El diputado regional del Partido Popular y vicepresidente segundo de la Junta General, José Agustín Cuervas-Mons, ha exigido hoy al presidente del Principado y secretario general del PSOE asturiano, Javier Fernández, que “depure las responsabilidades políticas del socialismo en el 'caso Marea' para evitar que continúen los mismos errores y prácticas que dieron lugar a la mayor corrupción política de la historia de Asturias”, con 29 ex altos cargos procesados judicialmente, casi todos ellos socialistas.

 

Cuervas-Mons, que intervino en el Pleno de la Junta General durante el debate del dictamen de la comisión parlamentaria de investigación del 'caso Marea', reclamó a Javier Fernández y a la FSA que “abandonen su soberbia y adopten medidas sobre los cargos implicados que hoy continúan al frente de responsabilidades políticas, empezando por el propio ex presidente del Gobierno regional, Vicente Álvarez Areces, que debe abandonar su escaño en el Senado”.

 

“Seguirán en su ceguera si continúan pensando que en el 'caso Marea' sólo falló una persona, la funcionaria Marta Renedo, y obvian lo que afecta a sus compañeros de partido”, dijo, a la vez que pidió a Javier Fernández, que era secretario general del PSOE cuando sucedió el caso y número dos de la candidatura socialista que encabezaba Areces, que de una vez ofrezca explicaciones a los asturianos “e incluso pida perdón por tan lamentables hechos. No se enroque en el error, porque si no lo hace no podrá exigir ninguna responsabilidad a los demás”.

 

El parlamentario destacó que Álvarez Areces no puede alegar desconocimiento de los hechos y asegurar que hizo todo lo que pudo para evitarlos, ya que en relación a la Consejería de Educación no ordena ni una sola actuación para aclarar lo ocurrido ni hubo ni una sola medida para conocer el perjuicio patrimonial sufrido por la Administración: “Miró para otro lado amparándose en que había actuaciones judiciales en marcha”. Recordó los pormenores del 'caso Marea', cuando a principios de 2011 el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, íntimamente ligado a Areces, y la ex directora general de Planificación e Infraestructuras Educativas, María Jesús Otero, ingresaron esposados en la prisión de Villabona: “Una imagen demoledora que jamás había pasado en Asturias y que conmocionaba a toda la sociedad asturiana”.

 

Después de señalar que las posteriores actuaciones judiciales fueron desvelando datos cada vez más demoledores y escandalosos, añadió que “este caso de corrupción sin precedentes afecta de lleno al Gobierno del PSOE, y era protagonizado en exclusiva por miembros del PSOE, si bien es cierto que en aquellos momentos IU también formaba parte del Ejecutivo”. El diputado del PP defendió que la comisión de investigación debería haberse iniciado en 2011, cuando se destaparon los hechos, “lo que habría evitado episodios posteriores y hubiera evitado males mayores”.

 

José Agustín Cuervas-Mons recriminó a los socialistas no sólo que no hayan dado ni una sola explicación, sino que no tomaron medida alguna para aclarar tan gravísimos hechos: “Se ampararon en el secreto de sumario para no dar explicaciones ni información, y se enrocaron en aquella de frase de que el Gobierno daría explicaciones cuando existan condiciones para ello, e intentaron tapar la parte de este tremendo escándalo en lo que afectaba a los cargos políticos”. Como ejemplo, citó que no se dio ni una sola instrucción para aclarar lo que había ocurrido en la Consejería de Educación.

 

Asimismo, señaló que durante el breve Gobierno de Álvarez-Cascos tampoco se realizó ninguna actuación investigadora, “y se continuó con el error”, y recordó que el partido de Cascos no firmó en 2012 la solicitud para crear la comisión de investigación parlamentaria, pero ocupó la vicepresidencia de la Mesa. “Un hecho cuando menos curioso, ya que el PP, que sí firmó la solicitud, quedó excluido del órgano de gobierno de la comisión”. Cuervas-Mons subrayó que de los trabajos de la comisión se concluye “el fallo absoluto en los mecanismos de control en la contratación, y también errores en la selección de las personas que tenían que ejercer esos controles”, y recordó que el PP lleva años denunciando el abuso en la contratación menor, el fraccionamiento habitual de los contratos para evitar la concurrencia y la elaboración de pliegos y cláusulas de contratación alejados de la objetividad.

 

A este respecto, quiso aclarar que el dictamen de la comisión Marea no supone “una causa general" contra los funcionarios, como insiste en afirmar el PSOE, sino que incide en el fallo de las personas que los socialistas designaron. “Hubo indeseables que hicieron que los mecanismos de control fallaran, y el Gobierno socialista los puso al frente de esas responsabilidades”. El parlamentario destacó que ha habido, por parte de los distintos Gobiernos socialistas, un claro interés “por controlar y dominar la Administración a su antojo, para crear una red clientelar estable en el tiempo”. “Ese cóctel de falta de controles e intento de dominar la Administración es la causa que permitió el 'caso Marea', y constituyen las señas de identidad de toda una etapa del Gobierno socialista”, añadió.

 

Cuervas-Mons expresó que el Partido Popular ha hecho un esfuerzo importante para que el dictamen del caso Marea salga adelante por una amplia mayoría, con solo el voto contrario del PSOE, y añadió que “aún así creemos que existen más responsabilidades que las descritas en el informe”.  “Hubo, con carácter general, todo un Consejo de Gobierno, formado por PSOE e IU, que no reaccionó de ninguna manera, ya que mientras algunos miembros del Ejecutivo entraban esposados en prisión, otros continuaban subidos a los coches oficiales sin inmutarse. No nos constan voces altas ni discrepantes con relación a estos hechos, ni solicitud de responsabilidad alguna”, afirmó.

 

Para Cuervas-Mons, los integrantes de aquel Consejo de Gobierno tienen también responsabilidad solidaria por inacción, una postura que no han entendido así el resto de los grupos, lo que ha impedido que conste en el dictamen.