La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González, ha expresado hoy el rechazo absoluto del Gobierno del Principado y de la comunidad educativa asturiana a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) porque “atenta contra la igualdad e invade competencias autonómicas”.

La titular de Educación ha realizado estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación junto con sus homólogos del País Vasco, Andalucía, Cataluña y Canarias, antes de participar en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para informar del contenido autonómico de la LOMCE.

“Vengo con el respaldo del 90% de las familias asturianas que se pusieron en huelga contra la ley y que no fueron a los centros educativos para mostrar su total oposición a esta norma que nos quieren imponer el Partido Popular y el ministro Wert”, ha subrayado.

Ana González ha insistido en que la ley atenta contra la igualdad y los derechos fundamentales, ya que supone la exclusión de parte del alumnado del sistema educativo e implica una jerarquización socioeconómica de los estudiantes.

“Las familias no fueron a clase porque este Gobierno se ha negado a negociar con quien tiene que hacerlo, con las familias, con el profesorado y con las comunidades autónomas”, ha advertido.

La consejera también ha denunciado que la “prepotencia legislativa” del Gobierno de Mariano Rajoy se traduce en una invasión de las competencias autonómicas con la pretensión “de retrotraernos a modelos educativos de otros tiempos, modelos segregadores que tenían como principio la exclusión y la no inclusión”.

Además, a su juicio, el análisis que el Ejecutivo central realiza sobre la evolución del sistema educativo “tergiversa y falsea” la realidad. “Tenemos comunidades que en los últimos 30 años han presentado una mejora clara de sus resultados”, ha defendido.

Por otra parte, la consejera ha recordado que el Principado recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional cuando entre en vigor “porque como Gobierno tenemos la obligación de velar por el bien del alumnado y por una educación de calidad, frente a la nueva ley que nos proponen, que representa todo lo contrario”.