Oviedo.-Cristina Coto, portavoz de FORO en la Junta General, se ha referido hoy al auto del TSJA por el que se da al Principado 50 días para destituir a todos los jefes de servicio, coordinadores, asesores, analistas, interventores, secretarios, directores o responsables nombrados por libre designación: “ahora nos encontramos con mas de 200 altos funcionarios que se verán afectados por una larga política socialista de nombramientos a dedo”.
Dice Cristina Coto que “estamos hablando de hechos que se remontan a 2008, fecha desde la cual ha habido varias sentencias judiciales que fueron dando la razón a los representantes laborales, sin que por ello los Gobiernos socialistas tomaran nota y las ejecutaran”.
Según la portavoz de FORO, “por supuesto, vuelven a mentir al afirmar que su política es la que se recoge en el actualmente en tramitación proyecto de Ley de Función Pública de Javier Fernández, que persevera en las prácticas enchufistas que han sido emblema de los gobiernos socialistas, a través de la nueva figura-excusa de Personal Directivo, para seguir con la contratación a dedo”.
“Los gobiernos del PSOE han incumplido reiteradamente las sentencias firmes sobre inaplicación de la libre designación a los puestos de estructura administrativa, hasta el escándalo de llegar a este ultimátum de la sala de lo contencioso; si bien, para continuar inaplicando los pronunciamientos judiciales han creado la figura del Personal Directivo como intermedia entre la Dirección General y la Jefatura de Servicio, con el único fin de construir un escalón intermedio que permita su nombramiento por el procedimiento de libre designación.” Afirmó Coto, que añadió que “Asturias es una de las pocas Comunidades Autónomas que recurren a esta trampa, extendiéndola además a todos los empleados públicos sin limitación alguna, cuando lo lógico sería que el contenido de las funciones directivas quedara perfectamente limitado”. Y a juicio de la diputada “la actitud del gobierno del PSOE sigue la de sus antecesores, que degradaron la función pública y se reafirma en su desobediencia para acatar las sentencias judiciales y en su rechazo a una Administración profesional e independiente”.
