- El Gobierno busca equilibrar definitivamente el sistema eléctrico, evitar nuevos desequilibrios y garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente.
- A pesar de las medidas ya emprendidas, el desequilibrio del sistema alcanzará los 4.500 millones de euros este año. Para corregirlo, se recortarán costes del sistema eléctrico por 2.700 millones de euros, se aportarán 900 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado y se subirán los peajes eléctricos en 900 millones de euros.
- Se simplifica y clarifica la factura de la luz y se introduce más competencia en la tarifa doméstica para favorecer la competencia de cara al ciudadano, manteniéndose asimismo el bono social.
El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas para poner fin definitivamente a los desequilibrios que persisten en el sistema eléctrico, que actualmente ascienden a unos 4.500 millones de euros anuales, establecer un marco normativo que garantice la estabilidad financiera del sistema eléctrico y mejorar el sistema de cara al consumidor, clarificando la factura y favoreciendo la competencia de cara al ciudadano.
El Gobierno ha puesto en marcha varias medidas desde 2012 para reducir la generación anual de déficit de tarifa -la diferencia entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos recogidos a través de la factura-, un grave desequilibrio del sistema que supera los 26.000 millones de euros y que, de no haber tomado ninguna medida desde 2012, ascendería este año a 10.500 millones de euros. Tras las medidas ya emprendidas, que han logrado reducir la generación anual de déficit de tarifa en 6.000 millones de euros, el déficit previsto para 2013 es de 4.500 millones de euros.
Para corregir este déficit restante, la tarifa del consumidor doméstico tendría que subir un 19 por 100. De no haber puesto en marcha ninguna medida, la factura del consumidor tendría que subir un 42 por 100.
La reforma aprobada hoy, a través de un Real Decreto Ley con medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sector eléctrico y de un Anteproyecto de Ley del sector eléctrico, contempla un reparto del esfuerzo para equilibrar el sistema entre empresas, consumidores y Estado. Así, de los 4.500 millones de desequilibrio, 2.700 millones serán asumidos por las compañías a través de modificaciones en sus retribuciones, 900 millones de euros serán asumidos por el Estado a través de los Presupuestos Generales y los 900 millones de euros restantes serán asumidos por los consumidores a través de una subida de peajes
Una vez corregido el desequilibrio, la reforma contempla cambios normativos para que el sistema sea más flexible para adaptarse a las circunstancias y evitar así nuevos desequilibrios en el futuro.
El tercer pilar de la reforma es garantizar el suministro al menor coste posible para el consumidor. Para ello, se simplifica y clarifica la factura eléctrica y se introducen cambios normativos para fomentar la competencia, reforzando los mecanismos de atención al cliente y manteniendo la protección para los consumidores vulnerables.
MARCO NORMATIVO PARA LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA
Se establece una regla de estabilidad financiera, mediante un sistema automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes. Se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos. Aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán ser asumidos por éstas.
REDUCCIÓN COSTES DEL SISTEMA POR 2.700 MILLONES ANUALES
Renovables, cogeneración y residuos
La reforma establece un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos. Estas instalaciones recibirán un complemento por sus costes de inversión basado en estándares por tecnologías garantizando una rentabilidad razonable basada en las Obligaciones del Tesoro a diez años más trescientos puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 7,5 por 100.
Redes de transporte y distribución
Se establece un régimen para las redes de transporte y la distribución que establece una retribución homogénea adecuada a una actividad de bajo riesgo, es decir, Obligaciones del Tesoro a diez años más doscientos puntos básicos que equivale a una rentabilidad del 6,5 por 100.
También se establece un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.
Otras actividades reguladas del sistema
La reforma introduce medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel de los sistemas extrapeninsulares e insulares. También se disminuye la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad las centrales de ciclo combinado, fundamentalmente y se establece un mecanismo de mercado para calcular la interrumpibilidad.
Además, se establece un sistema básico de incentivos para Canarias e Illes Balears, dónde la energía eólica y fotovoltaica es más barata que la generación convencional.
El Gobierno también habilita la posibilidad de cierre temporal de instalaciones (hibernación) bajo estrictos criterios de garantía de seguridad de suministro.
Más competencia y transparencia de cara al consumidor
El Gobierno busca con esta reforma garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente. Para ello, se simplifica la factura eléctrica y se introducen modificaciones en la tarifa para aumentar la competencia.
La Tarifa de Último Recurso, a la que se acogen la mayor parte de los consumidores domésticos, pasa a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. La reforma habilitará nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes, permitiendo además la competencia entre ellas, para ofrecer ofertas y descuentos. Asimismo, se agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora y se refuerzan los mecanismos de atención al cliente.
Los consumidores más vulnerables podrán continuar acogiéndose al descuento del bono social.
Por otra parte, la reforma también reforzará la lucha contra el fraude, se modificará la estructura de peajes reduciendo el coste sobre el consumidor medio y penalizando las segundas viviendas y las viviendas vacías.
