La profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares, Carmen Figueroa, ha afirmado hoy en Santander que desde la institución de la que forma parte pretenden implantar un grado en Criminalística en un plazo de dos años. Explicó que se trata de “un proceso largo” que exige cumplir una serie de “trámites” en colaboración con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).
Así lo indicó en una rueda de prensa con motivo del Encuentro ‘Policía Científica. Cien años al servicio de la justicia’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que también intervinieron el comisario general de la Policía Científica de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, Miguel Ángel Santano, y el comisario jefe de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaria General de Policía Científica, Edmundo Gerez Valls.
“Ya tenemos el posgrado, el Máster Oficial en Ciencias Policiales y el doctorado”, señaló la profesora, quien aseguró que falta “el grado, es decir, la base”. Figueroa declaró que “no es fácil” implantar un nuevo grado y que se trata de un “paso” que hasta el momento “no ha dado ninguna universidad”, al tiempo que recordó que en el actual plan de estudios nacido del pacto de Bolonia existen grados en criminología, una disciplina que no debe confundirse con la criminalística, más enfocada hacia “la parte científica”.
La profesora también se refirió al proyecto de regularización de la cadena de custodia -el protocolo que rige el traslado de las pruebas policiales desde la escena del crimen hasta los tribunales de justicia- , un proceso que necesita “garantías” que aseguren que no se ha llevado a cabo “ninguna manipulación o contaminación” de las evidencias, manifestó.
Esta proceso se rige, según Figueroa, por los “protocolos internos de la Policía Científica” ya que no hay “una regulación exacta”. Por ello, dijo, desde el Instituto Universitario en Ciencias Policiales se trabaja -conjuntamente con investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Instituto Nacional de Toxicología y un fiscal del Tribunal Supremo- para la redacción de una normativa exacta que estará lista “a finales de 2012 o principios de 2013”.
Por su parte, Santano recordó la gran “evolución” que ha experimentado el trabajo de la Policía Científica gracias al desarrollo de la informática, que ha permitido “hacer cosas que de otro modo no podrían hacerse de ninguna de las maneras”.
Las nuevas tecnologías han influido especialmente en la gestión de las bases de datos, señaló el comisario, quien aseguró que en ese campo España dispone de una “base conjunta para todas las policías del Estado Español”, incluyendo la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra.
Asimismo, destacó la firma del Acuerdo de Prum en 2005 que permite el intercambio de huellas dactilares, perfiles genéticos y fichas de personas desaparecidas con las policías del resto de países miembros de la Unión Europea.
Santano defendió la calidad de los laboratorios policiales de España, agrupados en la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses (ENFSI), que “exige” a todos los laboratorios la aprobación de “entidades de acreditación independiente y de la propia Unión Europea”, de manera que los que no cumplen las exigencias “se les excluye” del grupo.
El comisario indicó que el gran reto de futuro es la “informática forense”, dedicada a extraer “toda la información posible” de los dispositivos electrónicos e informáticos. Santano manifestó que en este aspecto, hay que evitar “ir por detrás de los delincuentes” y que el desafío es ir “como mínimo a la par y si se puede un poco por delante”.
Sobre el tratamiento de la ciencia forense en la televisión y el cine, el comisario afirmó que en España “estamos más avanzados que en CSI”. Explicó que este tipo de series “están noveladas” y tienen que resolver el caso en “una hora”, algo que no se corresponde con la realidad, aunque afirmó que los métodos que se utilizan son “reales y novedosos”.
Habló del impacto que estas series provocan sobre jueces y abogados, sobre todo en EEUU donde aseguró que se está produciendo un “efecto CSI” que hace que la investigación se vea “tan fácil” que “los propios jueces piden más pruebas cada vez”.