El presidente de FORO, Francisco Álvarez-Cascos, manifestó en su intervención ante la Comisión Directiva, que “el conflicto con Gran Bretaña sobre Gibraltar se desencadena por la conjunción de dos elementos de los que se han aprovechado las autoridades gibraltareñas: la debilidad de la política europea del Gobierno de Rajoy y por la imprevisión de su programa de Gobierno. Solo así se explican las agresiones realizadas en las aguas de la bahía de Algeciras, con lanzamientos de bloques de hormigón cuyos materiales suministramos desde canteras españolas. No hace falta profundizar en grandes análisis de política internacional para entender la naturaleza del conflicto provocado por los británicos en aguas de soberanía española”. Álvarez-Cascos aseguró que “basta solo recordar que, en el programa electoral presentado a las elecciones generales de 2011, el PP ignoró por completo el problema y se limitó a señalar que ‘en relación al contencioso de Gibraltar, recuperaremos el proceso de Bruselas’. “Una vez más, nada ocurre por casualidad, y los programas electorales deberían de ser una referencia para evitar que a los ciudadanos se les engañe con la falta de soluciones a los problemas reales. En aquellas elecciones generales de noviembre de 2011, el programa electoral de FORO advertía que ‘Gibraltar es un contencioso que no debe ser olvidado. FORO, de hecho, parte del convencimiento de que, en relación con Gibraltar, a nada conducen las políticas débiles. Y defender con máxima claridad un Gibraltar español forma parte de ese convencimiento, por lo que incrementaremos las acciones tanto en el nivel bilateral como en el multilateral para reintegrar esa parte de España al territorio nacional’. Recuerdo que entonces algún comentarista chistoso hizo bromas con nuestra propuesta aunque hoy se estará cuidando mucho de ocultar su irresponsabilidad”, apuntó el Presidente de FORO.

RECURSO CONTRA EL REPARTO A LA CARTA DEL DEFICIT

En relación con el grave problema al que se enfrenta la economía asturiana con el acuerdo de reparto del déficit a la carta adoptado por el gobierno de Rajoy el pasado 31 de julio, Álvarez-Cascos recordó que “FORO ya advirtió de ello en el debate de la Junta General del Principado de Asturias, y el día 7 de agosto emplazamos al Principado a iniciar con urgencia el procedimiento legal contra el acuerdo, por tres razones:

1º.-  Por  estar fundamentado en criterios claramente contrarios al art. 9.3 de la Constitución que proclama la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, cuyos resultados resultan discriminatorios para los intereses, entre otras CC.AA. españolas, del Principado de Asturias en términos de inversión pública, de crecimiento y de empleo.

2º.- Por vulnerar nítidamente los principios constitucionales de solidaridad (artículo 156.1 CE) y de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.

3º.- Por resultar infringida la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria en lo preceptuado sobre las obligaciones de responsabilidad (artículo 8) y de lealtad institucional (artículo 9).

Sin embargo, en un nuevo ejemplo de imprevisión, desidia y holgazanería el Gobierno de Javier Fernández se limitó el día 9 de agosto a anunciar la formulación de un requerimiento del artículo 44 de la LJCA, contra unos acuerdos del Consejo de Ministros de junio y de julio, requerimiento que tiene carácter potestativo al poderse impugnar esos acuerdos directamente en vía contencioso-administrativa por lo que, pudiendo hacerlo directamente, está perdiendo un mes más, al ser este el plazo que tendrá el Gobierno del Estado para contestar ese requerimiento. Si esos acuerdos del Consejo de Ministros, de los que en este momento se acuerda el Gobierno de Javier Fernández, tuvieran la relevancia que ahora se indica, no alcanzamos a comprender en FORO la tardanza en la reacción frente a ellos, agotando o pretendiendo agotar el plazo de dos meses para formular el requerimiento, anunciado y no realizado, cuando ya podrían estar recurridos ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo”.    

Álvarez-Cascos, volvió a señalar que “estos requerimientos  retóricos anunciados son una cortina de humo sobre el fondo del verdadero problema para Asturias que no es sino el reparto a la carta del déficit entre CC. AA. impuesto por mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el día 31 de julio, con un grave perjuicio para el Principado de Asturias y sobre el que Javier Fernández sigue perdiendo el tiempo y aún no ha decidido nada, seguramente porque su partido anunció a través de Rubalcaba que el PSOE apoya la reivindicación de Asturias y también la de Cataluña o Andalucía que piden lo contrario y no sabe si cuenta con el respaldo político necesario”.

