Ollanta Humala ganó ayer las elecciones presidenciales en Perú, con un 31,6 de los votos, aunque deberá concurrir a la segunda vuelta, compitiendo con la congresista Keiko Fujimori, que ha quedado en segundo lugar. Los partidarios de Humala celebraron ayer con una gran fiesta los resultados provisionales de los comicios de este domingo. 

PROPUESTAS DE HUMALA

En pocos días nuestro país deberá escoger su presidente y definir los rumbos que desea para los próxi- mos cinco años. Se trata de una decisión importante y difícil. Importante porque el voto de las peruanas y peruanos podrá permitir abrir un nuevo capítulo en la construcción de un Perú democrático, pluralista y menos desigual. Difícil, porque es normal que la decisión de los ciudadanos sea precedida de una reflexión sobre nuestra situación actual y los caminos que se presentan como propuestas electorales.

En los últimos años hubo importantes cambios en la situación económica de América Latina y del Perú. El comercio internacional y el crecimiento económico vivido por grandes economías emergentes, como China, India, Brasil y Rusia permitieron que a pesar de la crisis que golpeó duramente a los países más desarrollados, los países productores de materias primas tuviesen un crecimiento muy importante basado en los altos precios de las materias primas. Esto benefició mucho nuestra economía que crece a ritmos pocas veces alcanzados en nuestra historia reciente.

Este crecimiento es positivo, genera riqueza y establece una base nueva para comenzar a resolver de una vez los graves problemas y los grandes desafíos que tenemos los peruanos.

Por un lado, ¿cómo consolidar este crecimiento basado en los altos precios de las materias primas, para que no esté sujeto exclusivamente a los vaivenes del mercado internacional, con sus altas y bajas? Por otro lado, ¿cómo utilizar esta coyuntura para que la riqueza generada revierta en mejoras para nues- tros ciudadanos y ciudadanas?

Ambos aspectos, en verdad, requieren una política unificada desdoblada en propuestas de políticas públicas direccionadas a diversificar nuestra economía, para incorporar mayor valor agregado a los pro- ductos que producimos y vendemos.

Pero esto solo es posible si nuestro mercado interno desarrolla una capacidad mayor de ampliar su consumo y si nuestra productividad nos permite estar en mejores condiciones de enfrentar la competen- cia extranjera, tanto en el mercado internacional, como en nuestro propio territorio.

Esto supone sustentar la inversión privada, nacional y extranjera, en una verdadera revolución de la educación, formadora de profesionales altamente cualificados y en inversión en tecnología e innovación.

Desde este punto de vista también, la cuestión de la inclusión social que tiene como fundamento la educación de calidad, es un instrumento no solo de justicia para nuestro sufrido pueblo, sino también una palanca para nuestro crecimiento económico.

Esta inclusión social implica que el Estado sirva como promotor no solo del crecimiento, sino también del progreso social. Priorizando educación y salud, mejorando las condiciones de trabajo y de estudio de la población. Invirtiendo en infraestructura, en escuelas, en postas médicas, en Cunas y mejorando el salario básico. Un Estado que utiliza sus recursos para ayudar a regularizar la informalidad, que ofrece crédito ventajoso para los pequeños y medianos empresarios y que facilita el espíritu emprendedor del peruano que desea abrir su negocio y prosperar.

Nuestro gran desafío es realizar esta gran transformación de manera gradual y persistente para que no se acompañe de presiones desestabilizadoras de nuestros equilibrios presupuestarios y macroeconó- micos.

Esto exige comenzar por restablecer los principios de la ética pública combatiendo la corrupción y el despilfarro del dinero público.

Según Contraloría de la República, en palabras del Contralor Khoury, nuestro Estado pierde entre 10% y 15% de su presupuesto de bienes, servicios y construcciones por malos manejos de los funcionarios, sobrevaloraciones y corrupción. Es decir, para este año la “filtración” del gasto público por corrupción podría alcanzar los 5,000 mil millones de soles.

Lo mismo podemos decir sobre la evasión tributaria, la coima y otras modalidades ilegales. Para no mencionar el propio costo para la sociedad del crecimiento de la criminalidad y la violencia.

La gran transformación que me propongo es la de no tolerar esa gangrena y re-direccionar esos recur sos para implementar y cumplir con los compromisos que asumo con los electores.

La política económica que me comprometo a implementar respetará nuestros compromisos inter- nacionales, independientemente de las opiniones que nos provocó en su momento tal o cual de esos acuerdos y tratados. Desde el momento en que los mismos fueron firmados, ellos no pueden ser unila- teralmente cuestionados o revisados, salvo cuando clausulas especificas así lo autoricen o cuando una flagrante ilegalidad presidio a su adopción.

