Con esta acción Greenpeace muestra su rechazo a los intentos de criminalización de la protesta pacífica. Analizando los datos hechos públicos por el Gobierno, el amplio abanico de formas de protesta que van a ser penalizadas y perseguidas podría suponer la vulneración de derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de manifestación.

“Greenpeace lleva más de 40 años utilizando la protesta pacífica como forma de defender el derecho al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos, de la misma forma que lo han hecho los movimientos por los derechos humanos, la democracia y las libertades colectivas”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.- “La protesta pacífica y la desobediencia han hecho posible la sociedad que ahora tenemos y el Gobierno no puede criminalizar algo que está en raíz de nuestra democracia actual”.

Así, la nueva ley perseguirá las manifestaciones, subirse a edificios y la resistencia pasiva a través de la imposición de multas muy elevadas. Para Greenpeace y otras muchas organizaciones sociales, la protesta pacífica es una seña de identidad con la se han conseguido significativas victorias ambientales y sociales. El espíritu y la letra de esta reforma desprecia, además, la tradición democrática que acepta y valora la disidencia, la desobediencia civil y la protesta pacífica como vías políticas legítimas para promover reformas legales, mejoras sociales, la defensa de las minorías, etc.

“La prohibición del vertido de residuos nucleares en la fosa atlántica, el fin de la caza comercial de ballenas en España o la paralización de vertidos mineros en la Bahía de Portman son victorias de toda la sociedad, conseguidas a través de la acción directa no violenta y colisionando con el marco legal vigente en aquel entonces. Nadie niega ahora que esta protesta fue, además de necesaria, una obligación moral” ha añadido Soto.

La noticia de esta futura Ley ha coincidido con el encarcelamiento sin juicio de más de dos meses de toda la tripulación del barco de Greenpeace Arctic Sunrise, además de dos periodistas independientes que les acompañaban, en Rusia. El motivo: hacer una acción de protesta pacífica en una plataforma petrolera de Gazprom en el Ártico. Las 30 personas se enfrentan ahora a la posibilidad 20 años de cárcel por actuar pacíficamente por defender el Ártico. En España el rechazo a esta criminalización del activismo ha sido rotundo, y más 130.000 personas han enviado cartas a la embajada rusa para pedir su libertad. Para Greenpeace cualquier intento de endurecer las penas a los que protestan es ponernos en un camino muy peligroso contra derechos legítimos.