Esta cuantía corresponde al incremento del objetivo de déficit para 2013, que pasó del 0,7% al 1,06% del PIB

La partida permitirá reforzar los servicios públicos fundamentales y acometer nuevas inversiones

Asturias.-El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado hoy el proyecto de ley de endeudamiento por un importe de 72 millones de euros, correspondientes al incremento del déficit autorizado para Asturias en el Consejo de Ministros del pasado 30 de agosto y que permitirá al Principado contar con unos fondos adicionales a los 3.808 millones del presupuesto de 2013.

Asturias contaba inicialmente para este año con un objetivo de déficit del 0,7% del PIB. Tras la flexibilización del margen del déficit otorgado por la Unión Europea a España, el objetivo para Asturias pasó del 0,7% al 1,06% del PIB. Esas 3,6 décimas de diferencia son las que se traducen en los 72 millones de euros, de los cuales 18 millones se destinarán a mantener el nivel de inversiones y el resto, 54 millones, a afrontar nuevas actuaciones.

La partida de 54 millones se traducirá, por un lado, en el refuerzo de los servicios públicos fundamentales y por otro, en nuevas inversiones productivas. En el primer capítulo se destinarán 20,5 millones más para sanidad y 15,5 millones para las partidas de política social, de los cuales 14 millones tendrán como objeto aumentar la dotación del salario social, que en el presupuesto vigente tenía una consignación inicial de 45 millones de euros.

Para el apartado de nuevas inversiones se destinarán 18 millones de euros, que tendrán como objeto acometer actuaciones necesarias y urgentes, como el mantenimiento de infraestructuras, el impulso al medio rural y el refuerzo en el apoyo a pymes y autónomos. Entre ellas destacan las primeras obras de adecuación de la Ciudad Residencial de Perlora, las obras de reparación de edificios de la Universidad de Oviedo o el incremento de la dotación presupuestaria para actuaciones municipales.

El proyecto de ley, que hoy se enviará a la Junta General del Principado para su tramitación, permitirá, en definitiva, garantizar y reforzar la cobertura de los servicios sociales y sanitarios, mantener inversiones que ya están en marcha y acometer nuevas inversiones productivas que contribuyan a la dinamización de la economía asturiana.