“El bajonazo presupuestario del Gobierno a Asturias añade asfixia al proceso de reforma de las administraciones públicas”
“Las rebajas anunciadas y enfatizadas por el Gobierno huelen a chamusquina, porque se ha desperdiciado la mitad del mandato para acomodar el sector público estatal a la realidad económica de España con gigantescas cifras de parados”
Madrid. El senador de FORO, Isidro Martínez Oblanca, intervino esta tarde en la Comisión Constitucional del Senado durante la comparecencia de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para informar de la actividad de su departamento en el primer año de Legislatura y sus previsiones de futuro; así como para dar cuenta del informe sobre la reforma de las administraciones públicas.
Oblanca ha recordado a Sáenz de Santamaría que “en Asturias suena a broma macabra la consigna de ‘presupuestos generales de la recuperación’ acuñada por el Gobierno” y ha recriminado a la Vicepresidenta del Gobierno la falta de “agilidad” en el adelgazamiento de un sector público ineficiente, costoso y con cargo a los impuestos más elevados de la historia reciente.
El senador Oblanca ha destacado ante la Cámara que “el bajonazo presupuestario del Gobierno a Asturias añade asfixia al proceso de reforma de las administraciones públicas” y ha reprochado a la Vicepresidenta que “las rebajas anunciadas y enfatizadas por el Gobierno huelen a chamusquina, porque se ha desperdiciado la mitad del mandato para acomodar el sector público estatal a la realidad económica de España con gigantescas cifras de parados”.
Esta es la intervención íntegra del senador asturiano:
“Me corresponde tomar la palabra ante esta Comisión Constitucional y hacerlo el primero por haber solicitado expresamente su comparecencia, registrada el día anterior a la propia petición del Gobierno, para venir a la Cámara Alta y dar cuenta del informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas presentado en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 21 de junio de 2013. Yo requería los resultados de las medidas que usted anunció en esta misma sala en febrero de 2012, así que le agradezco su esfuerzo de explicación de esta tarde para informar sobre un proceso de reforma de enorme calado y que tiene que ir en la línea de adaptación de la Administración al siglo XXI.
Permítame que haga notar inicialmente que antes que al Parlamento y sobre esta misma materia ha realizado usted un periplo explicativo por diferentes foros, el último hace una semana ante el Instituto de Empresa, lo cual me lleva a alentarla para que en su agenda también haya más dedicación al Senado, porque no es frecuente, señora Vicepresidenta, su presencia en esta Cámara, sobre todo en las sesiones de control, a las que no asiste, como si aquí los parlamentarios fuésemos de segunda.
Desde diferentes grupos hemos utilizado el turno de preguntas al Gobierno buscando respuestas a algunas cuestiones, por ejemplo la que yo mismo formulé hace casi un año, precisamente sobre reducción del sector público, que iba dirigida a usted, pero que respondió el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre tan pródigo y a menudo tan locuaz -hizo algo parecido la pasada semana a mi colega de FORO en el Congreso-. Es sabido que cualquier miembro del Gobierno responde colegiadamente, pero le pediría que no regatease su participación en los Plenos del Senado; no creo que sus ocupaciones le impidan hacerlo, hasta el punto de no venir nunca, y sería bueno para esta cuestionada Cámara que todos los que creemos en ella colaboremos en su utilidad, que la tiene y mucha, sobre todo en estos tiempos de paulatina convulsión territorial.
Entrando en el proceso de reforma de las Administraciones Públicas, vamos camino de cumplir la mitad de la décima Legislatura y es oportuno que el Gobierno responda de las propuestas con las que el Partido Popular ganó las elecciones de 2011. He repasado algunos de los reproches parlamentarios que usted realizaba al anterior Gobierno desde la oposición, cuando abogaba por el cumplimiento de los programas, y me temo que hoy son de aplicación: el PP no es coherente con su programa y no lo está cumpliendo, ni el diagnóstico ni los objetivos ni los trece bloques de medidas para abordar un nuevo sector público, o, al menos no lo está haciendo su Gobierno con la diligencia que cabría esperar en un país con un déficit abrumador que lo condiciona todo. Son ustedes muy veloces y expeditivos para colocar las leyes recaudatorias, aquí en el Senado el procedimiento de urgencia ha alcanzado velocidades de vértigo cuando se trataba de subir impuestos, tasas y demás, pero en esto de podar el sector público sobrante utilizan la parsimonia. Valga un ejemplo, lleva su Gobierno casi veintitrés meses de mandato y ya se nos advierte que hasta comienzos del próximo año no se dispondrá del primer informe sobre duplicidades, y eso que se partía de un factor sobresaliente para coordinar esa imprescindible evaluación: doce de las diecisiete comunidades autónomas tienen Gobiernos del mismo signo que el presidido por Rajoy.
