Iglesias y Llamazares invitan a mantener un alto nivel de preocupación porque el Gobierno reconoce contactos informativos por parte de grupos empresariales

Madrid.-El Gobierno de Mariano Rajoy manifiesta a sendas preguntas de Gaspar Llamazares y Jesús Iglesias, diputado y senador de IU de Asturias, que no privatizará los puertos asturianos, de momento. Sin embargo, a la vez reconoce que hubo contactos con empresarios privados de cara a su privatización. “Teniendo en cuenta el modelo económico y social del PP y que hay intereses especulativos en una operación de estas características, hay que mantener un alto nivel de preocupación y hacer un seguimiento muy detallado de unos pasos que pueden significar que algo, por lógica económica tiene que tener un carácter estratégico porque los grandes puertos de los que dependen las comunicaciones marítimas y la entrada y salida de mercancías de mercancías no caigan en manos privadas porque siginficaría un deterioro del servicio y un encarecimiento a medio plazo de las prestaciones que se derivan", asegura el senador Jesús Iglesias.

La respuesta literal del Gobierno a los dos representantes de IU es la siguiente: “La privatización de los puertos no está, en estos momentos, en la agenda del Gobierno”. El Gobierno niega haber tomado “ninguna iniciativa para propiciar reuniones con grupos empresariales o inversores a fin de explorar fórmulas de privatización de los Puertos del Estado. No obstante, añade, sí reconoce que los contactos se han producido a pesar de asegurar que no tomo la iniciativa. “No obstante lo anterior, sí es cierto que grupos empresariales han informado verbalmente sobre las posibilidades que, según su criterio, tienen los puertos españoles para avanzar en mayores niveles de colaboración público-privada”.

Esos contactos, explica Fomento, “han sido informativos por parte de los grupos empresariales y, por tanto, no se ha producido ningún resultado a partir de los mismos, y, desde luego, en dichos contactos no se han mencionado, en ningún momento, los puertos de Avilés o de El Musel”.

Los representantes de IU en las Cortes demandaron explicaciones al Gobierno ante los rumores de privatización de puertos españoles. La prensa económica y medios de comunicación especializados en el transporte marítimo han dado la noticia de que grandes grupos inversores internacionales, grandes bancos de negocios como Nomura y UBS y también otras entidades financieras vienen manteniendo contactos con Puertos del Estado y Ministros del Gobierno para analizar la posible privatización de los diez puertos con mayor capacidad de negocio en España.

A estas noticias se añade que el presidente Rajoy ya deslizó en un discurso ante el Congreso de los Diputados que “asimismo, se llevará a cabo un proceso de liberalización y, en su caso, privatización de los servicios asociados al transporte ferroviario, portuario y aeroportuario” y el anuncio de la unidad de Puertos de la comisión Europea de que prepara una iniciativa legislativa de liberalización y acceso al mercado, aunque dejaría fuera temas espinosos como la estiba y el pasaje.

La privatización, a juicio de Llamazares, “no es de recibo cuando se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados una Ley de Puertos que deja asentado el modelo público portuario en España”. “Los puertos son la joya de la corona porque su deuda es de solo 3.500 millones de euros frente a los 14.000 millones de los aeropuertos de AENA. El sistema de Puertos mantiene más de 1.000 millones de euros en caja actualmente y se ve con envidia por los inversores. Los puertos españoles son muy modernos, las infraestructuras son las más reciente del mundo y están en una posición privilegiada”, dijo el Gobierno ante la mencionada ley.

Las privatizaciones de este tipo en otros países se ha saldado en un grave retroceso de los derechos de los trabajadores: reducción masiva del empleo a corto plazo, empeoramiento de las condiciones de trabajo, inestabilidad laboral, subcontratación. No ha de sorprender, pues, que los trabajadores y los sindicatos se opongan a la privatización, porque sospechan que pretende quitarse de encima el problema laboral de la estiba que pasaría a manos privadas, recuerda el diputado.