Pero de igual manera que en nuestros litigios territoriales recurrimos y aceptamos el Tribunal de La Haya para resolver estos problemas, será siempre en los marcos legales y constitucionales, nacionales o internacionales, que procederemos en los eventuales cuestionamientos que puedan surgir.

Igualmente en relación al conjunto de contratos, obras en marcha y marcos legales y regulatorios. Res- petaremos los mismos y procederemos a concluirlos, pues no hay mayor desperdicio de recursos públi- cos que obras abandonadas. Lo que si haremos es fiscalizar con rigor y eliminar los sobreprecios gene- rados por la permisividad con la corrupción. Obras sobrevaluadas no serán admitidas en mi gobierno y contratos lesivos para el pueblo peruano no prosperaran.

Las agencias internacionales de evaluación de riesgo ya han integrado en sus análisis nuestra pos- tura responsable, pero en algunas oficinas continúan destilando inseguridad especulando con réditos electorales y probablemente también pecuniarios, indiferentes al daño que le hacen al Perú y a nuestra estabilidad. Muestran así que poco les importa la situación de nuestras finanzas y de nuestro crecimiento económico, en el afán de alcanzar sus intereses.

La especulación no debe prosperar y todos debemos actuar con responsabilidad y espíritu patriótico, anteponiendo los intereses de la nación, a las disputas partidarias.

La existencia de un Banco Central independiente presupone, precisamente, que la demagogia política no puede influenciar las decisiones de nuestra autoridad monetaria, que sabrá defender nuestra estabili- dad y Reservas financieras contra estos pescadores de aguas turbias.

Esto continuará siendo así en mi gobierno, reforzando la autonomía de acción del BCR y también la independencia del poder legislativo y judicial, garantías del equilibrio institucional de nuestra democracia.

Reafirmo aquí ante todos que el principio de la no reelección será garantizado, pues estoy convencido que fundamenta nuestra democracia y es inherente a ella. Las tentativas de cuestionar este principio ya fueron suficientemente dañinas y contundentes para que los peruanos rechacemos firmemente cual- quier cuestionamiento a este precepto constitucional. Si el pueblo peruano con su voto me otorga la opor- tunidad de presidir los destinos de nuestra nación, será por 5 años, sin un día más.

Consolidar la democracia implica reforzar y garantizar la libertad de prensa y de opinión como un principio inalienable. Los medios de comunicación tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen en la lucha por la libertad y por conquistar definitivamente una democracia para todos en este país. Pero esta lucha es de todos nosotros.

Soy un defensor de la libertad de expresión, de información y de prensa. Por lo tanto, me comprometo, como siempre ha sido, a respetarla y a defenderla.

Las sociedades democráticas, se fundamentan en el pluralismo. Ese pluralismo que es bastante extendido y rico en nuestro país, supone la existencia -y yo diría la convivencia- de diferentes puntos de vista.

Los hombres y las mujeres son diversos, cultural, social, económica y políticamente. Piensan distinto.

La democracia será más fuerte en la medida en que esa diversidad, que es también un derecho, esté reconocida por todos y garantizada para todos.

Lo contrario sería una sociedad monocorde y un poder que se escucha a sí mismo.

Por otro lado, toda sociedad democrática se fundamenta en un ciudadano bien informado. La infor- mación que recibe este ciudadano es de fundamental importancia porque le sirve para reflexionar, para formarse una opinión y contribuir así a la creación de una opinión pública autónoma capaz de incidir en la marcha del país y en los procesos políticos.

Por eso la libertad de prensa es indesligable de la libertad de información.

En el mundo del Siglo XXI los recursos energéticos tendrán cada día una importancia estratégica ma- yor. Es por eso que nuestra política energética deberá incidir en cambios en la matriz energética que nos orienten hacia la producción y consumo de energías más limpias que nos lleven al desarrollo sustentable para ofrecer un mejor planeta a nuestros hijos.

El gas de Camisea es un insumo energético de la más alta importancia que nos permitirá un mayor abastecimiento de fuentes internas y, a la vez, sustituirá al petróleo caro importado en las industrias y en las centrales eléctricas. Proponemos también una masificación del consumo del gas natural, como en Colombia y Argentina, para llevarlo a los hogares y a centenares de miles de automovilistas y taxistas que pagarán 50% menos que los precios actuales de la gasolina.

Por ese motivo, es indispensable que se cumpla con la legislación vigente, que establece claramente la obligatoriedad del abastecimiento del mercado interno. Así, la exportación del gas solo podrá llevarse a cabo una vez que se haya cumplido con esta condición. Como gobernante, mi primera responsabilidad será garantizar el abastecimiento y la seguridad energética de los peruanos, respetando la ley vigente. Es eso lo que nos proponemos.

En el Perú, los precios de los combustibles están entre los más altos de toda la Región debido a dos factores. Primero, a la excesiva carga de impuestos que recae sobre los combustibles, la que debemos dis- minuir progresivamente. Segundo, porque las leyes vigentes establecen que los precios en el Perú deben ser equivalentes a los que se pagan en EEUU, cuando es ampliamente conocido que en EEUU los costos de la industria petrolera son mayores que en el Perú.