Tampoco llevan el ritmo previsto los compromisos específicos anunciados personalmente por usted ante esta Cámara en los inicios del mandato, y que fueron acogidos por la sociedad con gran expectación porque eran medidas que suponían, al fin, recuperar el sentido común ante el galimatías descomunal y costosísimo de entidades sostenidas con dinero público y que en no pocas ocasiones duplican y hasta triplican la misma oferta de servicios a los ciudadanos. Con no pocas dosis de humor negro, se nos tacha de que mantenemos en España el récord de observatorios de cualquier cosa, poseemos el mayor número de centros de interpretación de lo inútil y somos campeones en museos de la nada. La recuerdo a usted misma expresándose en tono sarcástico sobre una de las entidades participadas por el Estado denominada Carmen, la comida de España 1992, S.A., apostillando que no estamos para comidas.
Por lo tanto, compartiendo los principios que impulsan la necesidad de la reforma, echamos en falta un factor clave: la agilidad, una agilidad imprescindible para racionalizar el gasto de las Administraciones Públicas, que absorbe los recursos públicos y que precisa de la inyección procedente de los impuestos. No está de más recordar que este Gobierno, contrariamente a lo que prometió, los ha subido, superando cotas históricas y llevando a España a ser el segundo país europeo con mayor presión fiscal sobre sus ciudadanos.
También compartimos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de control del déficit, pero con arreglo a los mandatos constitucionales. Señora Sáenz de Santamaría, su Gobierno ha promovido hace tres meses un inaceptable reparto a la carta del déficit, que es discriminatorio, insolidario e injusto. Lo es sin duda para Asturias, comunidad a la que represento, a la que se ha privado arbitrariamente del mismo márgen presupuestario que a comunidades incumplidoras y con mayor crecimiento económico. Eso significa que en Asturias para mantener los servicios públicos esenciales –Sanidad, Educación, Servicios Sociales- hay que disminuir la palanca de la inversión pública regional como motor de crecimiento económico y de creación de empleo, y no aplacado el cupo de injusticia con este déficit a la carta, el Gobierno ha presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que se ceba cruelmente con Asturias, con un bajón inversor del 31,6%; más que un bajón, un bajonazo. Es decir, que el proceso de reforma de las Administraciones Públicas se adaptará a mi comunidad con un procedimiento añadido e inaceptable: la asfixia. Comprenderá que en Asturias suene a broma macabra la consigna de Presupuestos Generales de la recuperación, acuñada por el Gobierno.
La aplicación de la reforma es muy urgente porque se trata de afrontar una situación que arrastra el lastre derivado del fracaso en la descentralización y delegación de competencias desde las Comunidades Autónomas hasta los Ayuntamientos tras el gran pacto local que se alcanzó en 1999, fruto de un amplísimo acuerdo político auspiciado desde la FEMP y propiciado por el Gobierno, entonces también del Partido Popular, que posteriormente no tuvo la continuidad necesaria pese a estar respaldado con un abundante apoyo autonómico y parlamentario. Me cuesta creer que hoy un Partido Popular con tan enorme hegemonía en los Gobiernos autonómicos y locales no pueda reeditar, impulsado desde el Gobierno de España, las bondades iniciales de aquel histórico pacto.
