La consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ha manifestado hoy que los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Asturias están a la cabeza de España en la gestión de su plan de desarrollo rural, con una ejecución que supera el 80%. Álvarez, que ha visitado la Feria Internacional de Turismo de Valladolid en la que participa el Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón, ha afirmado que en este momento, en el que se debate la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España y que el Gobierno del Estado tiene que tomar importantes decisiones sobre su aplicación y la asignación de fondos a cada comunidad autónoma “exigimos que se tenga en cuenta el nivel de ejecución existente y que no se prime a los que no han ejecutado”.
La consejera ha declarado que sería “inasumible que aquellas comunidades que más hemos ejecutado nos podamos ver perjudicadas y, por el contrario, que se asigne un número importante de fondos a aquellas comunidades que no han sido capaces de ejecutar los fondos actuales”. Según ha explicado, hay autonomías que están devolviendo fondos a Europa, es decir, “que España como Estado está devolviendo fondos a la Comisión Europea”. Sin embargo, existen otras comunidades, como Asturias, que están “en condiciones de ejecutar más de lo inicialmente asignado porque tenemos proyectos, impulso, talento, el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural y el compromiso del Gobierno del Principado para ejecutar más fondos”.
Por otro lado, la consejera ha destacado el papel desempeñado estos años por los Grupos de Desarrollo Rural, que ha permitido “crear empleo en el territorio rural, gracias a proyectos que están ligados a la diversificación económica del territorio, con una puesta en valor de los recursos endógenos, especialmente vinculados a espacios naturales”.
En Asturias existen once Grupos de Desarrollo Rural, que son entidades sin ánimo de lucro y de ámbito comarcal, constituidas por entes públicos, generalmente ayuntamientos y diversas asociaciones privadas representativas del tejido socioeconómico del territorio, que trabajan conjuntamente por el desarrollo integral y endógeno de la comarca. En sus órganos de decisión (junta directiva y asamblea general) las asociaciones del sector privado disponen, como mínimo, de un 50% de capacidad de voto.