DISCRIMINACIÓN DE ASTURIAS EN LA REFORMA DE LA PAC

Francisco Álvarez-Cascos volvió a subrayar que “la Asturias Rural merece la misma atención política que el resto de los sectores industriales, mineros y de servicios de los que depende el empleo y el bienestar de los asturianos. Sin embargo, el gobierno del Principado se desentiende irresponsablemente de las consecuencias del reparto decidido por el gobierno de Rajoy, de acuerdo con el PSOE,  de las ayudas derivadas de la reforma de la PAC, que perpetúa la discriminación de los agricultores y ganaderos de la Cornisa Cantábrica”.

Álvarez-Cascos recordó que “no es admisible que la Cornisa Cantábrica represente en torno al 12% del empleo, y contribuya al 11% del PIB del sector agrario español, y solo perciba un 6% de las ayudas directas. Para corregir esta grave distorsión en la igualdad de trato y en la solidaridad, hay que elevar el reconocimiento específico para las zonas desfavorecidas y de montaña hasta el 5% a través de los pagos directos del FEAGA; hay que conseguir la equiparación en la Indemnización Compensatoria de Zonas Desfavorecidas de Montaña, que en España es más bajo que en otros Estados miembros; y tenemos que exigir la Convergencia Interna en el Régimen de Pago Base (RPB), mediante la aplicación de la Tasa Plana que equiparará el pago base por hectárea en todo el territorio nacional.

Por otro lado manifestó que “para las producciones de vacuno tanto de carne como de leche es crítico garantizar el máximo nivel de ayudas vinculadas a la producción para poder asegurar la actividad, que como máximo parece que serán del 15% frente al 35% actual. Y es que de no negociar bien este asunto cientos de ganaderos se verán abocados  al cierre de sus explotaciones al no ser competitivos frente a productores de otros países comunitarios. Además, debemos de asegurar que los sistemas ganaderos extensivos en zonas de montaña reciban el porcentaje máximo del 30%  de los pagos directos a aplicar por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (“pago verde”) para garantizar su viabilidad”.

Finalmente, Álvarez-Cascos afirmó que “ante el riesgo de supresión de las Cuotas Lácteas en el año 2015, cuyo debate tendrá lugar en otoño de este año, las Comunidades Autónomas de la Cornisa Cantábrica tienen que lograr el mantenimiento de las mismas o implantar medidas alternativas ya que, de lo contrario, estaría seriamente amenazada la viabilidad de muchas explotaciones lácteas al no poder competir, por razones orográficas, con la producción lechera de otras regiones y estados comunitarios”.

PLAN DE RESIDUOS: IRREGULARIDADES Y CONSECUENCIAS FISCALES

La Comisión Directiva también analizó la situación de la tramitación del Plan de Residuos.  Álvarez-Casos recordó que “FORO considera nulo este plan por las nuevas irregularidades conocidas del Gobierno de Javier Fernández, que apoya este documento sobre otro anulado anteriormente porque la Consejera, en su anterior etapa, hizo desaparecer alegaciones de asociaciones vecinales. Eso fue lo que motivó la anulación de parte de su tramitación en los tribunales, igual que en su día se anuló el contrato de la incineradora por haber escondido y no tramitado el propio Plan de Residuos, por FORO acuerda la inmediata presentación de dos nuevas alegaciones a través de sus grupos municipales en el expediente exigiendo la paralización del que ahora se está tramitando, para evitar los males mayores que se van a producir de continuar en la senda de las irregularidades”.

Por otro lado, en relación con el mismo asunto, FORO iniciará las acciones correspondientes en defensa de los Ayuntamientos y su autonomía local a la hora de decidir y aprobar las tarifas que se deben de aplicar para la recogida y tratamiento de los residuos en COGERSA “dado que no se respeta la sentencia que anuló la contratación de la incineradora y la subida consiguiente de más de 56 euros por tonelada, puesto que a pesar de haber sido anulada esa subida de tarifas COGERSA sigue recaudando y ahorrando indebidamente dinero que deposita en Liberbank”. Álvarez-Cascos recordó también que “la subida de tarifas de 56 euros por tonelada que contempla el Plan de Residuos, tramitada irregularmente por el Principado, supondrá un incremento de entre el doble y el cuádruple de las tasas que pagan los ciudadanos”.