El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que continúan con el proceso de reducción del déficit y consolidación fiscal.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que "son unos presupuestos responsables y realistas en los que se busca el equilibrio entre la necesaria austeridad, la contención del gasto, especialmente del gasto de funcionamiento de la administración, y el impulso de la recuperación como base del crecimiento sostenido".
El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, ha subrayado que las cuentas públicas reflejan una revisión al alza de las previsiones de crecimiento y a la baja de la tasa del desempleo. Además, ha señalado que 2014 será el primer año en el que se produzca la recuperación efectiva de la economía española desde el inicio de la crisis en el año 2008.
En este sentido, De Guindos ha detallado que la economía española crecerá el año que viene el 0,7% del PIB y la tasa de paro caerá al 25,9%. A lo largo de la primera mitad de 2014 dejará de destruirse empleo en términos de contabilidad nacional y en la segunda mitad del año la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejará "creación neta de empleo, ligera, pequeña, todavía insuficiente, pero por primera vez" desde que comenzó la crisis.
El ministro ha recordado que todos los indicadores adelantados, tanto de la actividad económica como financiera, apuntan desde hace meses a una recuperación económica. "Ha finalizado la fase recesiva desde el punto de vista técnico en el primer semestre del año. Ya no estamos en la definición técnica de recesión. La proyección del Gobierno es que en el segundo semestre iremos a tasas intertrimestrales ligeramente positivas", ha dicho.
El escenario macroeconómico presentado por el titular de Economía y Competitividad también contempla la "contribución positiva y significativa del sector exterior, favorecida por la evolución de los costes laborales unitarios", según el ministro.
De Guindos ha añadido que en 2014 "continuará la corrección de todos nuestros desequilibrios macroeconómicos" y habrá una "moderación de la evolución de la demanda interna y un ligero crecimiento del consumo privado". Además, ha resaltado que la capacidad de financiación creciente de la economía española permitirá reducir la deuda externa en más de 50.000 millones de euros.
"En términos de crecimiento económico, evolución de empleo, sector exterior e inversión, el año 2014 marca un punto de inflexión importante con respecto a lo vivido desde 2008", ha concluido el ministro.
Presupuestos Generales del Estado
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha destacado en su intervención que el presupuesto para el año 2014 es el de la "recuperación económica y el que va a permitir abrir la puerta a la creación de empleo en nuestro país".
También ha subrayado que no habrá subidas de impuestos, incluso ha dicho que "el año que viene tendremos, por primera vez desde el inicio de la crisis, una bajada selectiva de impuestos".
"Estamos ante un presupuesto para la recuperación, pero que sigue teniendo las características que son ineludibles si queremos conseguir esa recuperación: son rigurosos, austeros y comprometidos con la reducción del déficit público", ha señalado el ministro.
Principales cifras
Según ha explicado el ministro, los presupuestos de 2014, que se presentarán el lunes en el Congreso, persiguen que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en 2016 esté por debajo del 3% del PIB.
La previsión de la evolución de los ingresos tributarios es "realista", el 2,4, y el gasto disponible para los ministerios es "austero", 34.584 millones de euros, casi un 5% menos respecto al año anterior, ha explicado Montoro.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado el "marcado carácter social" de estos presupuestos, pues, "dentro de los márgenes disponibles", la mayoría de los gastos tiene ese carácter. De hecho, se incrementan las partidas destinadas a becas, un 21,5%, cultura, 17,1%, vivienda, 4,8%, e I+D+i, un 1,3%. A ello hay que añadir el gasto que supone el sistema de seguridad social y el desempleo, ha apuntado.
Como ya adelantó el presidente del Gobierno, Montoro ha confirmado que la cifra oficial de déficit público de 2012 al cierre del ejercicio ha mejorado, pasando del 7% baja al 6,84, lo que a su juicio prueba que "quienes tienen la responsabilidad de gestionar lo están haciendo equilibradamente". El ministro ha añadido que son las corporaciones locales las que mejoran claramente sus cifras respecto a la situación anterior.
Desindexación de la economía
El Gobierno ha analizado el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía, tal y como está previsto en el Plan Nacional de Reformas. El objetivo de la norma es establecer, desde el sector público, una cultura de estabilidad de precios que permita mejorar la competitividad, en línea con el acuerdo de moderación salarial entre los agentes sociales del pasado 16 de mayo y otras reformas como la de las pensiones, según ha indicado la vicepresidenta.
El ministro de Economía y Competitividad ha concretado que la ley persigue "romper la relación de una serie de precios, rentas y subsidios del sector público con la evolución del IPC, de tal forma que la regla general sea la no indexación, es decir, la evolución cero o, como excepción, una evolución de estos precios, de estas rentas, subsidios o contratos públicos ligados a un índice que ya no sea el IPC sino que esté orientado a costes".
"Esta ley es importante porque cuando menos indexada esté una economía mayor será su potencial de crecimiento y generación de empleo y porque afecta a los consumidores y al gasto público", ha avanzado Luis de Guindos.
El ministro ha concretado que los gastos de bienes y servicios regulados que afectan a la cesta de consumo de las familias españolas suponen el 7% del total, unos 35.000 millones de euros.
La futura ley se aplicará a todas las administraciones públicas y afecta a todos los precios regulados, entre los que el ministro ha citado las concesiones administrativas, como autopistas; peajes eléctricos; la bombona de butano; billetes de autobús o metro; aguas; abono de telefónica; tarifas reguladas de Renfe, líneas de transporte marítimo, así como lo contratos públicos de obras, suministros o contratación. Quedan excluidos de la norma la negociación salarial colectiva, las pensiones y los instrumentos financieros.
Además, se crea un Índice de Garantía de Competitividad (IGC) que servirá de referencia para el sector privado y que será de utilización obligatoria cuando en los contratos privados únicamente aparezca indexación sin un índice concreto.