De la situación actual son rehenes los ciudadanos, obligados a costear los excesos y penalizados con la merma de servicios imprescindibles, una situación empeorada por las secuelas de la desmedida tendencia a configurar herramientas administrativas, producto de una descontrolada asunción de competencias a troche, moche y también derroche, porque en no pocos casos no había ni hay recursos suficientes. Añádase a todo esto la monumental confusión para evaluar políticamente las auténticas prioridades de los ciudadanos, sin detectar y reconocer a tiempo la calamidad económica que se cernía sobre España y que ha arrastrado al descrédito a los políticos y a la indignación de muchas personas.
En el período de mandato de Mariano Rajoy, un elemento significativo de este proceso de reformas administrativas es la creación de una comisión conocida, como usted recordaba, por el acrónimo CORA, que –corríjame si me equivoco- no formaba parte específica de las medidas que usted señaló ante el Senado en aquella fecha de febrero del año 2012, que tiene su punto de partida, como también usted recordaba, tras la V Conferencia de Presidentes y que se complementa con una oficina para la ejecución de la reforma, OPERA, que es de reciente creación, en concreto de hace cuatro meses y medio, está adscrita a su Ministerio. Es decir, todo apunto a la dificultad de coordinación para conseguir llevar a término los planteamientos reductores. Me llama la atención que el proceso de simplificación administrativa comience precisamente por dotar, desarrollar y ampliar más instrumentos; en la comisión hay otras cuatro subcomisiones, además de una nueva oficina para la ejecución; al igual que me tranquiliza ver en el BOE que no supondrán incremento del gasto.
También quiero referirme a la tarea que le toca al Gobierno de reducción de su propia parte, para lo que recurro a los datos el Invespe que, como todos ustedes saben, es el Inventario de entes del sector público estatal. Porque está bien que el Gobierno aborde, promueva e impulse el adelgazamiento de nuestro disparatado y repetitivo mundillo español del sector público, ¿pero qué hace el Gobierno con lo propio? ¿Adelgaza al mismo ritmo que reclama a las demás Administraciones? ¿Hace recomendaciones que el propio Gobierno practica y con las que da ejemplo? Pues no, el Invespe, el inventario oficial actualizado a fecha de hoy nos revela que existen 424 entes dependientes del Estado, ¿y cuántos había cuando su Gobierno tomó posesión, señora vicepresidenta? Pues 447, es decir, el esfuerzo de su Gobierno para reducir el sector público en la parte que le toca directamente equivale a fecha de hoy a veintitrés entes menos: el adelgazamiento del Gobierno en la parte que le toca es de un ente público mensual.
¿Eso es mucho o es poco? Teniendo en cuenta que usted misma anunció en esta misma comisión, allá por febrero de 2012, el compromiso de rebajar —y cito textualmente— en un primer paso la quinta parte del sector público —son sus propias palabras- el balance es muy pobre.
Señora Sáenz de Santamaría, fue usted misma la que estableció una rebaja inicial del 20% del sector público español, y coincido con usted en la necesidad de rebajar sustancialmente estas cifras, pero ofrecer consejos y recetas de adelgazamiento a los demás y no aplicarse uno mismo a recortar lo propio resulta paradójico, chocante y digno del viejo refrán castellano de: consejos vendo, que para mí no tengo. Valga como muestra que, a fecha de hoy, tiene usted adscrito al Ministerio de la Presidencia, a su propio Ministerio, el Consorcio Programa de Preparación de los Deportistas Españoles de los Juegos; aclaro, de los Juegos de Londres 2012. Por tanto, aquellas rebajas anunciadas y enfatizadas por el Gobierno huelen a chamusquina, porque se ha desperdiciado la mitad del mandato, la mitad de esta X Legislatura para acomodar el sector público estatal a la realidad económica de España que usted acaba de describir y que nos ha arrastrado a las gigantescas cifras de parados.
Finalizo, señor presidente, en todo caso, con palabras de estímulo hacia los que desde la CORA, desde la Oficina de Ejecución Opera y desde el Gobierno han afrontado esta responsabilidad comenzando por usted misma. Es bueno que estas medidas de racionalización y de búsqueda de la eficiencia de nuestras administraciones tengan la alta dirección de la Vicepresidencia, porque implica un compromiso político al más alto nivel, y es lo que necesita nuestro país para superar la difícil situación que atravesamos. Ojalá que las medidas puedan llevarse a efecto.