El Consejo de Ministros ha aprobado la “Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local”, desatendiendo las fuertes protestas que se han generado desde amplios sectores de la sociedad, tanto desde la sociedad civil -especialmente sociedad rural- como desde las Federaciones de municipios y Entidades Locales Menores. Se pone así de relieve, una vez más, la escasa sensibilidad democrática del gobierno del Partido Popular, y su profunda vocación para desarticular del Estado del Bienestar, caiga quien caiga.
La supuesta racionalidad presupuestaria que esconde la Ley no queda en absoluto demostrada con las cuentas presentadas en el informe que acompañó al anteproyecto de Ley. Sin embargo, la reducción de concejales puede tener un impacto nefasto para la democracia, al dejar sin representación a un gran número de opciones políticas y fortaleciendo las opciones mayoritarias, especialmente en el medio rural.
Otro impacto nefasto que tendrá esta Ley sin duda se esconde en los 70 millones de € de ahorro previsto en la misma, relativos a la desaparición de las 1.024 Mancomunidades intermunicipales de Servicios y las 3.725 Entidades Locales Menores. En el mencionado informe no aparecen datos concluyentes de que este ahorro -que tan solo supone el 1% del ahorro total previsto si se aprueba esta Ley- vaya a ser real. Sin embargo resulta obvio que reducirá la autonomía de la población rural, contradiciendo el artículo 150 de la Constitución que establece el principio de Autonomía para la Administración Local.
En efecto, la desaparición de las Mancomunidades pretende sustituirse por la concentración de servicios públicos en poblaciones de más de 20.000 habitantes, que son muy escasas en un gran número de comunidades Autónomas. Por defecto, estas competencias residirán en las Diputaciones Provinciales, organismos con una gran deficiencia democrática. Esta medida mermará la calidad de vida de la población rural española, suponiendo el acta de defunción, precisamente, de las zonas rurales más despobladas y envejecidas: aquellas que más necesitan los servicios públicos. A su vez puede abrir la puerta a grandes privatizaciones de estos servicios públicos, que con esta Ley serán concentrados.
Por su parte, la desaparición de las Entidades Locales Menores (ELM) puede ser una catástrofe de dimensiones históricas para la sociedad española. Las ELM generan sus propios ingresos y costean con ellos servicios para una población muy necesitada de ellos. En amplios territorios, el mantenimiento de esta estructura administrativa con siglos de historia es vital para el equilibrio territorial y la conservación medioambiental. Su desaparición es un atentado contra nuestra propia identidad cultural, pero además la transferencia de las propiedades comunales (12% del territorio español) y rentas generadas desde las ELM a los Ayuntamientos puede suponer la antesala de la privatización de estos bienes para financiar la deuda del Estado. Esta apropiación puede suponer, de nuevo, una medida inconstitucional, que bien se podría denominar saqueo de los bienes comunales por parte del Estado.
Daniel López, coordinador del Área de Agroecología de Ecologistas en Acción, ha señalado que “el medio rural no puede ser obligado a pagar, una vez más, los gastos desproporcionados del Estado, ni las ansias de negocio de las grandes empresas de servicios. El medio rural, lejos de ser el causante del déficit fiscal, es una alternativa para la salida de la crisis, y un claro referente de eficiencia y sostenibilidad ecológica en la gestión descentralizada de los recursos públicos y naturales”.
Ecologistas en Acción presentará en las próximas semanas un informe elaborado junto con Plataforma Rural, que recoge opiniones de expertos y sociedad civil del medio rural respecto a esta denominada “Ley del Saqueo del Medio Rural”. A su vez, junto con otras organizaciones está estudiando la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad frente a esta Ley.
