Durante la sanción de la Ley Anticorrupción, el Jefe de Estado advirtió que la nueva norma incluye por lo menos 140 instrumentos contra ese flagelo, dentro de los que destacó la inhabilidad por 20 años a quienes sean condenados por corrupción, así como la eliminación de la prisión domiciliaria, y la prohibición a quienes financien campañas políticas para contratar con la administración que apoyó.

. “¡Se acabaron las gabelas para los procesados por corrupción!”, advirtió este martes el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, al sancionar el Estatuto Anticorrupción.

El Jefe de Estado aseguró que con la nueva Ley ya no habrá, para condenados por delitos de corrupción, mecanismos alternativos de la pena privativa de la libertad; no habrá suspensión condicional de la  misma ni tampoco libertad condicional.

“¡Mucho menos gozarán de prisión domiciliaria!”, dijo.

Expresó que no tiene sentido que mientras un capturado por un robo menor pasa meses o años en una celda, el que roba cifras millonarias a los colombianos cumpla la sentencia “tranquilamente sentado en el sofá de su casa”.

Señaló que el estatuto incluye un tema fundamental que ayudará a limpiar la imagen de la política, ya que prohíbe a quienes financien campañas políticas ser contratistas de la respectiva administración.

“Quienes financiaron campañas a alcaldías, gobernaciones y presidencia no podrán ser contratistas de la respectiva entidad territorial a cuyo gobernante apoyaron”, agregó el Presidente Santos.

La nueva Ley cuenta con verdaderos “dientes” contra ese flagelo, porque además fortalece la acción de la Procuraduría y la Contraloría, facilitándoles la realización de procesos verbales que son mucho más ágiles y expeditos.

“Es con ellos, precisamente –con los organismos de control y de investigación, con la Policía y los jueces, y por supuesto con la indispensable colaboración ciudadana- como podemos garantizar la eficacia de las medidas que incluye esta Ley”, apuntó el Mandatario.

En total son 140 los instrumentos contra la corrupción incluidos en el nuevo Estatuto, que fija inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado para las personas y las empresas que hayan sido responsables de delitos de corrupción