos y ambientalistas del país suramericano.

Los proyectos Quimsacocha, Mirador, Río Blanco, Fruta del Norte, Llurimagua, Santa Isabel, Telimbela, El Torneado, La Bonita y Panantza San Carlos han sido blanco de la estrategia, financiada desde el exterior, para sumarse a la campaña desestabilizadora denominada golpe blando.

La información contenida en el manual de Zorrilla la denunció el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en el último Enlace Ciudadano. Correa denunció que las ONG utilizan un manual de inspiración norteamericana para resistir y hacer revueltas. Correa cuestionó las acciones de los grupos que provocaron disturbios a las afueras de la Ronda Petrolera, el pasado jueves 29 de noviembre.

En Quimsacocha, por ejemplo, se utilizaron acciones como un referéndum ilegal –sin autorización del Consejo Nacional Electoral-, injerencia extranjera en el territorio, manifestaciones, bloqueos de carreteras, como lo esgrime el manual de Zorrilla. “Forme una oposición local, obtenga financiamiento, expanda alianzas locales, plantee juicios, referéndums, utilice marchas manifestaciones”, dice Zorrilla en su manual.  

Una revisión pormenorizada del accionar de estas organizaciones detalla la repetición de estas y otras acciones que han buscado desestabilizar al gobierno del Ecuador a través del desgaste de la imagen de las empresas –públicas y privadas- dedicadas a la minería (Ver infografía).

Carlos Zorrilla –opositor al actual gobierno, según el presidente Rafael Correa- es propietario de una gran parte de la reserva ecológica de Intag, provincia de Imbabura, lugar del que se ha enriquecido explotando el lugar a través del turismo ecológico desde 1989. Hasta ese lugar, Zorrilla ha llevado grupos de EE.UU., Japón y varios países de Europa.

El financiamiento de estas organizaciones proviene –según se desprende de su mismo manual- de países mineros como Canadá, Gran Bretaña, Holanda, Alemania y EE.UU.

Grupos como el que encabeza el ciudadano cubano-estadounidense han interpuesto las acciones de hecho al diálogo, afirman los grupos mineros. El representante nacional de la Cámara de Minería del Ecuador, Vicente Encalada, confirmó que los grupos ambientalistas no se han acercado a dialogar con los empresarios. Para Encalada, pese a que en la minería a pequeña escala –que es la más contaminante- no existe mayor oposición de los ambientalistas, la falta de diálogo entre ambientalistas y mineros evita que se lleguen a acuerdos que beneficien a la comunidad.

Zorrilla, por su parte, rechazó a través de las redes sociales las acusaciones realizadas por el jefe de Estado y aseveró que la obra publicada en el 2009 tiene la finalidad de informar a las comunidades acerca de estrategias utilizadas por empresas petroleras y mineras para dividir a las comunidades y causar conflictos.

“El Manual sugiere estrategias y formas de resistencia legítimas y no violentas orientadas a proteger a las comunidades de los efectos más nefastos de la presencia de dichas empresas. Por tanto, es un absurdo vincular las acciones sugeridas en el Manual con la protesta realizada por activistas en contra de la XI Ronda Petrolera en Quito a fines de noviembre”, publicó.

Un grupo de ciudadanos, reunidos en el grupo opositor ecologista Yasunidos y la ONG Pachamama, agredió el pasado 28 de noviembre al embajador de Chile en Ecuador, Juan Pablo Lira, quien presenciaba la apertura de sobres de la ronda petrolera del suroriente del país suramericano.