Aterra comprobar la irresponsable actitud de dirigentes de la Unión Europea como la de  los presidentes del Consejo, Herman Van Rompuy, y de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso quienes, este domingo, en un comunicado conjunto, responsabilizan de la violencia criminal ejercida por los Hermanos Musulmanes contra la población laica y cristiana, a la policía y el ejército egipcios, el último bastión que impidió el avance de los planes de Mursi para una islamización total del país del Nilo y la imposición de los valores que les son propios: el sojuzgamiento total de la población, la supresión de la libertad de expresión, el poder absoluto y arbitrario de los llamados tribunales religiosos y la conversión legal de la mujer en un ser carente de derecho alguno y en permanente propiedad de alguien.

No extraña, así, que quienes desoyen la realidad de los propios egipcios, rechazando codo a codo con el ejército y la policía su conversión en un estado integrista regido por el terror, sigan insistiendo en aplicar medidas económicas que han llevado a la destrucción de las clases medias en varios países europeos, España entre ellos, la rebaja de los salarios hasta sumir a grandes masas de población en la miseria --considerada en términos de bienestar según valores de occidente-- y en la supresión de los derechos laborales duramente ganados en el transcurso de dos siglos y ahora borrados de un plumazo.

Cómo no pensar que quienes parecen querer para Egipto la vuelta una edad negra de sus habitantes no están buscando lo mismo en Europa, sometiendo por el hambre a sus ciudadanos para convertirlos en mano de obra barata y desprovista de derechos humanos y políticos.

Si tal no es el caso, los dirigentes europeos deberán de observar un exquisito cuidado antes de cometer, una vez más, el error históricamente repetido de apoyar a quienes buscan la imposición de la dictadura por un mal entendido concepto progresista de que, en casa ajena, todo lo que va contra el Estado es bueno per se.