La cartera publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución en la que se determina que se entregarán 100.000 pesos a quien pueda aportar datos de Juan Pedro Asaro, Fernando Alberto Otero y Raúl Arturo Viglizzo, procesados por delitos de lesa humanidad.
El Ministerio de Justicia determinó hoy el ofrecimiento de recompensas por datos del paradero de Juan Pedro Asaro, Fernando Alberto Otero y de Raúl Arturo Viglizzo, imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En noviembre de 2010, el juez Rodolfo Pradas, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, dispuso el procesamiento de los acusados sospechados de integrar un grupo paramilitar con el objetivo de cometer crímenes de lesa humanidad, en los días previos al golpe militar del año 1976.
En una resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial, la cartera de Justicia ofrece 100.000 pesos a cualquiera que pueda aportar datos de algunos de los buscados. Además, dispone que la recompensa se publique en los medios gráficos de circulación nacional.
En la causa se investiga la presunta conformación de los acusados “de una asociación ilícita, enmascarada en la agrupación Concertación Nacional Universitaria (CNU), valiéndose para ello de su pertenencia activa a la misma, o de una estrecha ligazón con dicho grupo, quienes se habrían agrupado con anterioridad al 20 de febrero de 1975, con un claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados, desde homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, como así también robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, uso de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos”, dice la resolución judicial.
El escrito del magistrado Pradas precisa que entre las imputaciones “se encuentran los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg , Daniel Gasparri y Jorge Stoppani”. Además, “la privación ilegítima de la libertad y homicidio de María del Carmen Maggi, todo ello con una clara voluntad de persecución hacia los militantes de izquierda, hechos oportunamente encuadrados en la categoría de delitos de lesa humanidad”.
En noviembre de 2010, el juez Rodolfo Pradas, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, dispuso el procesamiento de los acusados sospechados de integrar un grupo paramilitar con el objetivo de cometer crímenes de lesa humanidad, en los días previos al golpe militar del año 1976.
En una resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial, la cartera de Justicia ofrece 100.000 pesos a cualquiera que pueda aportar datos de algunos de los buscados. Además, dispone que la recompensa se publique en los medios gráficos de circulación nacional.
En la causa se investiga la presunta conformación de los acusados “de una asociación ilícita, enmascarada en la agrupación Concertación Nacional Universitaria (CNU), valiéndose para ello de su pertenencia activa a la misma, o de una estrecha ligazón con dicho grupo, quienes se habrían agrupado con anterioridad al 20 de febrero de 1975, con un claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados, desde homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, como así también robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, uso de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos”, dice la resolución judicial.
El escrito del magistrado Pradas precisa que entre las imputaciones “se encuentran los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg , Daniel Gasparri y Jorge Stoppani”. Además, “la privación ilegítima de la libertad y homicidio de María del Carmen Maggi, todo ello con una clara voluntad de persecución hacia los militantes de izquierda, hechos oportunamente encuadrados en la categoría de delitos de lesa humanidad”.
