En septiembre de 2012, el Gobierno de Rajoy suprimió este derecho a colectivos especialmente vulnerables.

·        Un total de 696 extranjeros residentes en Asturias se han inscrito en la base de datos del Servicio de Salud para tener acceso a la atención sanitaria.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha proporcionado 3.289 consultas o pruebas diagnósticas a inmigrantes en situación administrativa irregular desde el 1 de septiembre de 2012. En esa fecha fue cuando entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril por el que Gobierno de Mariano Rajoy dejó sin derecho a la atención sanitaria a colectivos y grupos de población especialmente vulnerables como el de las personas inmigrantes en situación irregular residentes en España.

En el caso de Asturias, la atención a estos pacientes se sustenta en las instrucciones dictadas por el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, que fueron publicadas el mismo 1 de septiembre de 2012 en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) para que el Sespa garantizase la asistencia sanitaria a este colectivo.

El Gobierno del Principado, con el respaldo y la participación de diferentes organizaciones sociales y profesionales del sector sanitario, respondió a esta decisión del Gobierno de Rajoy con dos medidas específicamente orientadas a salvaguardar el derecho básico a la asistencia sanitaria para la población inmigrada y, por extensión, para otros colectivos sociales en situación asimilable.

De un lado, se ha autorizado  la asistencia sanitaria a las personas extranjeras en situación irregular sin recursos mediante su inscripción en el  Sistema de Información de Población y Recursos Sanitarios (SIPRES), posibilidad de la que hasta la fecha se han beneficiado ya 696 extranjeros residentes en Asturias. La normativa autonómica contempla que toda persona que resida en Asturias y que lo solicite, sea cual sea su situación administrativa, sea incorporada a la base de datos de población del Servicio de Salud, se le asigna centro de salud y médico/a de referencia y se le garantice  la posibilidad de acceso a la atención dentro de los servicios sanitarios autonómicos.

Por áreas, el mayor número de consultas se ha registrado en el área sanitaria V, con cabecera en Gijón, con 1.380; seguido del área IV, que se corresponde con la zona de Oviedo, con 934. En el área III, con cabecera en Avilés, se han atendido 421 consultas mientras que en la comarca de Langreo se han contabilizado 212. En la cuenca del Caudal ha sido preciso dar servicio a inmigrantes sin recursos en 39 ocasiones;  en el área, I con cabecera en el Hospital de Jarrio, 182 veces;,y en el área VI, que se corresponde con el oriente de Asturias, se han dado 109 citas. Finalmente, en el área suroccidental de Asturias, con cabecera en Cangas del Narcea, ha habido 14 consultas.

Prestación farmacéutica

Además, el Servicio de Salud ha articulado, junto con Cruz Roja, un procedimiento que permite el acceso a la prestación farmacéutica a estos colectivos en condiciones semejantes a la población general. Esta alternativa se lleva a cabo con cargo a los programas de inclusión y atención sociosanitaria para los inmigrantes sin recursos y, por tanto, está sujeta a un circuito de facturación ajeno al Servicio de Salud debido a que la regulación del PP impide que se emitan a estas personas recetas del Sistema Nacional de Salud.

Los datos sobre los primeros meses de aplicación de la medida ponen de relevancia un consumo muy bajo de medicamentos por la población extranjera sin recursos, lo que confirma que se trata, por lo general, de un colectivo joven y sano, que representa un gasto muy poco significativo.

Hasta el pasado mes de junio, el Sistema Nacional de Salud había tramitado 9.888 bajas de asistencia sanitaria para los extranjeros registrados en Asturias como personas sin recursos económicos suficientes y aquellos que no constaban en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de los que se desconoce cuántos han dejado de residir en la comunidad autónoma. Paralelamente, 1.582 personas habían cursado en la misma fecha alta nuevamente al contar con autorización de residencia o estar inscritos en el Registro Central de Extranjeros (comunitarios) desde antes del decreto.

El Gobierno del Principado considera que la exclusión de este colectivo de la atención sanitaria pública es una medida absolutamente innecesaria e injusta porque atenta contra la aplicación de los principios de universalidad y equidad del Sistema Nacional de Salud,  y carga el peso de los recortes sobre los colectivos y grupos sociales con menor capacidad de respuesta o en riesgo de exclusión.