La puesta en marcha de estas dos políticas reducirá sustantivamente el precio de los combustibles y, también, del balón de GLP, lo que repercutirá favorablemente en la economía de la mayoría de la pobla- ción peruana.

Merece también mención especial nuestro compromiso en materia tributaria, pues pretendemos que el Congreso debata una reforma que simplifique nuestro sistema impositivo, reduzca la carga tributaria que pesa sobre la mayoría de la población y establezca una repartición más justa del esfuerzo contri- butivo de todos. Apoyamos la reducción del IGV pero pensamos que es posible disminuir aún más este impuesto que penaliza el consumo de los más pobres.

Al mismo tiempo nos parece adecuado que las sobre ganancias mineras tengan mayor participación en el esfuerzo nacional en pro de la educación y de las inversiones que el Estado debe realizar para con- solidar nuestro crecimiento con justicia social. Evidentemente que esta contribución extraordinaria de las empresas mineras resulta de la magnitud alcanzada por sus sobre ganancias y serán mantenidas en cuanto duren las mismas.

Diversos cálculos sitúan esa cantidad entre US$ 1,000 a 2,500 millones anuales, lo que representa una cantidad importante y significativa de la cual una parte puede y debe destinarse a educación, salud y obras sociales.

Pero sé que en materia tributaria es necesario reformas progresivas y negociadas para permitir que los diferentes actores sociales tengan horizontes claros y plazos adecuados de adaptación. En este caso el apuro es enemigo de la eficiencia y la justicia. Procederemos con calma, escuchando los diferentes seg- mentos y debatiendo democráticamente en el parlamento. Nada será hecho fuera de los instrumentos democráticos, legales, de consulta, discusión y decisión.

Donde sí tenemos urgencia es en la deuda social con los adultos mayores. En los primeros cien días de mi gobierno estaré encaminando la implementación del programa Pensión 65, creando una jubilación universal y solidaria para aquellos trabajadores peruanos que no han cotizado para asegurar una vejez menos sufrida. Al igual que en otros países, como Brasil, Argentina o Bolivia, Pensión 65 permitirá un ali- vio a esta situación dramática. En nuestro gobierno esperamos que el beneficio ampare paulatinamente a todas las mujeres y hombres mayores de 65 años.

La diferencia entre los candidatos pueden ser resumida a una constatación: mis principales adversa- rios tuvieron oportunidad de hacer lo que ahora prometen, pero no lo han hecho. La desigualdad social, los bajos salarios, las dificultades para los jóvenes, la situación de nuestros ancianos y las pocas oportunidades de progresar en la vida fueron las marcas que dejaron, a pesar del crecimiento económico y las oportunidades que esto genera para una verdadera justicia social. A esta incapacidad de conducir nuestra sociedad para mayor bienestar para todos, le agregaron la sucesión de escándalos, corrupción y destrucción de valores éticos en la conducción de los asuntos públicos, por lo cual el continuismo que re- presentan equivale a un verdadero retroceso y a la persistencia de la mediocridad de nuestro desarrollo.

Mi intención es la de un cambio de verdad, priorizando el interés nacional y el bienestar de nuestro pueblo por encima de motivaciones mezquinas, arribismo y falta de voluntad política.

Pero este cambio será el producto de un verdadero pacto nacional de los sectores productivos y las fuerzas generadoras de nuestra riqueza, que pasaran a contar con un gobierno comprometido con el desarrollo sustentable y que considera la disminución de la desigualdad un instrumento promotor del crecimiento. Es lo que denominamos una economía nacional de mercado, donde el Estado está al servicio del interés nacional y no de tal o cual grupo económico.

Sé que todo no es posible y que lo posible exigirá un trabajo arduo para ser alcanzado. Pero tengo fe en Dios y en la capacidad creativa de nuestro pueblo. Es él, con su trabajo y su esfuerzo cotidiano que asegura nuestro crecimiento. Son los trabajadores, los agricultores, los campesinos, los empresarios, los profesionales - y también los millones de peruanos que viven en el exterior que contribuyen para con sus familias aquí - son estas mujeres y hombres anónimos, en la costa, la sierra y en la selva, que sustentan con su arduo esfuerzo la buena situación económica que vivimos hoy y que exige que el crecimiento re- vierta en progreso social y oportunidades para todos.

Es pensando en ellos y para ellos que creo llegada la hora de decir que un Perú más justo, menos desigual y más humano, es posible. Los convoco a la unión en favor del cambio que Perú reclama.

Quiero asumir este compromiso públicamente y por escrito con mi país y mi pueblo. Sé el valor de la palabra empeñada y afirmo ante todos que será cumplida.