Por Carmen Gómez-Cotta y Sandra Gallego Salv/Ethic.-En el siglo XXI, la globalización ha dejado las cartas del tablero internacional sobre la mesa y boca arriba. Las empresas y organizaciones que operan a nivel global son actores esenciales para la promoción de los derechos humanos en los países donde el subdesarrollo y la corrupción resquebrajan las garantías de un estado de derecho. La Cátedra de Ética Empresarial de la Universidad de Comillas y la revista Ethic diseccionan, de la mano de un reconocido grupo de expertos, las claves para una globalización sostenible.

Las empresas, principales agentes económicos tanto por su volumen de actividad como por su influencia social y su impacto ambiental, tienen un enorme potencial para generar inversión, empleo y crecimiento, pero también pueden cumplir un papel fundamental gracias a su «poder transformador» en cuestiones como el progreso democrático de un país, la reducción de la pobreza o la lucha contra el cambio climático.

Las empresas per se, por el mero hecho de internacionalizar su actividad e invertir en el extranjero, no crean desarrollo y riqueza en los países donde operan. Todo depende de cómo lo hagan. Como apunta John Ruggie, profesor de la Universidad de Harvard y representante especial para los Derechos Humanos en Naciones Unidas, «el libre funcionamiento de los mercados puede acarrear serios riesgos para los derechos humanos si el alcance y poder de los actores económicos logran rebasar las bases institucionales sobre las que estos operan».

Para las comunidades locales, la actividad y las oportunidades que esas empresas generan en sus territorios pueden suponer un gran motor de cambio y mejora. Para las organizaciones que optan por globalizarse, se trata de un proceso en que surgen numerosos riesgos -impactos medioambientales o en comunidades indígenas, vulneración de derechos y libertades, explotación infantil…- a los que, como explica Clara Bazán, directora de Responsabilidad Social de Mapfre, «es muy importante saber anticiparse a través de un análisis que te permita detectar dónde pueden surgir problemas para poder gestionar el proceso con una estrategia sostenible y de largo plazo». Además, «los inversores hoy día quieren saber que controlas tu mapa de riesgos y que has minimizado al máximo tus riesgos reputacionales y Mapfre está presente en 46 países», añade.

Los riesgos de internacionalizar

Isabel Roser, socia-fundadora de Human Rights & Business, traza una ecuación que va de lo general a lo particular: «La globalización económica y financiera tiene que convertirse también en una globalización de derechos», apunta antes de enfatizar que «el problema es que algunas empresas aún ven, de forma errónea, la promoción y la gestión de los derechos humanos como un freno a la competitividad».

En el caso de las compañías españolas, el proceso de internacionalización tiene un enorme peso en la economía doméstica, ya que representa el 42% del PIB, según el informe de Intermón Oxfam (IO) La empresa española y los derechos humanos.  La principal conclusión de este documento es que el impacto positivo de la inversión en el extranjero es clave para «crear un crecimiento económico sostenible, reducir la pobreza y respetar los derechos humanos».

«Tendemos a  pensar que las situaciones más graves son provocadas por multinacionales y en muchas ocasiones no es así», explica María Dolores López, responsable de Sector Privado de IO, que nos recuerda el caso de Hidralia, una pyme española cuyo proyecto hidroeléctrico ha generado un fuerte conflicto con las comunidades locales en Guatemala. Cristina Sánchez, analista de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, también incide en el papel de las pymes que, a su juicio, es también mucho más determinante de lo que se cree: «El principal riesgo para las pequeñas y medianas empresas es, precisamente, que no aprecian riesgos a la hora de velar por los derechos humanos, dan por hecho que es algo ajeno a su actividad».

Sánchez también deja caer otro aspecto muy relevante a la hora de hablar de derechos humanos y organizaciones: el control de proveedores. Cuando en los años 90, a Nike le estalla una gran crisis reputacional porque la fabricación de sus productos se relaciona con explotación de mano de obra infantil en países pobres, se traza una derivada que algunas organizaciones siguen sin aplicar: si una corporación se relaciona con proveedores que no respetan los derechos humanos se convierte directamente en corresponsable.

No a cualquier precio

Según el Observatorio de la Empresa Multinacional Española, la actividad exportadora del país pasó de apenas 97.400 empresas en 2007 a 123.000 en 2011, debido sobre todo a la coyuntura económica. «En un contexto de crisis, es comprensible que se impulse la salida de las compañías a terceros países, pero la internacionalización no debe hacerse a cualquier precio: no en perjuicio de las personas, de las comunidades y de la vulneración de los derechos», sostiene Jaime Atienza, director del departamento de Campañas y Ciudadanía de IO.

El pasado 24 de abril un edificio de ocho plantas que albergaba cinco talleres textiles en las afueras de Dacca, capital de Bangladesh, se derrumbó. Murieron 1.126 personas. No era, en absoluto, un hecho aislado. En noviembre de 2012 otros 112 trabajadores habían muerto calcinados en una fábrica textil y en enero siete mujeres fallecían en otro incendio en una factoría del país asiático. Los bangladeshíes se encuentran entre los trabajadores textiles con los sueldos más bajos del mundo: 32 euros al mes y jornadas de hasta 15 horas. «Sería interesante analizar los datos de ventas posteriores a la tragedia y ver si el consumidor en Occidente ha penalizado a las marcas que estaban produciendo su ropa en esas fábricas», apunta el secretario de Acción Sindical Internacional de FITEQA-CC.OO, Isidor Boix.

