Oviedo (E.P.) .- El Gobierno de Asturias reclamará ante los tribunales la ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, que reconoce el derecho de la comunidad autónoma a percibir los más de 213 millones de euros en inversiones previstas en los convenios de 2011 de los fondos estatales para la reactivación de las comarcas mineras.
Con esta decisión, el Principado "quiere mostrar su más firme rechazo al recurso planteado por el Ejecutivo central contra la decisión judicial favorable a los intereses de las asturianas y los asturianos", según ha informado el ejecutivo asturiano.
"Es un nuevo castigo que el Gobierno del señor Rajoy infringe a los ciudadanos de Asturias, como ya ha hecho con los Presupuestos Generales del Estado, porque pone palos en las ruedas de nuestra comunidad para salir de la crisis y dificulta la generación económica y de empleo", ha precisado el consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez.
Martínez sostiene que "el Gobierno autonómico ha demostrado desde el primer momento una sólida defensa de los intereses de Asturias ante los recortes impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tanto en materia de inversiones, como en supresión de derechos que afectan a servicios básicos como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales".
Y recuerda que el 14 de junio de 2012, dos semanas después de tomar posesión, el Gobierno del presidente Javier Fernández interpuso un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 para exigir 213.056.914 euros por las obras acogidas a los fondos mineros, correspondientes a convenios cuya vigencia finalizó en 2011 y en anteriores ejercicios.
"Este primer recurso fue resuelto por el juzgado el pasado mes de noviembre, que admitió los principales planteamientos realizados por el Ejecutivo asturiano, al estimar que la anulación del pago de los fondos mineros ya comprometidos con Asturias "no responde a una imposibilidad económica sobrevenida". La sentencia también establece que el Ejecutivo central debe atender los planteamientos del Principado, para acreditar el grado de ejecución de los proyectos de los fondos mineros".
CASTIGO DE RAJOY
El Gobierno del presidente Javier Fernández, ante este nuevo castigo que infringe el Ejecutivo de Rajoy a los asturianos y asturianas, ha solicitado al despacho del profesor Luciano Parejo Alfonso, de la Universidad Carlos III de Madrid, que demande la ejecución provisional de la sentencia para que los convenios de los fondos mineros de 2011 se abonen ya a la Administración autonómica. El despacho Parejo Alfonso asumió la reclamación ante los tribunales de la cantidad adeudada por el Ejecutivo central en coordinación con el Servicio Jurídico del Principado.
Por tanto, señala Martínez, "con el rechazo a pagar la deuda de los fondos mineros, el Gobierno de Rajoy vuelve a penalizar a todos los asturianos, porque se trata de infraestructuras y actuaciones que generan actividad económica y empleo y mejoran la dotación de infraestructuras de Asturias".
Y añade que "el Principado no cejará en reclamar los fondos mineros que por justicia le corresponden a Asturias. A este primer recurso y ante el reiterado rechazo del Ejecutivo central a cumplir con el abono de estas cantidades, el Gobierno asturiano ha planteado un segundo recurso judicial ante el Juzgado de lo Central de lo Contencioso Administrativo nº 11 para exigir convenios cuya vigencia finalizó en el ejercicio de 2012".
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