El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha apostado por una reforma procesal penal en la que se produzcan “pequeños cambios normativos” para consolidar la independencia de la Fiscalía General del Estado con respecto al Poder Ejecutivo. Grande-Marlaska ha hecho estas declaraciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con motivo de una mesa redonda sobre el papel del fiscal en la instrucción penal en la que han participado Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo, José Miguel de la Rosa, teniente fiscal, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y Alejandro Luzón, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada.

El presidente de la Sala de lo Penal, que también ha hecho referencia a la acusación popular, ha recordado que estos mecanismos han tenido un papel “importante y relevante”, y ha abogado por reconocer que la acusación principal en el proceso sea la acusación pública.

Alejandro Luzón

Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha aplaudido que en el borrador de la reforma del procesal penal no se permita a los partidos políticos ejercer como acusación popular, aunque ha reconocido el “papel histórico” en casos como el de Roldán. Por este motivo, se ha mostrado favorable a que se legisle sobre la acusación popular “para que se perfilen los límites de su ejercicio”. En su opinión, “todos los derechos constitucionales no son absolutos, y tienen que tener una regulación legal”.