Asturias.-El Consejo de Gobierno, en reunión extraordinaria, ha acordado hoy facultar a la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, a formular un requerimiento al Gobierno de España para que modifique el reparto del objetivo del déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas. Estos objetivos fueron establecidos en dos acuerdos del Consejo de Ministros del 28 de junio y del 12 de julio, por los que se adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2013 y se fijan los de los años 2014, 2015 y 2016. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado al servicio jurídico para que emprenda, en su caso, las acciones jurídicas oportunas con respecto a este asunto.

El Consejo de Gobierno del Principado  considera que los citados acuerdos no respetan las previsiones recogidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en lo que respecta al objetivo de estabilidad y a la distribución entre los subsectores de las administraciones públicas: Administración General del Estado y Seguridad Social, y comunidades autónomas.

Objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2013-2016

La ley orgánica recoge que ninguna administración pública podrá incurrir en déficit estructural, si bien establece un periodo transitorio en el cual deberá reducirse paulatinamente hasta su desaparición total en 2020, de acuerdo con la senda de reducción fijada en el procedimiento de déficit excesivo que la Unión Europea abrió a España en 2009.

La disposición transitoria primera de la ley orgánica recoge que la reducción anual debe repartirse entre el Estado y el conjunto de las comunidades conforme al porcentaje de déficit estructural alcanzado en 2011. Es decir, la norma regula el esfuerzo que debe realizar cada administración en la reducción del déficit estructural.

Sin embargo, los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros establecen unos objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la ley orgánica, con el consiguiente perjuicio económico para las autonomías. Ante este hecho, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ejercitará las acciones necesarias para que se revisen estos acuerdos y para que el Consejo de Ministros fije unos nuevos objetivos ajustados a la Ley Orgánica 2/2012.

Tanto el requerimiento como las acciones judiciales que tiene la intención de emprender el Gobierno del Principado se refieren al reparto del déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas, y es preciso diferenciarlas de las que tienen que ver con el reparto asimétrico del déficit entre las comunidades, impuesto por el Gobierno central, aunque ambos, como recordó el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, “son muy lesivos para los intereses de nuestra comunidad autónoma”. El procedimiento para iniciar las acciones judiciales es el siguiente: En un primer momento hay que dirigir  un requerimiento pidiendo al Gobierno de España, en este caso, al ministro de Hacienda, que reformule las decisiones tomadas en esas dos reuniones de Consejo de Ministros. Para formular ese requerimiento, la fecha tope es el 28 de agosto, es decir, dos meses desde que se produce el acuerdo. Si un mes después de presentado el requerimiento, el Gobierno asturiano no recibe respuesta del Gobierno de España se pueden iniciar acciones judiciales. En el caso de que sí haya respuesta y ésta sea lesiva para los intereses de Asturias, el plazo para emprender acciones judiciales es de dos meses. 

El objetivo de déficit inicialmente fijado para 2013 era del 4,5 por ciento. Tras la flexibilización concedida por la Unión Europea, ese objetivo pasó al 6,5 por ciento. De ese margen ampliado (2 puntos), el Gobierno central, junto con la Seguridad Social, decidió reservarse el 70 por ciento (1,4 puntos) dejando para las comunidades autónomas el 30 por ciento restante (6 décimas). Este reparto sitúa el objetivo de déficit por administraciones muy lejos de la estructura de gasto existente en la actualidad.

El Gobierno central aprobó y trasladó a la Unión Europea el Programa de Estabilidad 2013-2016, en el que fijó de manera unilateral su propuesta de reparto vertical, reservándose el margen más amplio de la flexibilización lograda.

La postura del Gobierno del Principado ha sido siempre firme y ha reclamado en varias ocasiones un reparto equilibrado y justo del objetivo del déficit entre la Administración central y las comunidades autónomas en un contexto de declive de la recaudación de los impuestos propios y de la falta de elasticidad de los gastos sociales. Por ello, la decisión de emprender acciones judiciales se toma en coherencia con la “posición política que hemos mantenido siempre desde Asturias, que desde el minuto uno hemos criticado y nos hemos opuesto de forma contundente y firme a este reparto del déficit injusto”.

Por otra parte, respecto  a las críticas formuladas por Foro Asturias sobre el supuesto retraso en recurrir el déficit a la carta, el portavoz del Gobierno del Principado manifestó que estos reproches se realizan desde “el más absoluto desconocimiento, desde la más absoluta irresponsabilidad o desde la mala fe”. Y añadió: “Las críticas que hemos vivido estos días carecen del más absoluto rigor porque es totalmente imposible que el Gobierno pueda emprender una acción judicial concreta sobre un acuerdo que no ha pasado por el Consejo de Ministros, un hecho administrativo que aún no se ha producido”.

Guillermo Martínez destacó que el acuerdo tomado hoy durante la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno sobre el déficit vertical es independiente del tomado el pasado 6 de agosto respecto al reparto del déficit entre comunidades autónomas. “El Gobierno se ha centrado hoy en el reparto entre la Administración central y las autonomías”, precisó Martínez, que también recordó que ninguna fuerza política ha exigido a día de hoy que “realicemos un requerimiento ni una reclamación ni una acción judicial respecto al reparto del objetivo de déficit entre el Estado y Asturias”.

Por lo que se refiere al déficit asimétrico, Guillermo Martínez, explicó que los servicios jurídicos del Principado están trabajando en la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra el objetivo de déficit  que se ha impuesto a Asturias y agregó que en estos momentos ya existen argumentos suficientes para emprender un procedimiento judicial que, probablemente, irá también por la vía contenciosa.