El senador de IU reclama que Asturias se "blinde" ante la nueva ley de costas y denuncia que el Gobierno facilitará las técnicas de fracking
Asturias.-El senador de IU, Jesús Iglesias, acusó hoy al gobierno del PP de poner en marcha una política de supeditación del medio ambiente a intereses económicos, con medidas que debilitarán las normas de protección de espacios naturales. “La acción del Gobierno en materia medioambiental ha sido una constante sumisión del medio natural a los intereses económicos. Siempre que ha habido posibilidad de sacar beneficio a costa del medio ambiente, el Gobierno del Partido Popular ha estado dispuesto a cambiar la normativa, suavizándola, haciéndola más laxa, para que ese beneficio económico fuera posible”.
De hecho, según Iglesias, el conflicto con Gibraltar es una argucia que, bajo la supuesta defensa de un área protegida, esconde un interés por desviar la atención sobre los auténticos problemas del país. Mientras tanto, las modificaciones legislativas emprendidas por el PP pondrán en riesgo la protección de importantes espacios. Como ejemplo, el senador aludió a la La nueva ley de costas que, añadió, “abre la posibilidad de acabar de hormigonar la costa, el litoral europeo más deteriorado. Y no lo digo yo, lo dijo en su momento la Unión Europea. Molestan esos bloques de hormigón –en referencia al conflicto gribraltareño-, se facilita que se construya prácticamente a pie de playa”.
El parlamentario recordó que esta reforma impulsada por el ministro Miguel Arias Cañete, que también participó, en su día, en la ley del suelo del gobierno de José María Aznar y que permitió hincharla burbuja inmobiliaria y que fue la base legal que consintió la urbanización “desmesurada” del litoral mediterraneo.
Jesús Iglesias alertó de los peligros de estos cambios legislativos que, de no remediarlo, podrían acabar con la “isla” asturiana, que, en materia de litoral ha resistido mejor la presión del ladrillo que otras zonas del Estado.
Ante esta situación, el senador de IU mostró la necesidad de que el Principado establezca un “blindaje” especial para la costa, dado que el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA) podría resultar insuficiente ante los cambios que se prevén. “Me parece bien esa idea de establecer un blindaje legal para la costa, sobre todo porque, ya antes de esta modificación de la ley de costas por el PP, cuando se confiaba en la capacidad del POLA para defender la costa se demostró que no era bastante”. Y es que, incluso con esta legislación más restrictiva, en pleno boom inmobiliario muchos municipios costeros iniciaron una “carrera loca” para modificar sus planeamientos con el objetivo de permitir la construcción, a pie de playa de más de 50.000 viviendas. “Ahora que aumenta el riesgo por la reforma de la ley de costas es evidente que el POLA no basta”.
Tampoco ha sido respetuoso el PP, añadió Iglesias, con la gestión de los residuos. Así, el senador recordó que las leyes que se ponían en marcha para favorecer el reciclaje desde la producción, han comenzado a “olvidarse”. “El Gobierno modificó la ley de residuos para frenar los avances que suponían un marco legal que cada vez era más exigente con los fabricantes a la hora de demandarles que se hicieran responsables de los embases de sus productos”.
La última vuelta de tuerca que supondrá un nuevo ataque al medio ambiente llega ahora, aseguró Jesús Iglesias, con las modificaciones legislativas que el PP está promoviendo para permitir la explotación de gas del subsuelo, mediante el fracking o fractura hidráulica. Este técnica, rechazada por la Junta General del Principado y por otras Comunidades Autónomas está ahora más cerca de su implantación, a pesar de los riesgos constatados de impacto ambiental de este tipo de explotaciones. “Incluso en EE UU, que es donde esta técnica alcanzó un nivel de desarrollo más alto, hay estados que se lo están replanteando por los riesgos que suponen: en primer lugar contaminación aguas subterráneas, contaminación de los suelos próximos por metales pesados y emisiones a la atmósfera de gas metano, el que más afecta cambio climático”. Frente a ello, el PP está promoviendo modificaciones legislativas que permitan el desarrollo de estas explotaciones en España.
“El consejo de Ministros del viernes pasado acordó algo que, a primera vista, pudiera parecer que supone un avance, todo lo contrario: se va a exigir a quienes planteen la utilización de la técnica de franking un estudio de impacto ambiental. Esa es la cobertura legal. Realizado el estudio de impacto medioambiental se concederán las licencias oportunas”, explicó el senador. El truco, abundó, está en que, en estos momentos, está una nueva reforma que normativa cuyo fin es hacer de este tipo de estudios previos menos rigurosos y fiables: “La trampa es doble. Al franking se le pide estudio de impacto ambiental para legalizar su utilización y, a la vez, se convierten los estudios de impacto ambiental en un coladero mayor del que ya era”.
