"El Gobierno de España tiene argumentos sólidos para recurrir esta decisión, que va en contra de los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica", afirma Emma Ramos

La portavoz de Industria del Partido Popular en la Junta General, Emma Ramos, ha avanzado que el Ministerio que lidera José Manuel Soria utilizará la "inacción de la Unión Europea" como uno de los ejes de la reclamación que presentará contra la resolución del comisario de la Competencia, el socialista Joaquín Almunia, que obliga a los inversores en construcción naval a devolver las ayudas recibidas conocidas como ‘tax lease’ desde 2007.

Ramos cree que "el Gobierno de España piensa que hay argumentos jurídicos sólidos para recurrir esta decisión, que va contra el principio de confianza legítima y seguridad jurídica con el que en todo momento han actuado todos los agentes del sector". Lo que sí descarta el Ejecutivo central es pedir medidas cautelares, después de que se lo desaconsejara la patronal del sector, Pymar.

Ramos explica que "la confianza legítima supone que una institución europea ha hecho concebir esperanzas fundadas a un conjunto de ciudadanos europeos". "En el anterior "tax lease" fueron muchas las ocasiones en las que la UE hizo concebir esta esperanza a los astilleros, armadores, bancos e inversores", añade. Esta confianza del sector procedía "en primer lugar de la inacción de la Comisión Europea", precisa Ramos, y en segundo lugar, de la carta de la por entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, en la que se daban por válidas las bonificaciones fiscales en España.

En cuanto al segundo principio del recurso, el de la seguridad jurídica, la portavoz de Industria del PP asturiano estima que "la Comisión no puede retrasar 'sine die' el ejercicio de sus facultades" y provocar incertidumbre. Este principio ha sido vulnerado, a la vista de que "ha habido una larga inacción por parte de la Comisión Europea", señala.

Una década de política dubitativa

La Comisión Europea, asegura la diputada a este respecto, sabía que España iba a disponer de un sistema de "tax lease" incluso antes de su implantación, e incluso recibió información posterior a través de las denuncias de los astilleros europeos. "A pesar de todo ello, permaneció inactiva durante diez años. Pero hasta 2011 no incoó expediente ni despejó posibles dudas sobre el mismo", por lo que el Ejecutivo comunitario "ha tenido una política dubitativa durante estos diez años", agregó.

Emma Ramos puntualiza además que el Gobierno no solicitará finalmente medidas cautelares ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de la resolución de Bruselas, y que el recurso será presentado antes del 28 de septiembre. El Ejecutivo, explica, se planteó junto a comunidades autónomas y sindicatos la presentación de estas cautelares, pero fueron finalmente los astilleros los que desaconsejaron la medida porque "los inversores avisaron de que les puede llevar a no poder financiar ni siquiera un nuevo barco". Por este motivo, "podía ser peor el remedio que la enfermedad" en lo referido a las medidas cautelares, añade la diputada, además de recordar que en la historia del Tribunal nunca se han aceptado unas cautelares antes de que el recurso sea interpuesto.

La portavoz popular de Industria también sostiene que, frente a la inacción de la UE, "el Gobierno español ha atendido todas las peticiones que se le hicieron por parte de la Comisión desde 2006, sin ningún tipo de retraso ni obstrucción". Además, destaca el compromiso con este asunto de todos los departamentos del Ejecutivo implicados. A su entender, medidas como la de obligar al sector naval a devolver las ayudas van en contra de la reindustrialización europea, ya que podría acarrear la deslocalización de muchas de estas empresas hacia países asiáticos.