La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha anunciado hoy que los usuarios del Centro Polivalente de Recursos (CPR) El Mirador de Tineo serán trasladados el próximo mes a las instalaciones de ampliación de dicha residencia. Esther Díaz explicó que se toma esta medida porque se van a acometer obras de mejora en la zona antigua del edificio.

La consejera ha aclarado, durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar Social en la Junta General del Principado, que Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) está ultimando la elaboración del proyecto de las obras que se acometerán en el viejo edificio con el fin de mejorar estas instalaciones, tanto su accesibilidad como la sustitución de los materiales deteriorados por el uso. El coste estimado de los trabajos es de unos 200.000 euros y el objetivo es lanzar el proceso de contratación a principios de 2014, pero dependerá de la disponibilidad presupuestaria para el próximo año.

Esther Díaz ha destacado que el ERA traslada a los residentes a las nuevas instalaciones para evitarles las molestias que las obras les pudiesen ocasionar y por su propia comodidad.

Por otro lado, la consejera ha informado de que el ERA ha decidido resolver el contrato con la empresa que ejecuta las obras de construcción del CPR El Manso de Lastres tras la paralización unilateral de los trabajos por parte de la empresa. El organismo autónomo se había negado a retirar una sanción que se le impuso a la constructora, ya que, del expediente sancionador se concluía que una adecuada defensa del interés público no permite la anulación de dicha sanción.

Las obras de construcción del CPR El Manso sufrieron una primer paralizaron en diciembre de 2011, cuando la ejecución era del 17,13%, y se reanudaron en noviembre de 2012. El pasado mes de mayo el Servicio de Intervención del Principado, dentro de sus labores fiscalizadoras de la relación contractual, remitió un informe al ERA en el que  se constataba el incumplimiento contractual de la empresa adjudicataria, así como la imposición de penalidades a la misma por haber paralizado las obras en su día (diciembre de 2011) y no haber entregado la obra en la fecha estipulada en el contrato inicial.

En consecuencia, se tramitó un expediente sancionador, con la imposición de una sanción de 142.461 euros a la empresa. El ERA explicó a los responsables de la constructora que estas penalidades se detraerían de manera fraccionada de las sucesivas certificaciones que la empresa fuese emitiendo.

La empresa volvió a suspender los trabajos y las obras se encuentran oficialmente paralizadas desde el 14 de octubre, fecha en la que se procedió a la firma del acta de suspensión, cuando se encontraba ejecutado el 88,10%. En dicho acta, el ERA dejó constancia de su desacuerdo con la paralización, ya que el organismo autónomo había cumplido en su integridad con las obligaciones de pago conforme a lo establecido en la ley y los pliegos de condiciones de la licitación.

La consejera de Bienestar Social señaló que desde la reanudación de las obras, en noviembre de 2012, el ERA abonó a la empresa 1.052.166 euros, correspondientes a nueve certificaciones, abono que se produjo a los 30 días de su presentación, plazo en el que el ERA realiza los pagos, ajustándose a lo que la normativa exige para el pago de administración a proveedores.

De la situación de estos dos centros, así como de las actuaciones que se van a llevar a cabo, se informó en el consejo de administración del ERA celebrado el pasado viernes.