El senador de IU, Jesús Iglesias, alertó hoy de la devaluación del papel de la Justicia española, cuya precariedad se ha visto agravada por decisiones como el cobro de tasas judiciales y que ahora volverá a sufrir un retroceso por la falta de personal o las reformas previstas que conllevarán el cierre de juzgados en zonas rurales. Junto a ello, se abre la amenaza a la independencia del Consejo General del Poder Judicial, donde el PP se está asegurando una mayoría altísima y “aplastante”.
El parlamentario inscribió la situación en el intento del Partido Popular de controlar todos los resortes del Estado. “Como obviamente, el Gobierno no quiere un contrapoder judicial que se convierta en un obstáculo a las políticas de ajuste y recorte, juega a devaluar el papel de la justicia. Ayer, el hecho de que la mayoría del Tribunal Constitucional se posicionara considerando imparcial a su presidente no va a ayudar en esa búsqueda del reforzamiento de la credibilidad ante los ciudadanos”, afirmó.
Respecto al cierre de juzgados en zonas rurales, Jesús Iglesias señaló que vendrá dada por la reforma de la Ley de Plant. “En estos días, la portavoz del CGPJ ya empezaba a decir que la distribución de los juzgados en nuestro país era algo del siglo XIX, de una sociedad rural, que ya no es la existente. Interpretemos, los juzgados de los pueblos van a desaparecer y eso va a significar no solamente pérdida de empleo, sino también más lejanía de la justicia”.
Jesús Iglesias rechazó que España sea un país querulante y puso en cuestión que la sustitución de procesos judiciales por otros arbitrales vayan a mejorar la defensa de los ciudadanos. El senador aludió a la memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2012 en la que queda constatada una bajada de los pleitos, en la que se constata que, frente al argumento del PP de que España hay mucha litigiosidad, un año más, se produce una caída. “El Gobierno, basándose en esa supuesta vocación de los españoles de acudir al juzgado por encima de lo razonable y de lo que ocurre en otros países, plantea como alternativa el arbitraje, que los ciudadanos utilicen instrumentos al margen del sistema judicial para resolver sus conflictos. Eso seguramente es más barato pero, desde luego, no garantiza una solución más justa”.
Según la memoria, en 2012 se ha producido una bajada de la litigiosidad en un 0,9%, y eso, explicó el senador, sin que todavía ese documento recoja los efectos por la nueva ley de tasas judiciales algo que, añadió, “no hay que ser adivino para prever que habrá una caída más acentuada”. Precisamente, ese sobrecoste de la justicia para la ciudadanía, ha sido, a juicio del parlamentario de IU una de las medidas estrella del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, y eso a pesar de los varapalos que, judicialmente, ya ha recibido. En ese sentido, recordó que las tasas que ya han tenido varios tropiezos, como el pronunciamiento de la sala cuarta, de lo Social del Tribunal Supremo, dejando sin efecto la aplicación de las mismas a determinados recursos, o la presentación de la cuestión de constitucional realizada por la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Las caídas de los litigios son dispares, con porcentajes que alcanzan el 22 por ciento en el caso de los procesos contencioso-administrativos –aquellos en los que los ciudadanos recurren decisiones de la Administración- o el 1,5% registrado en materia penal (1,5%). Frente a estos datos, resaltó Jesús Iglesias, “sube allá donde la crisis y las decisiones Gobierno se notan más: sube en el ámbito civil un 4%, no en divorcios y separaciones, pero sí en ejecuciones hipotecarias” (17,7%).
La reforma laboral también parece haber tenido sus efectos en materia judicial y estos procesos se incrementaron, en 2012 un 6%.
La justicia ha entrado en una situación precaria que se verá agravada, según el senador, como lo demuestra el incremento de los procesos que todavía están pendientes de su conclusión. “A pesar de que los jueces han trabajado más y han resuelto más casos de los que han entrado, sube la tasa de pendencia –los procedimientos que están esperando una resolución judicial- suben el 8,6% y sube la tasa de congestión el 3,2%”.
La memoria hace un pronunciamiento relevante en cuanto a las consecuencias judiciales de la reforma laboral, afirmó Iglesias, que podrían explicar el repunte de los procesos en este ámbito. “La memoria dice algo que habíamos dicho desde el ámbito político pero que adquiere ahora más valor porque se ratifica desde el la independencia del Poder Judicial. Dice: desaparición de los salarios de tramitación puede haber incidido en el aumento de los procesos por despido, ya que para el empresario tiene las mismas consecuencias el reconocimiento de la improcedencia, previamente, o en una conciliación en el UMAC (Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación ) o esperar que haya una declaración judicial de improcedencia. Pagar la indemnización resuelve el problema”.
En estos momentos, afirmó Iglesias, se necesitan más jueces y más magistrados (303) y otros 93 en órganos colegiados que no va a haber.
La perspectiva de una mejora de la justicia es, en tal situación, impensable ya que, explicó el senador, “por una parte la Ley de Tasas va a reducir las posibilidades de que los ciudadanos acudan a los juzgados y tribunales a defender sus derechos, pero los jueces seguirán igual de agobiados”.
