El tiempo medio que transcurre desde que se presenta la solicitud hasta que se recibe la prestación o servicio ha bajado de 21 a 13 meses

·       El número de beneficiarios de la Ley de la Dependencia atendidos hasta el 31 de agosto se situaba en 15.598, un 6% más que el 1 de junio de 2012

La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha señalado hoy que la lista de personas con dependencia reconocida pero pendientes de un servicio o prestación se ha reducido un 54,73% desde la llegada del PSOE al Gobierno del Principado. En concreto, el 1 de junio de 2012 había 5.573 personas en esta situación, mientras que a 31 de agosto de este año la cifra había bajado hasta las 2.523.

Esther Díaz ha dado a conocer estos datos en la Comisión de Bienestar Social y Vivienda y Vivienda de la Junta General del Principado, donde ha comparecido para informar sobre las actuaciones desarrolladas por su departamento en materia de Dependencia. La consejera ha subrayado que las diferentes medidas adoptadas han contribuido a acortar tanto los tiempos de tramitación como las listas de espera.

Así, el tiempo medio que espera una persona desde que presenta su solicitud hasta que recibe una prestación o servicio del sistema de la dependencia se ha reducido en ocho meses. El 1 de junio de 2012 ese plazo se situaba en torno a los 21 meses (14 hasta que se elaboraba el Plan Individualizado de Atención (PIA) y siete más hasta que la persona comenzaba a beneficiarse de la prestación o servicio). El pasado 31 de agosto, el tiempo medio de espera rondaba los 13 meses.

“A día de hoy, entre la propuesta de PIA y la resolución por la que se reconoce y presta el servicio o prestación no hay espera, puesto que las personas dependientes entran en el sistema al mes siguiente de la firma”, ha subrayado la consejera.

El número de personas beneficiarias de la Ley de la Dependencia que están atendidas también se ha incrementado por encima del 6%. En concreto, de los 14.656 beneficiarios registrados a 1 de junio de 2012, se ha pasado a 15.598 inscritos a finales del mes pasado.

En estén sentido, la titular de Bienestar Social ha indicado que mientras en Asturias hay más personas en el sistema de la dependencia, en España hay 81.432 menos, un hecho que, a su juicio, se explica porque el Gobierno regional “ha aplicado medidas diferentes, a pesar de todas la dificultades burocráticas y de las nuevas cargas administrativas para la gestión de la dependencia”.

Por otra parte, Esther Díaz ha adelantado que pronto entrarán en vigor nuevas iniciativas que persiguen que ningún beneficiario renuncie al servicio de la ayuda a domicilio por no poder hacer frente a su coste. Los usuarios han recibido una comunicación en la que se les informa de la situación generada como consecuencia de las modificaciones que ha aplicado el Gobierno de España a la normativa y que se traducen en un considerable incremento del copago, lo que ha generado preocupación entre los beneficiarios de este servicio.

Esther Díaz ha explicado que para ayudar a estas personas se planteará una nueva resolución para rebajar el copago,  dentro del escaso margen que otorga la normativa estatal y de la capacidad económica y presupuestaria de su departamento. El texto recogerá una serie de medidas que beneficiarán a las 1.781 personas dependientes que tienen acceso en Asturias al servicio de ayuda a domicilio.

Por un lado, se rebajará el tope máximo del copago, pasando del 90% del coste del servicio a pagar como máximo el 75%.  A modo de ejemplo, la consejera ha detallado que si el precio de referencia del servicio es de 15 euros por hora, con el tope del 90% el precio máximo para los usuarios sería de 13,50 euros, mientras que aplicando el 75% se situaría en 11,25 euros.

Por otra parte, también se aplicará a la fórmula del copago un mínimo exento de garantía para gastos personales, el denominado dinero de bolsillo, que será de medio IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), esto es, de 266 euros al mes. Díaz ha aclarado que con este mínimo exento en la aplicación de esa fórmula “conseguiremos una rebaja importante en el copago, de modo que, respetando la progresividad en función de las rentas y según el grado de dependencia de cada persona, se favorecerá a quienes tengan ingresos más bajos”.

A modo de ejemplo, la consejera ha explicado varios casos para mostrar cómo afectará el nuevo copago, indicando lo que tendrían que pagar los usuarios con la normativa estatal y lo que pagarán una vez se dicte la nueva resolución: