Avilés. El presidente del Principado, Javier Fernández, constató hoy en el acto inaugural de la XIV Escuela Internacional de Verano de UGT Asturias, en síntesis, un cierto fracaso en la consecución del estado de bienestar pòr la socialdemocracia europea, un retroceso en las libertades y el fin de una utopía para cuya recuperación, siendo dolorosamente realistas en el camino desandado por la ola involucionista que triunfa en Occidente, mucho más en españa, son precisas reformas verdaderas y profundas en las estructuras de los partidos, su financiación y la representatividad y la participación. Seguidamente ofrecemos íntegro el discurso del secretario general de la FSA y presidente del Principado.

El fin de las utopías

Recordarán ustedes la palabra utopía. Ahora apenas se pronuncia, pero no hace tantos años se citaba con frecuencia. Cuando se reconocía su imposible cumplimiento, se apuntaba como un horizonte necesario: el programa máximo, el norte hacia el que encaminar los esfuerzos. Era una invocación constante. Hubo varias: la libertaria, la comunista, la contracultural. Sé que hago una clasificación grosera, así que discúlpenme los eruditos; quiero decir que es imposible entender el siglo XX sin esas referencias ideales. Tan imposible como comprender el final de la misma centuria y el inicio de la actual sin la renuncia a ellas.

Para acotar, me refiero a lo que entendemos por mundo occidental y, más en concreto, a Europa. En la segunda mitad del siglo XX se consolidó un paradigma político-económico edificado sobre la democracia y la economía de mercado. Con los matices que sean necesarios, parecía que habíamos alcanzado la estabilidad permanente. Proseguía la injusticia, continuaban la desigualdad y la pobreza, no se había erradicado la corrupción ni las imperfecciones democráticas, tampoco se había olvidado la violencia, pero habían quedado reducidos a tamaños digeribles, o al menos eso se entendía mayoritariamente. Era así porque existía la red social del Estado del bienestar (welfare state). El triángulo virtuoso incluía derechos y libertades, progreso económico y red social. En algunos países de Europa parecía que la socialdemocracia estaba a punto de alcanzar sus últimos objetivos sociales, económicos y políticos.

No intento ser frívolo ni provocador. Muchas personas y muchas organizaciones –incluidos el sindicato y el partido en los que milito- seguían empeñados en la transformación de la sociedad, pero el paradigma era válido. Creíamos que se había llegado a un modelo aceptable y, lo más importante, continuamente mejorable. Las utopías estaban reducidas a la condición de extravagancia en trance de extinción, y ya sólo se permitían las modestas. Naturalmente, hablo de Europa y lo hago con un criterio eurocéntrico. Si incluyese al mundo islámico, por ejemplo, el análisis sería distinto.

Llega la crisis

Me pregunto cuántas veces se habrá abismado la humanidad, en varios tiempos y geografías, en el mismo pensamiento: la idea de haber alcanzado un estadio superior e imperecedero, sin vuelta atrás posible. Es una ensoñación contagiosa, como lo prueba la obcecación generalizada ante los despropósitos de la desregulación financiera y la sordera ante las voces de alerta. Pero los ciclos están en el propio ser del capitalismo. Hyman Minsky detalló cómo el ansia de rentabilidad estimula las burbujas económicas con una fuerza inercial imparable.

Y eso fue lo que sucedió en esta ocasión. Desde el crack de la banca fundada por los hermanos Lehman (Lehman Brothers) hasta hoy estamos asistiendo a un episodio de contracción que hizo añicos el espejismo de una etapa posthistórica.

Al calor de la recesión, han proliferado los ensayos explicativos y las comparaciones con la crisis del 29. Como es un asunto muy descrito, no voy a entrar en ello.  Pero sí me interesa resaltar que aquella crisis resulta inseparable de la gran convulsión política y económica que se dio durante la primera mitad del siglo XX. La pregunta que ahora corresponde sigue esa línea: ¿estamos en una contracción transitoria o en un episodio de cambio que también transformará el mundo?

Atreverse a contestar requiere una osadía que no tengo. Desde luego, hace  años que la cartografía del poder mundial ha cambiado, y eso ya es suficiente respuesta. Pero atiendo a lo que más conozco: nuestro mundo, el viejo mundo que es Europa, sí cambiará. O, dicho de otro modo, está en trance de hacerlo. Vuelvo al triángulo que antes dibujé. A diferencia de lo que ocurría hace una década, la Unión Europea no asegura hoy prosperidad económica, su red social se ha debilitado y las instituciones democráticas –con ellas, su haz de derechos y libertades- están cuestionadas. El triángulo virtuoso amenaza ruina.

El caso español

Dentro de ese triángulo vive el paciente español. España no atenúa con rasgos propios la recesión ni sus consecuencias, sino que las agudiza. El milagro económico nacional   flotaba en la esfera de una burbuja inmobiliaria, mientras en tierra firme la estructura productiva continuaba siendo frágil. Así ocurre ahora que para reducir el desempleo a los niveles anteriores a la crisis los expertos prevén más de una década. En cuanto a la red social, si no se vira el rumbo los ajustes acabarán consumiendo toda la parte magra del Estado del bienestar –y hablo de la educación y de la sanidad y de los servicios sociales- hasta dejarlo pelado en simple osamenta asistencial.

Por desgracia, no podemos obviar otros problemas propios. Por eso este curso de verano propugna una triple regeneración, porque quienes lo pensaron entienden que todas son necesarias. Y, efectivamente, hemos de  tener en cuenta también al menos otras dos cuestiones. Una es la tensión territorial, el conflicto de unos nacionalismos ensimismados en sus esencialismos y sus cantares de gesta. Otra es el deterioro de las instituciones, cuyo alcance afecta a la Corona, a la presidencia del Gobierno y también a los partidos y sindicatos.

Apreciarán que voy muy rápido. Quiero detenerme en la regeneración. Porque, efectivamente, todo este paisaje es el que nos lleva a plantearnos la necesidad de regenerar. Pero tengamos cuidado con el verbo: regenerar, en este caso, no puede limitarse a su significado exacto; no podemos re-generar, es decir, volver a generar lo mismo; tenemos que generar algo nuevo, sano y, subrayo, distinto; en muchos casos, habrá que rectificar, más que regenerar. Y eso nos incluye a los sindicatos y a los partidos.

¿De qué regeneración hablamos?

Tampoco me gusta la ensoñación. Hablaba antes de la utopía y después volveré a ella, pero para salir de esta situación no sirven los brindis al sol. Soy el primero en reclamar un cambio drástico en el proceso de construcción europea, pero asumo las coordenadas del espacio en el que me muevo. Cito esto en primer lugar porque el viraje de la política económica de la UE –la política de Ángela Merkel, de Olli Rehn, de Mario Draghi, de Joan Rosell y  tantos otros- va vinculado a otra concepción de Europa, de la unión que se significó por su calidad democrática, su progreso económico y sus derechos sociales. Es suicida continuar con un proceso de toma de decisiones extraño a los ciudadanos, ajenos a la discusión de medidas que afectan directamente a sus vidas. La recuperación y la continuación de la construcción democrática de la UE son, para mí, la primera rectificación necesaria. O se impulsa el federalismo como eje de la integración europea, o el nacionalismo se reforzará en Europa hasta que el euro nos separe.

La segunda pasa por el reconocimiento de un error: el empecinamiento en la austeridad es una condena para las economías del sur de Europa, España incluida. Nos han abocado a una devaluación interna que empobrece individual y socialmente. Tiene efectos beneficiosos, como el empuje a las exportaciones, pero también repercusiones negativas muy serias. Así, cobijadas bajo la bandera de la estabilidad presupuestaria y la contención del gasto público se han adoptado medidas que ponen en riesgo la supervivencia del sistema público de salud. O se ha aprobado la reforma laboral, con el pretexto de  acabar con una supuesta rigidez normativa que dificultaba la lucha contra el desempleo. El resultado ya lo conocéis: más paro, despidos baratos y empleo de peor calidad. Esta es la segunda gran rectificación que urge. Al igual que la primera, no afecta sólo a España; incumbe a todo el espacio europeo. El Gobierno español no puede, en ninguno de los dos casos, modificar las cosas por sí solo, ni yo se lo pido; lo que sí puede hacer es defender su criterio, expresar su malestar, oponerse, abandonar la complacencia, buscar alianzas. Pero para eso es preciso que no comparta, como comparte, los fundamentos ideológicos que animan tales políticas.

Esos cambios apremian. Os explico por qué. La crisis llama a buscar culpables. En este caso, está claro que el origen de la Gran Recesión fue un infeliz desorden financiero en el que primaba el desdén a toda regulación. Pero cuando las instituciones no aciertan a acabar –o, al menos, a aminorar- con la crisis, ellas mismas se convierten en culpables, por ineficaces. Ahí se nutre la desafección. En gran parte, la irritación y la exigencia ciudadana se vuelcan no sobre los responsables directos de la recesión, sino sobre quienes considera que deben resolverla, que deberían haberla resuelto ya.  Por eso los ciudadanos deben comprobar que todas las renuncias que se les piden sirven para algo. Porque si todo este enorme sacrificio colectivo fuese baldío, la combinación de crisis prolongada e ineficacia institucional actuará como un potente corrosivo del sistema democrático.

No tengo tentaciones apocalípticas. Digo que cuanto más alargue la recesión, cuanto mayor peso se descargue sobre las espaldas de los ciudadanos sin que obtengan fruto alguno, mejor se abonará el terreno para los populismos y los salvapatrias. Porque en estas situaciones, reitero, siempre se buscan y señalan  culpables, sean falsos o secundarios, como en una suerte de caza de brujas. Recordemos que en España, el primer agravante de la crisis es la burbuja inmobiliaria (Joan Coscubiela encontró una buena metáfora: la economía del eucalipto, plantada sobre la arena).

Pocas cosas son tan dañinas como una gran burbuja inmobiliaria. No se trata sólo de una laxitud en la concesión de créditos que propició el endeudamiento privado y llenó la mochila de activos tóxicos que ahora gestiona el banco malo (SAREB). También el impacto sobre las Administraciones públicas que decidían sobre dónde y cómo se construye, en el diseño de infraestructuras innecesarias y en el vaciamiento de las escuelas en beneficio del ladrillo con su secuela de fracaso escolar masivo.

Pues bien, la mayor parte de las críticas no han ido hacia esa diana; al contrario, han elegido otros cabezas de turco. En primera instancia, recordad, fue el Gobierno de Zapatero: si España estaba tan mal, era por culpa de los socialistas, que habían reconocido tarde la crisis y habían sido incapaces de gestionarla. Cuando este pretexto se agotó, se puso ante el paredón al Estado autonómico: eran las comunidades autónomas, grandes despilfarradoras, las responsables de la calamitosa situación. Vino la cantinela de un excesivo sector público, de una Administración mastodóntica y demás. A propósito, voy a leeros unas palabras pronunciadas hace sólo unos meses: “Quiero acabar con un mito sobre el verdadero tamanÞo de la Administración. Con datos de 2012 EspanÞa se situìa entre paiìses con menor gasto público de la UE, un 43% frente a 47% media zona euro… Nuestro mayor problema en realidad es el desplome de los ingresos públicos. En 2012, EspanÞa fue el país con menor nivel de ingresos público de la UE, 10 puntos por debajo de la media. Somos los que menos recaudamos”. Autor: Mariano Rajoy Brey. Fin de la cita. Una cita que, por cierto, debería memorizar el Partido Popular de Asturias para dejar de repetir sandeces sobre el sector público autonómico.

Recupero el hilo. Primero, decía, culparon a los socialistas; después, al Estado autonómico y al sector público; más tarde, desfilaron, como si formaran una cuerda de presos, los parlamentos autonómicos, las instituciones, los partidos, los sindicatos… En este barullo, sólo falta que se señale a la propia democracia. Y yo no me opongo a los cambios. Lo que me incomoda es que el listado de responsables exculpe al modelo económico-político causante de semejante desastre y a sus alegres gestores. 

Pues claro que hay que regenerar

No estoy diciendo que no haya que racionalizar el gasto autonómico, ni me desentiendo de las manchas que ensucian las instituciones, los partidos, los sindicatos, las patronales  y demás organizaciones. Al contrario, defiendo que tales asuntos sean abordados sin pausa. Lo que pido es que no pisemos una trampa evidente: los culpables de la gran recesión no son los gobiernos autonómicos, ni los parlamentos, ni los partidos, ni los sindicatos. No hagamos una causa general contra el Estado autonómico y sus instituciones. Si el sistema financiero hubiera estado mejor regulado, si la economía española no tuviese los pies en la arena, la crisis habría sido más soportable.

¿Nada que cambiar, pues? Mucho. Antes cité dos primeros cambios, anudados entre sí, por los que debe pelear el Gobierno español: la rectificación del proceso de construcción europea y de su política económica. También necesitamos una política industrial, porque la economía española precisa –y vuelvo al símil de la economía del eucalipto- enraízar en terreno firme. Esto lo entiende bien el comisario europeo Antonio Tajani, y lo reclama para toda la Unión. Da la impresión de que lo comprende mejor que el Gobierno de España y que el propio ministro de Industria, quien, salvo en el caso de los astilleros, sólo se distingue por su abulia. La excepción a su apatía es la desproporcionada hostilidad hacia la minería asturiana: para eso sí que despierta. Ahora que se negocia el plan del acero de la Unión Europea, esperamos que el ministerio de Industria esté dispuesto a defender los intereses de España. Puede, como siempre, contar con el apoyo del Ejecutivo asturiano, tal como sucedió, y sucede, con el tax lease. El mismo respaldo que se le ofreció –y despreció- con la minería o con la fábrica de armas de Trubia.

Pero, como indica el título de este curso de verano, no hablamos sólo de regenerar económicamente, sino también institucional y políticamente. España necesita afrontar su problema territorial. Aquí no se trata de re-generar ni de rectificar, sino de evolucionar. Nosotros defendemos la reforma de la Constitución para que España sea constitucionalmente el Estado federal que de hecho ya es. No sacamos un conejo de la chistera para distraer al personal, queremos un Estado federal que cierre el modelo, que acabe con la permanente tensión competencial que sufre España. Hoy no es irresponsable defender una  reforma constitucional, sino empeñarse en petrificar la carta magna, fosilizarla, fragilizarla para quitarle toda vida posible. 

Un federalismo, subrayo, cooperativo y solidario, en el cual se entienda bien que una transferencia de nivelación no es un regalo ni un subsidio, sino un derecho procedente de la pertenencia a un espacio público compartido y a una única economía estatal.  Lo digo con la vista puesta en la revisión del sistema de financiación. Si echáis un vistazo a cualquier sistema de financiación, siempre os toparéis con complejas fórmulas polinómicas. En este caso, también la habrá. Pero con independencia de cuánto se pondere tal o cual factor, no podemos perder de vista el resultado final. Y ese resultado debe garantizar algo tan elemental como la igualdad en la prestación de servicios públicos básicos en toda España. Algo así como “contribuir de acuerdo con sus posibilidades, recibir según sus necesidades”. Lamentablemente, el Gobierno del PP no me inspira confianza alguna en este asunto. Lo ocurrido con la distribución de los límites de déficit demuestra que estamos ante un Ejecutivo dispuesto a la injusticia con tal de salvarse a sí mismo y favorecer a los suyos. Con el déficit asimétrico (1,06 % del PIB para Asturias), el Gobierno nacional nos suprime injustamente recursos económicos absolutamente necesarios para defender nuestros servicios públicos. Servicios de los que nos beneficiamos todos y en los que trabajáis muchos. Os lo digo para que identifiquéis claramente dónde están los causantes. Sabéis también que hemos protestado y que denunciaremos la decisión ante los tribunales. Con igual firmeza, reaccionaremos si se plantea un modelo de financiación lesivo para Asturias.

Con su propuesta para modificar la Constitución, el Partido Socialista exhibe, a mi juicio, su condición de alternativa de gobierno. Pero también hablamos de nuestra propia reforma. Porque, sí, yo soy de los que piensan que los partidos deben reformarse. No lo digo de boquilla, lo creo. También lo predico de los sindicatos y de muchas otras organizaciones. Hemos de ser más flexibles, permeables, abiertos. Ningún dirigente ni afiliado debe tener sentido patrimonial de cargo alguno, sea orgánico o institucional; su labor siempre será transitoria y al servicio de la organización a favor de la sociedad, jamás para beneficiarse. Y esto vale tanto para el presidente del gobierno como para cualquier diputado, alcalde o afiliado de base. La actividad política no debe ser un modo permanente de vida.

Defiendo la reforma del sistema de financiación de los partidos. Las campañas electorales han de ser más cortas y con límites de gasto. También defiendo las primarias para la elección de candidatos, las listas desbloqueadas, la transparencia en los ingresos. Dije que mi gobierno debería tener los bolsillos de cristal y, sinceramente, creo que estamos siendo transparentes hasta la impudicia. En cuestión de semanas el Gobierno presentará ante la Junta General un proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno muy ambicioso.

Todo esto no lo digo para quedar bien. No me importa ser políticamente incorrecto, pero sé que esto, que queda muy bonito, apenas se reconoce en las elecciones. Por ejemplo, el Gobierno de Asturias ha hecho públicas sus nóminas. Podéis entrar en la web del Principado para consultar cuánto gana tal o cual consejero. Sin embargo, me temo que ese nivel de transparencia sólo sirva en la mayoría de los casos para el cotilleo morboso, que no se valore como la prueba que es de un gobierno transparente. Pero las cosas hay que hacerlas por convencimiento, no sólo porque resulten bien sonantes. Por eso mi gobierno impulsará esa ley de Transparencia: porque entendemos que la rendición de cuentas es una obligación de cualquier cargo público.

Reformas

Podéis advertir desazón en lo que digo. En efecto, así es. Creo sinceramente que las organizaciones políticas deben empeñarse día a día en pelear contra la tentación endogámica y en mantener abiertas de par en par las ventanas a la sociedad. Pero me molesta mucho que se meta, como sucede, a todas las organizaciones en el mismo saco. El PSOE elige a sus candidatos mediante primarias; ni el PP ni Foro lo hacen. El proceso es legítimo en todos los casos, pero ¿cuál da mayor protagonismo a los afiliados?

Pongo otro ejemplo. El Partido Socialista ha impuesto también un listón para los casos que le afectan. Los cargos públicos incursos en un proceso de juicio oral deben abandonar su responsabilidad o serán expulsados del partido. Puede parecer excesivo o tibio, poco o mucho, pero es un listón real que aplicamos. Otros, en cambio, nos lo exigen y nos señalan, pero son incapaces de aplicárselos a ellos mismos.  Vuelvo a preguntarme quién actúa con mayor ejemplaridad, si los que piden cuentas a los demás y son incapaces de exigírselas a sí mismo o si quienes demostramos con hechos nuestra responsabilidad sin presumir de dar lecciones a nadie.

