Los promotores de los proyectos europeos de almacenamiento de carbono podrían tener que devolver cientos de millones de euros a la Unión Europea. Las empresas impulsoras, entre ellas la española Endesa, se plantean renunciar a los proyectos ante la evolución del mercado. Ecologistas en Acción subraya que la captura y almacenamiento de carbono acelera el agotamiento de los combustibles fósiles e implica graves riesgos para el clima, las aguas subterráneas o el aire.

En el 2009, y dentro del marco del Programa Energético Europeo para la Recuperación (PEER), la Comisión Europea (CE) aprobó quince proyectos de energía que supuestamente contribuirían a la recuperación económica, a la mejora de la seguridad del abastecimiento energético y a la reducción de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Mil millones de euros fueron a parar a seis proyectos de captura y almacenamiento de carbono (CAC) y 565 millones a nueve proyectos de energía eólica marina.

De esos mil millones, más de 320 millones podrían tener que devolverse a los presupuestos generales de la UE por la renuncia de las empresas promotoras a seguir con los proyectos. A esto habría que añadir otros 36 millones de los proyectos ya abandonados. Es el caso del polaco Be?chatów, cancelado a principios de este año, y el Jänschwalde, cancelado en Alemania por la oposición social al mismo y por el retraso de la transposición a la legislación alemana de la directiva de CAC.

El escaso avance de los cuatro proyectos, aun no abandonados, es lo que hace prever que cientos de millones de euros no gastados estén en riesgo de tener que devolverse, siendo el 31 de octubre la fecha límite para poder disponer de los fondos. Tres de ellos, el Rotterdam en los Países Bajos, Porto Tolle en Italia y Hatfield en el Reino Unido han pedido más tiempo para utilizar los fondos asignados, de 180, 100 y 180 millones respectivamente. El Rotterdam hasta diciembre de 2014, el Porto Tolle hasta julio de 2014 y el Hatfiel hasta diciembre de este año.

El cuarto proyecto, la planta española de Endesa en Compostilla, no ha solicitado ninguna ampliación y podría abandonar su concesión dentro del programa PEER el 31 de octubre. La planta de Endesa, (con datos de agosto del año pasado), sería la que habría recibido una aportación mayor, unos 117,3 millones (el 65% de lo asignado).

Ninguno de estos cuatro proyectos aun vigentes ha solicitado la financiación de la segunda ronda del programa NER300, que recibió ese nombre porque su objetivo era destinar "300 millones de derechos de emisión, pertenecientes a nuevas reservas del régimen para el comercio de derechos de emisión de la UE, a la cofinanciación de proyectos comerciales de demostración de captura y almacenamiento geológico de carbono (CAC) y de tecnologías innovadoras de energía renovable (FER) seguras para el medio ambiente".

Las causas de estos abandonos, comunes a otros proyectos, como el canadiense “PIONER” también abandonado, y que recientemente ha presentado su informe de conclusiones, indican que si bien “la tecnología funciona y que los costes de capital están en línea con lo esperado, el mercado de comercio de CO2 y el coste de la reducción de emisiones no es suficiente en estos momentos para que los proyectos continúen”.

A los obstáculos económicos se unen los ambientales La Agencia Internacional de la Energía manifestó en 2012 que, si se quieren cumplir los objetivos climáticos, dos terceras partes de las reservas probadas de combustibles fósiles deben dejarse bajo tierra salvo que se produzca una generalización del almacenamiento de carbono, algo que parece bastante improbable.

La CAC en una tecnología que además de acelerar el agotamiento de los combustibles fósiles, y de reducir el rendimiento de las instalaciones, comparte muchos de los riesgos de la Fractura Hidráulica, especialmente en las posibilidades de fugas y sus efectos sobre el clima y sobre las aguas subterráneas, además de incrementar los riesgos sísmicos. Por ello Ecologistas en Acción se opone a la CAC, y considera que aceptar este tipo de “soluciones tecnológicas” es aceptar propuestas que únicamente tratan de esconder los problemas, sin garantía alguna de resolverlos, dejando a generaciones futuras una hipoteca ambiental más, esperando que sean ellas las que encuentren la solución adecuada.