Los trabajadores de la industria naval española, en su mayor parte alojada en las comunidades del Cantábrico, Asturias entre ellas, espera este miércoles la decisión de los comisarios europeos sobre el 'tax lease' de los astilleros españoles, decisión impulsada por el socialista Almunia que, en principio, comprometerá el futuro de 86.000 familias, aunque, eso sí, beneficia extraordinariamente los intereses de Holanda y Francia.
Frente a esa posible decisión, se registraron esta semana dos iniciativas 'in extremis'. La petición directa del presidente del Gobierno al de la Comisión Europea, Durao Barroso, pidiéndole una intervención correctora sobre el anunado desatino, y la postura unánime del Congreso de los Diputados, cuyo pleno aprobó ayer una proposición no de ley elaborada por todos los grupos parlamentarios (Popular; Socialista; de CiU; de IU, ICV-EUiA, CHA; UPyD; PNV; y Mixto, sobre la defensa del sector naval español.
Los grupos firmanentes argumentan que el futuro del sector naval español está en riesgo. Alrededor de 87.000 empleos y diecinueve astilleros privados, armadores nacionales e internacionales y una voluminosa industria auxiliar, corren el riesgo de desaparecer si la Comisión Europea adoptara finalmente la decisión anunciada por el Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, y materializase su amenaza de que España deberá devolver las ayudas del tax lease por considerarlas ayuda de Estado tras la denuncia en 2011 de los astilleros holandeses.
Esta decisión obligaría a devolver en torno a 2.000 millones de euros en ayudas percibidas por el sector naval español desde el año 2005 en adelante, lo que abocaría directamente a la ruina a un sector industrial vital para España, que exporta el 90% de lo que produce, con una elevada capacidad tecnológica, puntero a nivel internacional y con capacidad de generar nuevos puestos de trabajo de manera inmediata.
Por ello, los Grupos Parlamentarios firmantes de esta iniciativa, expresan su apoyo a la declaración institucional adoptada ayer por el Gobierno de España, así como los gobiernos autonómicos de Galicia, País Vasco y Asturias y PYMAR en representación de los astilleros privados españoles y solicitamos la reconsideración de la propuesta avanzada por el comisario de Competencia.
Con esta proposición no de ley, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a que solicite ante las instancias de la Union Europea, la reconsideración de la propuesta avanzada por el Comisario de la Competencia de devolución por España de las ayudas del tax lease, en línea con la declaración institucional adoptada el 1 de julio de 2013 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los Gobiernos autonómicos de Galicia, País Vasco y Asturias y PYMAR en representación de los astilleros privados españoles.
