El Gobierno de España se suma hoy a la jornada mundial y europea contra la pena de muerte, que se celebró por primera vez en 2003 como respuesta a un llamamiento hecho por la Coalición Mundial contra la pena de muerte que reúne a organizaciones no gubernamentales, asociaciones de abogados, sindicatos y gobiernos de todo el mundo.
Desde entonces, cada año se viene celebrando el día 10 de octubre como el día mundial y el día europeo contra la pena de muerte, dado que en 2007 el Comité de Ministros del Consejo de Europa decidió declarar esta misma fecha como el día europeo contra la pena de muerte.
La pena de muerte es una prioridad de la política exterior de España en materia de derechos humanos. En los últimos años, la firme posición de España en contra de la pena de muerte se ha plasmado en la creación y apoyo posterior a la Comisión Internacional contra la pena de muerte y sobre todo, en la celebración en Madrid del V Congreso Mundial contra la pena de muerte en junio de 2013.
El Congreso Mundial de Madrid supuso un éxito sin precedentes, gracias, en parte, al firme apoyo económico, político y logístico de España como país anfitrión. En ese Congreso se puso de manifiesto que si bien es verdad que 2/3 de los Estados del mundo caminan hacia la abolición definitiva, también es cierto que todavía existe 1/3 de países retencionistas, que en algunos casos al aplicar la pena de muerte violan las mínimas garantías reconocidas en el derecho internacional. Por ello, este Congreso contra la pena de muerte fue una pausa necesaria para reflexionar, crear redes y seguir diseñando estrategias para afrontar los retos que la pena de muerte plantea a la comunidad internacional, cada vez más convencida del carácter indigno, inhumano y degradante de esta pena.
España ha desempeñado un papel destacado y reconocido por otros Estados en la defensa de la abolición de la pena de muerte en foros internacionales como la Unión Europa, el Consejo de Europa, la OSCE y Naciones Unidas. En este sentido, España ha apoyado las campañas que cada dos años tienen lugar en Nueva York y en terceros países para lograr más votos en la resolución por una moratoria universal de la pena de muerte en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Acuerdo de 4 de octubre de 2013 por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del día mundial y del día europeo contra la pena de muerte
El Consejo de Ministros aprueba las siguiente Declaración con motivo del día mundial y del día europeo contra la pena de muerte:
El primer día mundial contra la pena de muerte se celebró en 2003, como respuesta a un llamamiento hecho por la Coalición Mundial contra la pena de muerte, que reúne a organizaciones no gubernamentales, asociaciones de abogados, sindicatos y gobiernos de todo el mundo. Desde entonces, cada año se viene celebrando el día 10 de octubre como el día mundial contra la pena de muerte. Asimismo, el 26 de septiembre de 2007 el Comité de Ministros del Consejo de Europa decidió declarar esta misma fecha como el día europeo contra la pena de muerte.
La abolición de la pena capital tiene su fundamento en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que España es parte, y que prevé la abolición total de la pena de muerte para todos los Estados parte.
España ha hecho de los derechos humanos un elemento fundamental de su acción de gobierno, de su sistema judicial, y de su política exterior y de cooperación. La abolición de la pena de muerte es una prioridad de la política exterior en materia de derechos humanos.
El Gobierno de España reitera su oposición a la pena de muerte en toda circunstancia, con independencia del crimen cometido. Se considera la pena de muerte un castigo cruel, inhumano y degradante, que además de conllevar serias violaciones de derechos humanos, carece de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial.
España forma parte de una amplia coalición de Estados que han promovido la aprobación las resoluciones de las Naciones Unidas en 2007, 2008, 2010 y 2012 sobre una moratoria mundial de la aplicación de la pena de muerte. El apoyo plasmado en estas resoluciones, con 111 votos a favor en la última resolución del 20 diciembre de 2012, confirma la tendencia internacional cada vez más generalizada contra la pena de muerte. 150 países de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas han abolido la pena de muerte o han introducido un moratoria en las ejecuciones. Al mismo tiempo, todavía quedan un tercio de países que siguen aplicando la pena de muerte y muchos de ellos no respetan las garantías mínimas que el derecho internacional impone para la aplicación de esta pena: algunos Estados consideran la pena de muerte secreto de estado y no proporcionan información sobre las condenas o número de ejecuciones; también hay sistemas penales que consideran la pena capital obligatoria para determinados delitos, sin margen de discrecionalidad para los jueces; a menudo, los juicios adolecen de las garantías mínimas y en ocasiones, se castiga con muerte la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio o el tráfico de drogas, e incluso se ejecuta a menores de edad.
Por ello, España continuará intensificando sus esfuerzos en los distintos foros internacionales para conseguir la aplicación de una moratoria efectiva y universal de la pena de muerte, como paso previo a su total abolición.
En cumplimiento de este compromiso contra la pena capital, España sigue apoyando los trabajos de la Comisión Internacional contra la pena de muerte, organismo con sede en Ginebra, creado a iniciativa de España en octubre de 2010 y que reúne a personalidades de reconocido prestigio, cuyo valor añadido es la capacidad de influencia e interlocución que les otorga su dilatada experiencia internacional.
Además, del 12 al 15 de junio de 2013, Madrid acogió el V Congreso mundial contra la pena de muerte, organizado por la sociedad civil, con el apoyo de España, Noruega, Suiza y Francia. El Congreso alcanzó un éxito sin precedentes, con más de mil asistentes de todos los continentes, incluidos representantes políticos de países retencionistas. El Congreso de Madrid dejó claro que existen sólidos argumentos jurídicos y técnicos para rechazar la pena de muerte y que la causa abolicionista no es una causa europea, sino una causa universal.
