Para echarse a temblar, de frío, de miedo o de ambos. Así percibe un número creciente de ciudadanos la escalada de crueldad gubernamental, cada vez con mayor ensañamiento contra las clases populares, contra los cada vez más miserabilizados, abandonados y desprotegidos constituyentes de la 'mayoría silenciosa' a la que tanto gusta aludir al Gobierno y que ahora será silenciosa, además, por imperativo legal. Los 'reyes' que este año echará el Ejecutivo de Rajoy a los asturianos, y en general a los españoles, son sobrecogedores: Una nueva reforma laboral que desprotegerá aún más a los trabajadores porque, a lo que parece, existe satisfacción en las altas esferas con los resultados de la actual: un millón más de parados en sólo dos años. Una ley de represión de la protesta ciudadana cuya perversión es tal que, con la previa subida de tarifas efectuada por Gallardón impide, en la práctica, recurrir sanciones millonarias y arbitrarias que con la nueva Ley mordaza pueden ser impuestas porquesí a cualquier ciudadano al que, acto seguido, convertirán en un miserable sin bienes ni derechos, incluido además en un fichero policial de 'Orden Público' que acabará de perseguirlo durante los días, pocos seguramente, que le queden de vida. Y un nuevo tarifazo eléctrico que se sumará al actual, que ya está poniendo el peligro la vida de miles de españoles, ancianos muchos de ellos, incapaces de pagar la calefacción, incluso la máquina de respirar como está sucediendo, y habrán de pasar castigados por el frío el invierno, si es que sobreviven a él. Dado que muchos están dejando de tomar sus medicamentos, porque tienen que elegir entre comer o seguir el tratamiento, las posibilidades más siniestras se ciernen sobre las expectativas de vida, no digamos ya de mínimo confort, de los pobladores de la que fue una potencia europea del mundo civilizado.
No se incurre aquí en exageración alguna. A los suicidios por desahucio, el Gobierno responde con multas que jamás impondría a los defraudadores de guante blanco, a los que beneficia fiscalmente, tanto para los que intenten paralizar el desahucio como para el propio suicida si sobrevive, ya que será fuertemente multado. Demenciales providencias éstas que se sacian en el pueblo llano. No es extraño que quienes asisten atónitos a la ley de represión, ley mordaza, ley patada en la boca y otros con los que ya se la califica, hablen de 'deriva autoritaria', por miedo a hablar directamente de vuelta al anterior régimen, ya que, desde luego, el proyecto de ley contradice flagrantemente la Constitución, sustituyendo la acción protectora de la Justicia frente a los desmanes del Estado por el hachazo inmisericorde de la sanción administrativa irrecurrible ante instancias imparciales y gratuitas.
Hasta la tan cacareada unidad de la Patria que defienden los voceros del Gobierno se tambalea, cuando se conoce, como este sábado, que los Ejecutivos de Madrid y Vitoria preparan "un acuerdo para reforzar el Concierto Económico y el autogobierno", negociado bilateralmente, al margen de las comunidades 'pobres', como gran aportación a la "solidaridad interregional".
Todo ésto explica la desaforada campaña desde hace dos años desarrollada en los medios y tertulias afines al Gobierno, para destruir los sindicatos y dar, en general, a los ciudadanos la errónea impresión de que el enemigo de su bienestar es la democracia, por lo que sobran las cámaras de representación popular (CCAA y Ayuntamientos) y, en general, los políticos. Los ciudadanos deben hacerse una simple pregunta: ¿Qué sistema es el que no tiene representantes políticos, partidos, sindicatos ni libertades ni derechos? Si son jóvenes deben preguntar a sus padres/madres o sus abuelas/abuelos. Lo que la extrema derecha del PP (no todo el PP) quiere tiene nombre, amén de 40 años de historia. Y, al parecer, defensores en lo más alto.
