Ecologistas en Acción valora la evaluación de impacto ambiental en España al hilo de lo acaecido en el proyecto "Castor". Para la organización ecologista el riesgo ambiental o no se evalúa o no se considera por las administraciones responsables. Además, la nueva Ley estatal de Evaluación Ambiental que se tramita estos días en el Parlamento da un peligroso paso atrás en esta materia.

El caso de la Plataforma Castor ha puesto sobre la mesa las notables deficiencias en la evaluación de los riesgos ambientales, en este caso de carácter sísmico, asociados al proyecto. Cada día que pasa está más claro que el nivel de impacto que podía generar la inyección de gas en la plataforma continental del entorno del Delta del Ebro no se evaluó correctamente, ni se consideró como debiera a la hora de aprobar el proyecto.

A día de hoy, predecibles movimientos sísmicos afectan a una población de decenas de miles de personas de las provincias de Castellón y Tarragona. Y eso a pesar de que la empresa impulsora del Proyecto Castor, Escal UGS, realizó numerosos estudios geológicos supuestamente supervisados por el Gobierno que, sin embargo, fueron incapaces de predecir los terremotos que se han producido.

Una revisión de casos concretos de proyectos generadores de riesgos ambientales en España pone de manifiesto que este no es un suceso aislado, sino ejemplo de una casuística mucho más generalizada de lo que se piensa. Situaciones como el terremoto de Lorca, la desecación e incendios de las Tablas de Daimiel, inundaciones, incidentes en las centrales nucleares o los incendios forestales son ejemplos que Ecologistas en Acción recoge en un informe para ilustrar las deficiencias en los procesos de evaluación ambiental previos de esos proyectos. También las nuevas amenazas que representan la fractura hidráulica (fracking), el cementerio de residuos nucleares de Villar de Cañas o las prospecciones petrolíferas en Canarias y el Mediterráneo.

En ellos se revela que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas actúan con ligereza, cuando no con manifiesta negligencia a la hora de abordar los riesgos ambientales. La presión de intereses económicos y políticos se deja sentir en todo el proceso de evaluación ambiental y condiciona muchos estudios técnicos, que, a veces, incluso se obvian en la tramitación, determinando el sentido de las declaraciones de impacto ambiental y de las resoluciones aprobatorias, especialmente de los proyectos más conflictivos.

Por su parte, la normativa de impacto ambiental pasa de puntillas sobre la valoración de los riesgos ambientales, sean naturales o de origen antrópico. El contenido de los estudios queda a discreción del órgano ambiental, sin que sea preceptivo por Ley que se evalúen tales riesgos y su posible incidencia en la seguridad y salud públicas o en las condiciones medioambientales.

La nueva Ley estatal de Evaluación Ambiental que se tramita ahora en el Parlamento da incluso un paso atrás en esta materia. Además de mantener este tema en el olvido, se da la potestad a los promotores de tramitar directamente los proyectos sin pasar por un proceso de consulta previa en el que determine el contenido y alcance de los estudios de impacto. Bajo la demagógica justificación de ahorrar tiempo de tramitación, se coarta la posibilidad de que los organismos científicos y el público en general aporten sus inquietudes en este sentido para que todos los riesgos sean debidamente analizados a lo largo de la tramitación y se obtengan declaraciones de impacto bien fundamentadas. La situación actual es que a menudo se ignoran las advertencias de científicos o las controversias que pueda haber en estos ámbitos sobre la evaluación de un determinado riesgo, y con la nueva ley que se tramita esta situación empeorará.

Ecologistas en Acción pide medidas concretas que se incorporen a la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, así como un cambio de actitud en los Gobiernos y en las Administraciones para actuar con el rigor y ecuanimidad necesarios en la toma de decisiones sobre proyectos con riesgos ambientales.

Entre otras medidas plantea que se incorpore como un elemento preceptivo en el contenido de los estudios de impacto ambiental la evaluación de los riesgos ambientales y para la seguridad y salud de las personas, sean de origen natural o antrópico. También que sea preceptiva la consulta previa a las distintas Administraciones y personas físicas o jurídicas interesadas o afectadas por un proyecto en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, tal y como ocurría hasta ahora.

Ecologistas en Acción va a trasladar a los grupos parlamentarios y al Gobierno estas propuestas para su incorporación a la nueva Ley de Evaluación Ambiental, así como la petición de que se cree un grupo de trabajo para abordar con mayor amplitud esta cuestión en otras normativas asociadas, como la de responsabilidad ambiental.

FOTO: Generalitat Valenciana