Caracas, (Telesur) Andes.- La propuesta del Gobierno mexicano para "modernizar el sector energético nacional", plantea cambios en los artículos 27 y 28 de la Constitución por lo que este miércoles será enviada a las comisiones de Energía, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
La mayoría de los mexicanos rechaza el proyecto por considerar que es una privatización solapada de la industria petrolera mexicana.
El presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna, no descartó que puedan acudir funcionarios del Gobierno Federal que puedan suministrar mayores detalles sobre la reforma.
Aseguró que todas las voces serán escuchadas para garantizar que se dé un debate profesional y de puertas abiertas, reseñó el diario mexicano El Universal.
La reforma energética fue presentada el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto y entregada ese mismo día al Senado.
Previo a la firma del documento Peña Nieto señaló que su proyecto ratifica el principio de que Petróleos Mexicanos, (Pemex) "ni se vende ni se privatiza" y seguirá siendo propiedad de todos los mexicanos.
Sin embargo, tanto el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, como el de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, rechazaron la iniciativa del jefe de Estado y la calificaron de privatizadora al proponer cambios a artículos de la Constitución.
Otras muchas voces de la izquierda mexicana e incluso sin afiliación partidista cuestionan el objetivo de la propuesta que dice preservar la propiedad de los hidrocarburos y sin embargo promueve cambios a la Carta Magna para favorecer la inversión foránea y privada.
A raíz de la polémica generada por la reforma energética, se realizaron varias encuestas sobre lo que opina las personas acerca de la iniciativa.
Según los resultados, para los mexicanos el permitir que capital privado invierta en la industria petrolera significa que Pemex será privatizado, así lo consideran seis de cada 10 de los entrevistados.
Otros estudios de opinión, como la encuesta México, las Américas y el mundo 2012- 2013, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) muestran que el 65 por ciento de los mexicanos está en contra de la iniciativa.
El Senado será la cámara de origen de la reforma, por lo que la minuta que se apruebe deberá pasar a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación.
Al tratarse de una reforma a la Constitución, para ser avalada requiere de mayoría calificada (los votos de dos terceras partes de los legisladores). Además, después de ser aprobada por el Congreso de la Unión, necesita la aprobación de al menos 17 congresos locales para entrar en vigor.