En el encuentro que la revista Ethic tuvo hace unos meses con el Premio Nobel de Economía Peter Diamond, el profesor del Massachusetts Institute of Technology nos dejó alguna reflexión sobre la globalización económica: «Crea riqueza entre los que más tienen y no va acompañada de políticas reales de distribución». Con el trasfondo de un modelo productivo global asimétrico surgen algunas preguntas: ¿es legítimo basar nuestro bienestar en la miseria de otros pueblos?, ¿qué obligaciones y responsabilidades tienen las empresas y organizaciones en relación con los derechos humanos?, ¿qué pueden hacer los ciudadanos?

«La crisis podría ayudar a provocar un cambio de modelo de consumo», apunta Boix, antes de reconocer que «una cosa es señalar ese camino pero cómo conseguirlo es algo realmente difícil». «Es complejo porque ese cambio de modelo significaría además que el éxito de Inditex, por ejemplo, se iría al carajo».

Para Javier Chércoles, experto y asesor de Primark para la crisis de Bangladesh, es necesario desarrollar «nuevas preocupaciones corporativas por lo que la gente hace y es, ya sea dentro de las fábricas textiles que integran las cadenas de producción en Bangladesh, en los centros mineros de Perú o fuera de las mismas, en las comunidades en donde residen los trabajadores y sus familias».

«Gestionar este ambicioso reto corporativo implicará partir de Códigos de Conducta elaborados de acuerdo con las principales Convenciones de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, compartir centros productivos en donde el ser humano sea visto como protagonista libre porque, en definitiva, la vida es mucho más valiosa que el consumo por mucho que la restricción a la libertad derivada de las carencias materiales sean de enorme importancia», reflexiona Chércoles.

Corresponsabilidad y avances

La corresponsabilidad de los distintos agentes es uno de los puntos en el que coinciden los expertos. «La corrupción es un gran foco de riesgo para los derechos humanos. Y aquí todos somos responsables: las empresas, las administraciones públicas, los sindicatos, el tercer sector… La ciudadanía tiene que exigir transparencia», argumenta Clara Bazán, de Mapfre. «Es importante, además, que todas las organizaciones –empresas, ONG, sindicatos…- compartamos lo que hacemos por los derechos humanos y cómo controlamos nuestra cadena de valor». Para María Dolores López, de Intermón, «ese trabajo conjunto es lo que sirve para provocar avances y transformaciones».

Los Principios Rectores en Derechos Humanos de Naciones Unidas, también conocidos como los Principios Ruggie, se han convertido en el estándar internacional.

Las normas de derecho internacional han recaído tradicionalmente sobre los Estados y gobiernos. Pero en los últimos años, ante la evidente corresponsabilidad de otros agentes, han surgido a nivel internacional una serie de alianzas en torno a sectores de actividad. Ethical Trading Initiative (ETI), por ejemplo, es una unión de compañías, sindicatos y organizaciones de voluntariado que trabajan para mejorar la vida de los trabajadores de todo el mundo dedicados al cultivo o la producción de bienes de consumo. Global Network Initiative (GNI) es una alianza de empresas de Internet, ONG y sociedad civil creada en 2008 que lucha contra las censuras de los gobiernos y las amenazas a la privacidad en la red. El Proceso Kimberley, que surgió en 2002, reúne a gobiernos, industria y sociedad civil para luchar contra el conflicto de los diamantes en bruto. O la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés), también de 2002, que congrega cada dos años a representantes de países, empresas y sociedad civil para analizar los avances y desafíos a los que se enfrenta este vasto sector. También desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto Mundial de Naciones Unidas o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se han puesto en marcha iniciativas para fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos.

Principios Ruggie

Pero la propuesta que más valor está aportando en el terreno de los derechos humanos y la empresa son los Principios Rectores en Derechos Humanos de Naciones Unidas, también conocidos como los Principios Ruggie, que señalan la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, al margen del tamaño, actividad, sector o lugar en el que operen.

Según el propio Ruggie esta iniciativa surgió  precisamente de la constatación de que, a pesar de existir numerosas iniciativas públicas y privadas, ninguna había alcanzado la dimensión suficiente para movilizar a los mercados en el compromiso con el respeto a los derechos humanos. Los tres principios fundamentales que establecen son el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a los mecanismos de reparación.

«Nuestras multinacionales sólo podrán generar impactos positivos cuando alineen sus estrategias corporativas hacia un concepto amplio de desarrollo que le conciba como una ampliación de la libertad y, más precisamente, como un proceso de expansión de las libertades de que disfrutan los individuos (trabajadores y sus familias)», opina Chércoles.

Los ciudadanos y el Plan Nacional

Sin una ciudadanía exigente, concienciada y que apueste por el consumo sostenible es muy difícil que se provoquen transformaciones. «Es necesario trabajar para educar y crear una conciencia ciudadana. El consumidor responsable nos beneficia, aunque sólo sea porque penaliza a las empresas que incurren en malas prácticas», señala la directora de RSC de NH Hoteles, Marta Martín. En este sentido, José Alías, periodista de la agencia de noticias Servimedia, defiende el papel de los medios de comunicación, que, en su opinión, son cada vez más sensibles a los asuntos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social. «La cobertura que ha tenido la tragedia de Bangladesh no se hubiera producido hace 10 años», apunta.

Pero, además de la implicación de los distintos agentes, también hace falta un marco legal que establezca las normas del juego. De ahí que el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos haya publicado una propuesta práctica para conseguir que los Estados desarrollen planes nacionales para implementar los Principios Rectores de la ONU.  Como consecuencia, España está elaborando un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas que se espera esté listo en el último trimestre de 2013.

«El Plan debería situar los derechos humanos en un lugar preferente dentro de las estrategias de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas. También debería contener las medidas específicas para su aplicación, tanto en España (por actores públicos) como fuera de nuestras fronteras (embajadas y oficinas comerciales), así como evaluaciones periódicas de su grado de cumplimiento», defiende Atienza, de Intermón Oxfam.

Fotos: Almudena Manjarín©