Izquierda Unida de Asturias rechazará el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, tanto por no haberse tenido en cuenta a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas y porque supondrá la demolición del modelo de gestión pública puesto en marcha desde 1979.

Frente a los ahorros que se anuncian, para IU, la reforma supondrá un grave recorte de los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía; destruirá cientos de miles de empleos públicos en el ámbito local e invadirá competencias autonómicas -contraviniendo así la Carta Europea de la Autonomía Local ratificada por España en 1988

El cambio obedece no a razones de eficiencia y eficacia, sino a cuestiones de índole ideológica, orientadas a la recentralización del estado, desde una posición autoritaria del PP, escudado en su mayoría absoluta.

El secretario de política municipal, Jaime Gareth Florez, criticó la propuesta del PP, ya que en vez de eliminar duplicidades las refuerza, al dotar de más contenidos a organismos como las Diputaciones Provinciales. “Con esta reforma de la Administración Local se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local, la administración más cercana, en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno”.

Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente de la llegada de la democracia recuerda Florez: “miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.”

Para IU, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, dónde se recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, está en la coartada para acometer esta modificación del modelo de gestión pública.

Según Florez, “a esta obsesión por los recortes se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares”.
La justificación de que la reforma eliminará duplicidades y las competencias “impropias” no se sostiene, afirma Florez. “No se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas, sin su correspondiente financiación. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local”.

La reforma encubre el tutelaje de una administración sobre otra, ignora las competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones
Tampoco está constatado el ahorro que se anuncia. Y es que, según Florez, “ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal”.

Izquierda Unida se opondrá a esta reforma pues supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. El Consejo de Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979.