Añado un tercer ejemplo. Sabéis que desde hace meses se viene hablando sobre las remuneraciones de los diputados de la Junta General. El Partido Popular se daba golpes de pecho y se llenaba la boca con declaraciones. Bien, pues se formó una comisión y el PSOE, con Izquierda Unida, presentó una propuesta concreta. Sabéis lo que sucedió. Foro la rechazó y el PP, profeta y adalid de la austeridad de los demás, aprovechó para silbar tangos. Ése es el compromiso real de la derecha con la regeneración y la transparencia. Adelanto que nuestra oferta sigue en pie, y pido, por lo tanto, a todos –a vosotros también- que cuando se hable de este asunto, cada uno con su opinión, se reconozca que hay una propuesta encima de la mesa. 

Habréis leído, visto y oído sobre el fin del bipartidismo. A veces se enuncia como si con ello se acabasen todos los males. Ciertamente, no veo nada revolucionario ni regenerador en ello. Me fijo en los programas, en los discursos, en las personas y en los hechos y os aseguro que nada me dice que ese declive favorezca la regeneración democrática.

Es más, os digo que la regeneración sólo será real si se  implican los grandes partidos, porque serán los que marquen el camino. Y hoy por hoy, y no me arrogo monopolio ético alguno,  el Partido Socialista está en condiciones de hacerlo. Con un requisito imprescindible: la eficiencia en la gestión. Esto es algo que tenemos que interiorizar. Si no somos gestores eficaces, serios y fiables, construiremos grandes discursos de cartón piedra que se desharán al enfrentarse a la realidad. Por favor, no dejemos nunca jamás que la derecha se apropie de la idea de la solvencia y la capacidad. Como estamos viendo en la práctica, esa tarjeta de presentación sobre los ministros superpreparados de la derecha era charlatanería de feria. Pero nosotros, la izquierda, no podemos renunciar a esos títulos. También debemos presumir de capacidad gestora, y demostrarla allí donde gobernemos. Ése será un excelente banderín de enganche para nuestro proyecto. Porque no podemos pensar, en modo alguno, que nos bastamos y nos sobramos por nosotros solos para hacerlo todo. Hemos de encarnar un proyecto ilusionante e inclusivo, abierto. Eso no lo lograremos si nos ensimismamos y encerramos en las cuatro paredes de nuestra endogamia. 

Con estos requisitos, el PSOE, vuelvo a decirlo, es una organización capaz de emprender todas las rectificaciones y regeneraciones que he anunciado y que considero imprescindibles:

-impulsar la construcción democrática de la Unión Europea,

-reclamar la rectificación de la política económica de la unión,

-salvaguardar el Estado del bienestar,

-diseñar y aplicar una política industrial nacional,

-promover una reforma de la Constitución que haga de España un Estado federal,

-fomentar la transparencia y la rendición de cuentas,

-asegurar la recuperación de la dignidad de las instituciones, y la regeneración de las propias organizaciones políticas

Todo eso es necesario porque, en efecto, no estamos sólo ante una crisis económica, sino ante una recesión que exige una respuesta económica y un compromiso ético. Ahí, en ese camino, creo que es inevitable el encuentro con los sindicatos. Sin duda, chocaremos a menudo, porque el diablo siempre acecha en los detalles. Pero si hablamos de rectificación de la política económica, de salvaguardar y mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos, de diseñar una política industrial y de mejorar la calidad de la democracia no puedo dejar de pensar que los sindicatos y, concretamente, la Unión General de Trabajadores, estarán también en ese empeño.

Y recordaremos, de paso, que no trabajamos sólo el día a día, sino que buscamos el horizonte de una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales. Eso que una vez se llamó utopía.

 (de izqda. a dcha.): El presidente de Análisis Económicos e Innovación de Liberbank, Antonio Álvarez Pinilla; el secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga; el presidente del Principado, Javier Fernández, y el secretario general de UGT, Cándido Méndez.