Asturias.-El Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Servicio Jurídico del Principado de Asturias sendos estudios sobre la viabilidad de iniciar acciones jurídicas frente al objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno central para la comunidad autónoma en este ejercicio, y de recusar al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en los siete  litigios que el Principado mantiene abiertos ante este organismo.

Sobre el denominado déficit a la carta, el Consejo de Gobierno ha encomendado a los servicios jurídicos analizar si existen motivos que avalen el ejercicio de acciones judiciales por parte del Principado frente al objetivo de estabilidad presupuestaria, ante el posible carácter discriminatorio que para la comunidad autónoma provoca el reparto asimétrico del objetivo del déficit.

Hasta ahora, los objetivos de estabilidad presupuestaria se fijaban haciendo coincidir el objetivo global establecido para el conjunto de las comunidades autónomas con el individualizado. Sin embargo, en la revisión efectuada para 2013, durante la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se fijaron por primera vez objetivos diferenciados.

De este modo, el Gobierno del Partido Popular ha optado por un reparto diferente para cada una de las autonomías, tomando como punto de partida el objetivo alcanzado en 2012 (salvo para Extremadura, única comunidad a la que se le permite aumentar su límite de déficit), y dejando mayor margen a las que incumplen en detrimento de las que cumplen. Es el caso de Asturias, que ha cumplido sobradamente, aun estando en desacuerdo en el fondo con la política de desmedida austeridad que impuso el Ejecutivo de Rajoy.

La imposición del déficit a la carta confirma que el Ejecutivo del PP está dispuesto a quebrar la equidad e, incluso, el sentido común, en el trato a las comunidades autónomas, por lo que Asturias considera profundamente injusta la actuación del Gobierno central, que no sólo no reconoce, sino que castiga, la política financiera responsable del Principado. Y lo hace, además, sin tener en cuenta más información que el único dato de cierre de 2012.

El Gobierno del PP no ha valorado los esfuerzos realizados por el Principado que, a lo largo de los años, ha mantenido una gestión responsable de su déficit y de su deuda,  ni ha respetado el grado de cumplimiento que cada comunidad autónoma tuvo en la ejecución de las medidas recogidas en sus planes económico-financieros así como tampoco ha considerado las circunstancias coyunturales de ingresos y gastos producidas en 2012 y que no van a repetirse en 2013: la liquidación de la cuenta sanitaria, por un importe de 45,6 millones.

La indignación del Gobierno del Principado crece cuando constata que la “excepcionalidad” que no se le ha tenido en cuenta a Asturias sí ha tenido valor diferencial para Extremadura, comunidad a la que curiosamente se la ha otorgado un déficit mayor que el año anterior, al descontarle el efecto del impuesto de depósitos bancarios.

Por lo que se refiere al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, el Consejo de Gobierno ha demandado un estudio a los servicios jurídicos con el fin de examinar si concurren elementos de juicio suficientes para recusarle, apartándole del conocimiento de los procedimientos que el Principado de Asturias tiene pendientes ante el alto tribunal.

La decisión de estudiar la posibilidad de recusarle está motivada por la recientemente conocida militancia en el Partido Popular de Pérez de los Cobos, en tanto su ideología política pudiera hacer quebrar la imparcialidad judicial necesaria para juzgar los cuatro recursos pendientes de resolución que el Principado tiene abiertos en dicha jurisdicción.

Tres son recursos que el Principado ha interpuesto contra el Estado:

• Inconstitucionalidad: Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto publico en el ámbito educativo. 2012/0891

• Inconstitucionalidad: Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 2012/0892

• Recurso de inconstitucionalidad contra el Artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre; BOE de 28-12-2012: impuesto sobre depósitos bancarios. 2013/0384.

Un recurso lo ha interpuesto el Estado contra el Principado

• Inconstitucionalidad: Artículo 41y disposición final 7ª Ley Principado de Asturias  3/2012 de 28 de diciembre: impuesto sobre depósitos bancarios. 2013/0307

Asimismo, existe una cuestión de inconstitucionalidad planteada en el año 2007 sobre el impuesto de grandes superficies comerciales que afectan a un total de 39 procedimientos que se encuentran suspendidos en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias pendientes de la resolución de dicha cuestión por el tribunal constitucional.

El Gobierno del Principado considera imposible que alguien que milite en un partido político pueda mantener la independencia y la imparcialidad como presidente del más alto tribunal, intérprete supremo de la Constitución. Todo ello con el agravante de que ocultó su militancia durante la sesión del Senado dedicada a escuchar a los candidatos al Tribunal Constitucional, previa al nombramiento. El Gobierno del Principado tomará las medidas oportunas una vez que conozca el resultado del informe encargado hoy a los servicios jurídicos.