Madrid.-La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría, ha anunciado una serie de grandes reformas que van a afectar a la Administración General del Estado en los próximos meses, en sintonía con el contenido de la ponencia que  ha pronunciado esta mañana en San Lorenzo de El Escorial, en la inauguración del curso “Los retos de la sociedad española más allá de la crisis”.

Sainz de Santamaría ha empezado diciendo, que “nuestro mayor reto es salir de la crisis, pero para salir de ella, hay que tener claro hacia dónde queremos ir”,  afrontando las actuales dificultades y preparándose  para las que surjan en el futuro. Una intervención de alrededor de 40 minutos, en la que ha pasado revista a los indicadores económicos, resaltando el  logro del control del déficit público y su reducción en tres puntos, que se ha traducido en un ahorro de 40.000 millones de euros; así como la inversión en la tendencia creciente del paro,  que se ha interrumpido en el primer semestre de este año, por primera vez,desde 2008, con una reducción de 85.000 personas desempleadas. “Un dato muy pequeño aún, en el principal de nuestros problemas y de nuestras prioridades”, dijo.

La vicepresidenta ha anunciado una gran batería de medidas de reforma que van a afectar a la Administración General del Estado, ya que “hacer reformas, es la única respuesta posible, para  afrontar una crisis que se demora ya demasiado en el tiempo y es la única garantía para avanzar hacia la prosperidad  económica y el progreso social”. Sainz de Santamaría ha calificado esta batería de medidas, como “la más ambiciosa de la historia democrática que se ha emprendido en España, y en los países de nuestro entorno. “Se trata de corregir los desequilibrios que impiden a su juicio  la generación de empleo y  bienestar.  Ha resaltado la necesidad de mejorar nuestra integración en el  contexto de la economía europea, corrigiendo las  actuales asimetrías, mediante cinco ejes de actuación que pasan por la corrección del déficit público, la puesta en marcha de medidas estructurales encaminadas a mejorar la flexibilidad y la competitividad de la economía española. En  el ámbito europeo ha postulado  avanzar hacia el mercado interior, la unión bancaria, financiera y económica y, por último, solventar los problemas de financiación de las economías  de la zona.  Las reformas se  orientan en un amplio espectro,  que van  desde la mejora de la eficacia en el trato de los ciudadanos con la Administración, pasando por la simplificación y la eliminación de aquellas funciones redundantes y cometidos que puedan estar duplicados. En este sentido, ha anunciado la próxima fusión de 57 organismos públicos distintos y los planes de reubicación del personal, siguiendo criterios de movilidad y atendiendo a las necesidades de demanda en otros sectores públicos.

“Para nosotros las reformas no constituyen algo pasajero, sino una forma de gobernar por encima de las necesidades más inmediatas”, ha dicho. La generación de confianza ha permitido también afrontar de mejor manera los objetivos del déficit situándose la prima de riesgo en  la mitad de lo registrado hace un año, permitiendo una recuperación de la inversión directa que si en el conjunto mundial retrocedió en un 18% de media, en España, en cambio, aumentó en un 3%, y la inflación se ha reducido, situándose en torno al 1% al final del año - explicó la vicepresidenta. Una confianza que se ha hecho extensiva al  sistema  financiero.

Ha anunciado, asimismo, nuevas medidas de reforma fiscal y de control del gasto presupuestario con carácter estructural. La futura Ley de Transparencia va a servir  de piedra de toque para comprobar la eficacia de estas medidas. Las reformas nacionales deben ir en consonancia con las europeas y ha destacado cómo en el último Consejo Europeo se ha conseguido introducir en la agenda tres cuestiones prioritarias para España, entre ellas el desempleo juvenil y la financiación de las PYMEs. En este sentido, el ICO (Instituto de Crédito Oficial) ha abierto una nueva línea de financiación, ajustando la fiscalidad de las empresas al momento económico, a través de la Ley de Emprendedores que dispondrá de 2000 millones de euros.

Por otra parte, la reforma educativa pretende asegurar, la inserción de los más jóvenes en el mercado laboral. De forma inmediata se van a remitir al Congreso de los Diputados, la nueva Ley  General de las Telecomunicaciones y la de las Cámaras de Comercio.

Se han habilitado un total de 217 medidas de reforma que permitirán ahorrar más de 27.000 millones de euros  que podrán ser invertidos en el sector privado y que mejorarán- ha asegurado-, la relación de los ciudadanos con las distintas administraciones, “reduciendo colas y  agilizando trámites”.

Asimismo, ha anticipado la próxima reforma de las leyes de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo, así como la puesta en marcha de una Historia Clínica Digital que permitirá su acceso desde cualquier  punto del sistema y áreas sanitarias un Plan de eficacia tecnológica que ahorrará 51 millones de euros.