Redacción.- La dimisión aunciada por el presidente de la FADE y la Cámara de Comercio de Oviedo, contra lo que pudiera parecer, no es el mayor problema que ocupa a los empresarios asturianos concernidos, para los que la situación de Severino García Vigón, con tener potencialmente resultados 'incómodos' para la imagen del empresariado, pero asumibles en un contexto de crisis generalizada, no es sino un leve anticipo respecto a lo que se espera y teme como resultado de la gestión del Plan URBAN, un complejo entramado de subvenciones cuyos millonarios pagos, en los que están involucrados el Ayuntamiento de Oviedo y la Cámara de Comercio, estarían siendo objeto de minuciosa inspección por parte de la Fiscalía.

Diversos medios de comunicación se hicieron eco en estos meses de la contratación de la empresa del asesor y hombre de confianza --J.L.G.-- en distintas etapas del Gobierno Popular en Oviedo, Star Up, y las presuntas irregularidades detectadas. La  misma ha seguido librando facturas cuyo pago habría asumido, en los últimos meses, la Cámara de Comercio en solitario, esta sin el apoyo de Caunedo, al parecer poco dispuesto, o temeroso, de lo que podría devenir en otra marea de indignación ciudadana.

En fechas próximas, según pudo saber AsturiasMundial, no se descartan acciones judiciales respecto a quienes firmaron varias de esas facturas "que suponen anticipos sin reflejo de obra o servicios pagados con dinero público".