El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se autodescartó en la carrera por la sucesión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que supuestamente ha quedado abierta tras las últimas revelaciones sobre el denominado caso Bárcenas, según se apunta en algunos medios de comunicación durante los últimos días. “Cuando Mariano Rajoy me llamó para formar parte del Gobierno, tenía muy claro que éste sería mi último puesto de responsabilidad política”, afirmó Ruiz Gallardón, durante su intervención en el curso “Justicia y sociedad”.

El ex alcalde de Madrid destacó, entre las reformas que está poniendo en marcha el Gobierno del Partido Popular, la de Justicia porque permitirá una mayor eficiencia y flexibilidad en el sistema. “La reforma de la Justicia va en serio y se va a hacer”, manifestó Ruiz Gallardón, que argumentó la lentitud de los procesos judiciales como una de las razones de mayor peso para justificar los cambios. ”Hay sentencias que son auténticas obras de arte -comentó Gallardón- pero pierden toda la satisfacción jurídica cuando el dictamen se dilata en el tiempo”.

Además, el ministro señaló que en la actualidad hay 20.000 millones de euros estancados en procesos judiciales, que esperan una sentencia para poder llegar a los destinatarios correspondientes, contribuyendo de ese modo a la reactivación económica de empresas y particulares. Gallardón manifestó que el problema de la Justicia en España no es tanto económico como de de estructura, ya que “la insuficiencia presupuestaria no depende de la cantidad de dinero, sino que procede de los vicios del modelo. Por tanto –continuó- gastar más dinero sin reformar la estructura solo serviría para aumentar los defectos” .

El ministro salió también en defensa de la subida de las tasas judiciales que él mismo promovió a comienzos de la presente legislatura, porque “en España no existe conciencia de lo que cuesta realmente la Justicia”, afirmó. Al respecto, el titular de la cartera de Justicia apuntó que el sistema judicial cuesta actualmente unos 1.300 euros por habitante al año, y el 90 por ciento del coste total se paga vía impuestos mientras que solo el resto es sufragado por los litigantes. “Con el abono de las tasas lo que hacemos es financiar la justicia gratuita para quien no puede pagarla”, aseguró.

Por último, el ministro Gallardón señaló que su departamento sigue trabajando en el anteproyecto de ley que modificará la actual normativa sobre el aborto, que, concretó, “será presentado en un plazo de tres meses”.