Madrid (E.P.).- El PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han sido las dos únicas formaciones parlamentarias que este jueves en el Pleno del Congreso han rechazado la retirada del proyecto de ley de reforma de las pensiones que había exigido el resto de grupos de la oposición a través de un texto consensuado donde también se instaba al Ministerio de Empleo a abrir un verdadero proceso de negociación con los agentes sociales y los partidos políticos en el seno del Pacto de Toledo.
La moción ha sido pactada por PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV, ERC, BNG, CC-NC y Geroa Bai, y también ha recibido el voto favorable de Compromís. Por su parte, tanto Amaiur como Foro Asturias (FAC) han optado por la abstención. En total, 130 votos a favor, 183 en contra y ocho abstenciones.
Este texto es el resultado de una transaccional a sendas mociones del PSOE e IU-ICV-CHA, registradas a raíz de las interpelaciones que ambos grupos parlamentarios plantearon hace unas semanas a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a cuenta de su propuesta de modificar el IPC por otro índice para revalorizar las pensiones y de crear a partir de 2019 un factor de sostenibilidad que vincule la cuantía inicial de la pensión a la esperanza de vida en el momento de entrar en el sistema.
ENTRARÁ EN VIGOR EN ENERO
El proyecto de ley, que ya se está tramitando en la Cámara Baja, prevé que desde el próximo mes de enero la actualización anual de las pensiones tenga en cuenta no solo la inflación, como hasta ahora, sino también la situación de ingresos y gastos de la Seguridad Social en un marco temporal de once años, y con un suelo de subida del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%. En los Presupuestos de 2014 la previsión de incremento de las pensiones que se recoge es del 0,25%, aunque el Gobierno ha dicho que se podría modificar el dato en función del resultado de la tramitación del proyecto de ley.
Los 'populares' defienden que esta propuesta permitirá garantizar el poder adquisitivo de los pensionista a medio plazo --ayudado también por la moderación de la inflación que se espera mantener--, así como blindar a las pensiones de futuras congelaciones o bajadas. En cualquier caso, Báñez ha insistido en que su texto no es inamovible y que se puede enriquecer con las aportaciones de la oposición, aunque mantiene el plazo de final de año para tener aprobada la ley.
NO SE GARANTIZA EL PODER ADQUISITIVO
Sin embargo, en el texto pactado se rechaza el proyecto de ley del Gobierno porque "acaba con el derecho de las pensiones a la revalorización, condena a la pérdida continuada de poder adquisitivo y vulnera la Constitución".
Así, se pide al Ejecutivo que retire la norma, revalorice las pensiones en función del IPC el próximo año y abra un proceso de concertación social con sindicatos y patronal, y también con los partidos políticos en el Pacto de Toledo.
Además, el texto exige que se separen los problemas coyunturales de los estructurales. Para afrontar los primeros, se plantea usar "de forma ordenada" el fondo de reserva de las pensiones, mientras que para los segundos se recoge una batería de medidas, entre ellas reestructurar los ingresos del sistema y completarlos con la imposición general, incrementar progresivamente las bases de cotización, incluyendo todos los conceptos hoy excluidos; derivar las medidas sociales que hoy paga la Seguridad Social hacia los Presupuestos y culminar la unificación de los regímenes de cotización.
Finalmente, los grupos parlamentarios han incluido en la moción las peticiones al Gobierno de que adopte políticas activas que permitan el incremento del empleo y, así, de los cotizantes; y también que impulse políticas de apoyo a las familias para fomentar la natalidad, la conciliación y la corresponsabilidad, de manera que se puedan afrontar los retos demográficos de futuro.
