El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, William Hague, han mantenido una conversación telefónica en el marco de lo acordado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico, David Cameron, pero en la que cada parte se ha limitado a mantener sus posiciones, aunque se apela a un posterior diálogo para abordar el tema pesquero.
El cruce de conversaciones efectuado el miércoles entre Madrid y Londres llega al jueves con un confuso escenario de afirmaciones y posteriores desmentidos que parece servir únicamente para consumo interno de los propios de cada parte.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha recordado la plena disposición de España a dialogar sobre todas las cuestiones que afectan a ambos países. No obstante, García-Margallo ha recordado que el acto unilateral de instalación de los bloques de cemento en la bahía de Algeciras es reflejo de una política de hechos consumados inaceptable para España, que ha infligido un grave perjuicio para los pescadores españoles y el medio ambiente, y que ha elevado la tensión entre los dos países.
Ambos ministros se han comprometido a trabajar para resolver la situación, creando grupos de trabajo ad-hoc en los que además de Reino Unido y España estén presentes aquellas otras autoridades que puedan tener competencias en esas materias. El ministro García-Margallo ha recordado a su colega británico que los Gobiernos británico y español son en última instancia los responsables de hacer cumplir la legislación comunitaria.
Asimismo, el ministro García-Margallo manifestó al ministro Hague que España se reserva la potestad de hacer controles para evitar los tráficos ilícitos, así como adoptar las medidas que estime convenientes para evitar el fraude fiscal, las violaciones al medio ambiente y cualquier acto que vaya contra el ordenamiento español y comunitario.
En este sentido, García-Margallo le ha garantizado a su homólogo que las medidas tomadas y las que se tomen en el futuro respetarán siempre la legalidad internacional, la normativa europea y nacional.
El ministro español ha reiterado a su homólogo que España velará firmemente siempre por la defensa de sus ciudadanos y los intereses nacionales.