El Gobierno del Principado de Asturias ha presentado formalmente ante el Tribunal Supremo, durante la primera quincena de este mes, los dos recursos contencioso-administrativos que había anunciado contra el reparto del objetivo del déficit fijado por el Gobierno de Rajoy entre la Administración central y las comunidades autónomas y contra la imposición del objetivo de estabilidad presupuestaria para Asturias durante este año, el denominado déficit a la carta.

El recurso contra el reparto del objetivo del déficit entre administraciones se presentó en la primera semana de octubre, una vez cumplido el plazo de un mes (expiraba el 23 de septiembre) del que disponía el Ministerio de Hacienda para responder al requerimiento previo que le envió el Principado solicitando que modificase ese reparto por considerarlo injusto y perjudicial, al quedarse la Administración del Estado con la mayor parte del -6,5% permitido (el Gobierno central se reserva el -5,2% y sólo otorga un -1,3% a las comunidades autónomas). Ante la ausencia de respuesta del Ministerio de Hacienda, los servicios jurídicos del Principado consideraron desestimado el requerimiento y contra esa presunta desestimación se decidió recurrir ante el Tribunal Supremo.

El Consejo de Ministros celebrado ayer desestimó de forma expresa el citado requerimiento, por lo que una vez que el Principado reciba la notificación oficial se ampliará este recurso con las objeciones de los servicios jurídicos respecto a los argumentos que esgrima el Gobierno central.

El segundo recurso, contra el déficit a la carta, fue presentado directamente ante el Tribunal Supremo sin mediar un requerimiento previo al Ministerio de Hacienda, por considerar que la respuesta volvería a ser negativa. El Principado estima que el reparto asimétrico impuesto por el Gobierno de Rajoy representa un agravio para Asturias frente a otros territorios. Por primera vez el Ejecutivo central distribuye el -1,3% entre las comunidades de manera asimétrica, premiando a los gobiernos autonómicos que incumplieron los criterios de déficit el año pasado y castigando a los que hicieron sus deberes.

Reparto del déficit entre administraciones

El Principado considera que el reparto del objetivo de déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas que ha establecido el Gobierno de España no respeta las previsiones recogidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que regula el esfuerzo que debe realizar cada administración en la reducción del déficit estructural.

Así, los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros el 28 de junio y el 12 de julio implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la ley orgánica, con el consiguiente perjuicio económico para las autonomías.

El Gobierno asturiano ha reclamado desde el principio un reparto justo y equilibrado del objetivo de déficit entre la Administración central y las comunidades y ha rechazado en todo momento la decisión del Gobierno de Rajoy, que se ha reservado la mayor parte en ese reparto, arrebatando así a las autonomías recursos esenciales para la prestación de servicios esenciales como la sanidad o la educación.

Asturias está en condiciones de plantear estas reclamaciones, porque ha demostrado con hechos y cifras su capacidad para cumplir con el objetivo del déficit

Déficit a la carta

Hasta ahora, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijaban haciendo coincidir el objetivo global establecido para el conjunto de las comunidades autónomas con el individualizado. No obstante, en la revisión efectuada para este año se han impuesto por primera vez objetivos diferenciados.

Además de optar por un reparto distinto para cada autonomía, el Gobierno de Rajoy ha concedido un mayor margen a las que incumplen en detrimento de las cumplidoras como Asturias, que ha alcanzado los objetivos a pesar de estar en contra de la política de desmedida austeridad que impulsa el Ejecutivo central.

La imposición del déficit a la carta confirma que el Partido Popular está dispuesto a quebrar la equidad en el trato a las comunidades autónomas, una actitud que el Principado considera profundamente injusta, porque penaliza la política financiera responsable que se está llevando a cabo en Asturias y representa un agravio para la región frente a otros territorios.

El Gobierno central distribuye el -1,3% entre las comunidades de manera asimétrica, limitando así los recursos económicos a comunidades que, como el Principado, cumplieron con sus compromisos, al imponerle el -1,06%, frente al -1,60% de otros territorios.