El Presidente de FORO, Francisco Álvarez-Cascos, manifestó a los medios de comunicación, al término de la reunión de la Comisión Directiva celebrada hoy, que “el Gobierno de Rajoy está incumpliendo gravemente el deber de aplicar su propia Ley de Estabilidad Presupuestaria a las CC.AA. con un considerable quebranto económico de graves consecuencias sociales para Asturias porque esta Ley contempla en su Capítulo IV medidas preventivas, correctivas y coercitivas con objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto que no está aplicando”.
EL GOBIERNO DE RAJOY INCUMPLE SU LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Álvarez-Cascos explicó que “las medidas preventivas establecen un mecanismo automático de prevención para garantizar que no se incurra en déficit estructural al final de cada ejercicio, y un umbral de deuda del 95% de los límites establecidos en el artículo 13.1 de dicha Ley, de tal forma que, una vez superado el mismo, las únicas operaciones de endeudamiento permitidas serán las de tesorería. Asimismo, la Ley fija un mecanismo de alerta temprana, similar al existente en la normativa europea, consistente en la formulación de una advertencia del Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a la Administración que pudiera incumplir, la cual tendrá un plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias. Queda claro que este Ministerio incumplió el mandato de formular advertencias a las CC.AA. incumplidoras”.
“En cuanto a las de carácter correctivo- continuó- la Ley contempla medidas automáticas, y tanto estas como las coercitivas son expresión de la responsabilidad de cada Administración en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria prevista en el artículo 135.5 de la Constitución. En el caso de que se produzca el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, se exigirá la presentación de un Plan Económico-Financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. La Ley regula el contenido que, entre otros extremos, deberá identificar las causas de la desviación y las medidas que permitirán retornar a los objetivos, la tramitación y el seguimiento de estos planes. Tampoco se tiene noticia alguna de la adopción de estas exigencias a las CC.AA. incumplidoras”.
Por último, Álvarez-Cascos se refirió a “las medidas coercitivas que la Ley establece” y que son concretamente las siguientes:
1º.- En caso de falta de presentación, de aprobación o de incumplimiento del Plan Económico-Financiero o del Plan de Reequilibrio, la Administración Pública responsable deberá:
a) Aprobar en el plazo de 15 días desde que se produzca el incumplimiento la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido
b) Constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal.
2º.- De no fructificar lo anterior, el Gobierno podrá acordar el envío de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas que serán de obligado cumplimiento. Mientras no las implemente, la administración afectada no tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en esta Ley.
3º.- Si una Comunidad Autónoma no adoptase el acuerdo de no disponibilidad de créditos, no constituyese el depósito obligatorio o no implementase las medidas propuestas por la comisión de expertos, las medidas previstas en la Ley son aún mucho más contundentes.
“A la vista de lo sucedido en 2012, y de lo que está sucediendo en 2013 está claro que el Gobierno de Rajoy está incumpliendo gravemente su deber de aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las CC.AA. incumplidoras, con un considerable quebranto económico de graves consecuencias sociales para Asturias a quien perjudica el trato discriminatorio que recibe respecto de aquellas”, concluyó.
El recurso del Principado
Álvarez-Cascos también expresó “la honda preocupación de FORO porque Javier Fernández sigue sin recurrir el reparto a la carta del déficit entre CC.AA. y se desentiende irresponsablemente de las consecuencias del reparto decidido por el gobierno de Rajoy, haciendo una grave dejación de funciones en su obligación de defender los intereses de los asturianos. Se escuda en unos requerimientos retóricos perfectamente prescindibles que son una simple cortina de humo sobre el fondo del verdadero problema para Asturias que no es sino el reparto a la carta del déficit entre CC. AA. impuesto por mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 31 de julio, con un grave perjuicio para el Principado de Asturias y sobre el que Javier Fernández sigue sin decidir nada. Los acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de junio y 12 de julio se limitaron a establecer los objetivos conjuntos o comunes de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las Administraciones Públicas, no son el problema para el Principado de Asturias, ya que éste surge del tratamiento discriminatorio favorable a las CC.AA. incumplidoras (Cataluña, Andalucía, Valencia, Murcia, Baleares) y penalizador para las CC.AA. cumplidoras, y no de la fijación de la cifra global del conjunto”.
